El Ministerio Fiscal, al servicio de la derecha conservadora

El Fiscal, según el artículo 124 de la Constitución, está sometido, por encima de su estructura jerárquica, a los principios de “legalidad e imparcialidad”. Bajo ningún concepto, al poder político, lo que no impide su estructura jerárquica que culmina, de forma exclusiva y excluyente, en el/la Fiscal General del Estado. Por tanto, cualquier intromisión del poder político o de la clase política en el ejercicio de sus funciones perjudicaría o perturbaría su imparcialidad o sujeción al principio de legalidad. Y, la...

El Fiscal, según el artículo 124 de la Constitución, está sometido, por encima de su estructura jerárquica, a los principios de “legalidad e imparcialidad”. Bajo ningún concepto, al poder político, lo que no impide su estructura jerárquica que culmina, de forma exclusiva y excluyente, en el/la Fiscal General del Estado. Por tanto, cualquier intromisión del poder político o de la clase política en el ejercicio de sus funciones perjudicaría o perturbaría su imparcialidad o sujeción al principio de legalidad. Y, lamentablemente, constan incontables intromisiones políticas que han perturbado seriamente el rigor profesional y la lealtad democrática de los Fiscales.

Lo expuesto viene determinado por el reciente encuentro de representantes de la Asociación de Fiscales, de signo conservador, con el líder del Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo, sobre el que ha informado EL PAÍS. Precisamente, en una compleja y controvertida fase preelectoral. Según parece, ya habían tenido otros encuentros con dirigentes políticos de distinto signo. Pero la que ahora han celebrado presenta signos preocupantes, expresados por Fiscales, de la máxima relevancia profesional, como Consuelo Madrigal, Fiscal General durante el Gobierno del PP, y Antonio Narváez, quien fuera magistrado del Tribunal Constitucional por impulso del PP. Ambos no han omitido opiniones abiertamente políticas, profundamente conservadoras y hondamente críticas con el actual Gobierno de Coalición, asumiendo posiciones radicalmente incompatibles con su condición profesional. Madrigal se atrevió a afirmar: “Hay una perversión del procedimiento legislativo”. Añadiendo que dicha “perversión” la han extendido al Ministerio Fiscal. Y Narváez: “El Gobierno ha deteriorado las instituciones”, expresando sus profundas raíces conservadoras cuando, refiriéndose al Gobierno, se permitió preguntarse qué hará Feijóo cuando llegue al Gobierno “con el deterioro institucional”. Reiterando, además, su alianza con los llamados “filoetarras”. Y aplaudiendo las falsas palabras de Feijóo sobre que el Gobierno “ha ocupado el CNI,la Fiscalía General, el CIS…”.

Lo expuesto es gravísimo para la institución, en cuanto los asistentes y los ya citados violaron gravemente el Código Ético del Ministerio Fiscal aprobado en 2020. En una de sus normas, de obligado cumplimiento, se dispone lo siguiente: “Las y los Fiscales se comprometen a mantener la lealtad constitucional, fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad y/o que vaya en demérito de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la administración de justicia”. Precepto abiertamente infringido por las asistentes a dicho encuentro y, especialmente, por los fiscales expresamente citados.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción