Juicio por la muerte de un soldado: “No llores. A la Legión has venido a morir. Si no, a trabajar a Mercadona”

“Esto ha sido un rebote [de una bala]. Lo he visto mil veces. Estas cosas pasan, han pasado y pasarán”. Se lo dijo el capitán Antonio Cabello, jefe de la 6ª Compañía de la VII Bandera del Tercio don Juan de Austria de la Legión, al agente del equipo de homicidios de la Guardia Civil de Alicante. “Lo habrá visto mil veces. Pero esta es la 1.001 y lo vamos a investigar”, le respondió el cabo primero, con 35 años de experiencia en la Policía Judicial, según ha declarado en ...

“Esto ha sido un rebote [de una bala]. Lo he visto mil veces. Estas cosas pasan, han pasado y pasarán”. Se lo dijo el capitán Antonio Cabello, jefe de la 6ª Compañía de la VII Bandera del Tercio don Juan de Austria de la Legión, al agente del equipo de homicidios de la Guardia Civil de Alicante. “Lo habrá visto mil veces. Pero esta es la 1.001 y lo vamos a investigar”, le respondió el cabo primero, con 35 años de experiencia en la Policía Judicial, según ha declarado en el juicio seguido ante el Tribunal Militar Territorial de Sevilla.

Durante 13 sesiones, entre febrero y marzo, dos capitanes, un teniente, un sargento, un cabo y tres soldados se han sentado en el banquillo para responder por la muerte del legionario Alejandro Jiménez Cruz, el 25 de marzo de 2019, y otros delitos conexos como encubrimiento, abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y deslealtad. Lo han hecho en una Sala de Justicia en la que las únicas mujeres eran la presidenta del tribunal —una coronel— y la fiscal —una teniente coronel—. Esta última exculpó en sus conclusiones definitivas al hoy capitán Ricardo Gascón (entonces teniente), pero mantuvo su acusación contra el capitán Antonio Cabello, el sargento Saúl Guil y el teniente Pablo Fernández Sosa.

Aquel día, hace cuatro años, el capitán Cabello tenía prisa porque, según le dijo al agente de homicidios de la Guardia Civil, estaba ya programado el funeral al que iba a asistir la ministra de Defensa y a continuación se incineraría el cuerpo del legionario, de 21 años. Pero el agente lo frenó en seco: “El cadáver no se incinerará hasta que los forenses hayan terminado su trabajo”.

De creer la versión oficial, no había nada que investigar. El mismo día de su muerte, los mandos comunicaron a la familia de Alejandro Jiménez Cruz que una bala rebotada le había entrado por la axila durante unas maniobras con fuego real en el campo de tiro de Agost (Alicante). La realidad era, sin embargo, que el proyectil no había penetrado por la axila, sino por el pecho (llevaba chaleco antifragmentos, no antibalas), y que no fue un rebote, sino un tiro directo, aunque impactara primero en el culatín de su fusil HK36, según determinaron la autopsia y el informe balístico.

Inmediatamente después del incidente, el capitán Cabello, que no estaba presente durante el ejercicio militar pese a ser su máximo responsable, instruyó a los dos tenientes que participaron en el mismo para que declarasen que él se encontraba en el puesto de municionamiento. Según alegó en el juicio, esa mentira fue la fórmula que se le ocurrió “para apoyarlos”. Luego, reunió a los miembros de los dos pelotones implicados y, tras comunicarles el fallecimiento de su compañero y corear con ellos el Espíritu de la muerte de la Legión (”Morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde”), les dijo: “A mí me va a caer un puro muy grande, ya sé que me mandarán a alguna oficina, [pero] vosotros no sois culpables. Ha sido un rebote y no voy a permitir que nadie os destroce la vida”. Y añadió, según varios testigos: “Decid la verdad, pero no digáis a la Guardia Civil que consolidasteis arriba del merlón. Decid que estabais cuatro o cinco metros más abajo”.

Sin que se haya determinado quién lo ordenó, los militares recogieron vainas del campo de tiro y depositaron en cajas la munición sobrante, lo que impediría saber cuántos disparos había hecho cada uno. A primera hora de la mañana, antes de que llegara la Policía Judicial, el capitán ordenó a sus hombres que traspasaran el precinto (con el indicativo “no pasar”) que había puesto la Guardia Civil en el campo de tiro y ocuparan las posiciones que él les había indicado, más atrasadas que las reales. Cuando llegaron los investigadores, asistieron a una reconstrucción ficticia, que no les cuadraba y les generó sospechas. “Estos picoletos son unos zoquetes, no saben captar las ideas a la primera”, farfulló el sargento Saúl Guil, jefe del pelotón del que formaba parte el fallecido, según varios presentes.

El 1 de abril, el capitán elevó un informe al jefe de la bandera, el teniente coronel Juan Alberto Ríos, que omitía aspectos fundamentales de lo sucedido. Entre otros, que el teniente que debía supervisar el asalto se sumó al mismo y abrió fuego. Y que, una vez concluido el ejercicio, el sargento Guil, para gastar munición, improvisó un nuevo objetivo y, de pie sobre el merlón, gritó: “¡Enemigo al frente, al faldón de la montaña, a las 12!”, disparando en abanico por encima de los soldados que estaban cuerpo a tierra.

La Policía Judicial no se llevó en un primer momento los fusiles del teniente y el sargento porque ellos aseguraron que no habían abierto fuego, pero sí recogió siete casquillos que, según determinó el Departamento de Balística de la Guardia Civil, habían sido disparados con el HK36 de Guil. Tras analizar los fragmentos alojados en el cuerpo de Jiménez Cruz, los tres peritos concluyeron que el proyectil había salido del fusil del sargento. “Tenemos certeza absoluta de que ha sido esa arma”, afirmó en el juicio el portavoz de los peritos.

Pese al demoledor informe balístico, los acusados insisten en que el disparo mortal procedió del otro sector del campo de tiro. Se apoyan en el testimonio del forense de Alicante, quien sostuvo en el juicio que, tras resultar alcanzado, Jiménez Cruz debió desplomarse en menos de dos minutos, ante la magnitud de las lesiones sufridas; mientras que, tras cesar el fuego, los legionarios aún tuvieron tiempo de hacer revista de armas. El inconveniente de esta hipótesis es que evidencia la grave negligencia que cometieron los mandos ―el capitán y los tenientes― al permitir que dos pelotones disparasen simultáneamente con fuego real en campos de tiro paralelos, al alcance uno del otro.

Cuando escuchó a su compañero gritar: “¡Me han dado!”, y lo vio caer fulminado al suelo, el soldado Francisco Jordi se echó a llorar. “Aquí has venido a morir y, si no quieres, te vas a trabajar a Mercadona”, le espetó el sargento Guil en esos momentos dramáticos, según declaró Jordi en el juicio. Los abogados defensores intentaron cuestionar la estabilidad mental del principal testigo de cargo, recordando que estuvo de baja psicológica. “He pasado momentos muy malos”, reconoció él. “Alejandro era mi amigo. Al tener apellidos correlativos [Jiménez y Jordi], estábamos siempre juntos. Compartíamos camareta, pelotón, guardias y maniobras. Es como si fuera mi hermano”.

Tras el funeral, en la base de la Brigada de la Legión en Viator (Almería), el capitán Cabello convocó de nuevo a los legionarios. Durante la reunión, Jordi recibió una llamada de la Guardia Civil y empezó a gesticular mientras exhibía el móvil y preguntaba qué hacer. Uno de sus compañeros se lo arrebató y lo tiró al suelo. “Ahora mismo eso no es importante, estás delante de un capitán”, le dijo. A continuación, fue el propio Cabello quien recibió una llamada y, mostrando su terminal a los soldados, se burló: “¡Uy! Me está llamado el teniente de la Guardia Civil. ¡Qué miedo! ¿Qué hago, Jordi, lo cojo o no?” Y arrojó su teléfono varios metros, según testigos, aunque él asegura que se limitó a depositarlo en el suelo.

Pese a que no estaba citado, el sargento Guil se ofreció voluntario para acompañar a los legionarios que iban a declarar. Durante el viaje de Almería a Alicante, los aleccionó sobre lo que debían decir: respuestas lacónicas, para no incurrir en contradicciones, y, sobre todo, ceñirse a las órdenes del capitán. Jordi grabó la conversación con su móvil. Cuando entró a declarar, colocó su teléfono sobre la mesa del agente de la Guardia Civil. “Esto es lo que está pasando. Están ocultando algo y aquí está la prueba”, le dijo. Y le puso la grabación.

El siguiente legionario en declarar confesó al salir que había tenido que cambiar su versión —la que los mandos le habían ordenado dar— sobre la marcha, porque la Guardia Civil ya sabía lo que había sucedido. Todos sospecharon de Jordi. “Vas a meter en un lío al capitán, le vas a arruinar la vida. ¿También vas a chivarte de que soy un facha?”, le gritó el sargento, según recogió la fiscal en su informe.

A partir de entonces, Jordi se convirtió en un apestado. Al contrario que sus compañeros, no tuvo permiso el 1 de abril, tras las jornadas de tensión vividas. Al día siguiente, varios soldados le imprecaron con insultos como “menudo mierda eres”, “cómo va a servir a España un maricón como tú”, “traidor” o “vete de la compañía”, mientras el sargento le gritaba desde el pasillo: “¡Picoleto de mierda!”. Así lo recoge la grabación que aportó el legionario, que a esas alturas había decidido grabarlo todo como medida de autoprotección. “Lo que has hecho es como saltarse un semáforo en rojo”, le advirtió un cabo.

Ese día estaba programado otro ejercicio de tiro y Jordi tenía miedo de lo que pudiera pasarle, por lo que alegó que no se encontraba bien. El teniente le dijo que fuera al botiquín a pedir la baja y, antes de marcharse, se despidió del jefe de la bandera, a quien detalló el hostigamiento del que estaba siendo víctima. El teniente coronel Ríos ha reconocido que le dijo que algo así no podía denunciarlo verbalmente, que tenía que presentar un parte por escrito, pero él alegó que ese día iba a declarar en el juzgado militar.

El 24 de abril, en la primera reconstrucción judicial, el sargento se encaró con Jordi cuando este cuestionó la posición en la que pretendía que se colocase. “¡Te vas a enterar!”, le gritó Guil. “Te he dicho que te calles la puta boca, subnormal”, añadió delante de la comisión judicial, mientras el capitán hacía chanza: “Déjalo, que quiere ser la novia en todas las bodas”. El juez echó a Cabello, que no pintaba nada allí, ya que no estuvo presente cuando Jiménez Cruz fue alcanzado.

El 2 de abril, el mismo día que se dio de baja médica, Jordi fue eliminado del grupo de Whatsapp por el que se comunicaban las órdenes de la compañía de la que seguía formando parte. El 23, cuando volvió a su camareta para recoger sus pertenencias personales, descubrió que su taquilla había sido forzada.

El capitán Cabello aprovechó el supuesto hallazgo en su interior de dos balas de munición real para acusar al legionario de un delito militar. Para asegurarse de que la denuncia no se perdía, no solo elevó parte a través de la cadena de mando, sino que su abogado lo denunció en el juzgado. El jefe de la bandera intentó disuadir a Cabello de una denuncia sin precedentes, pero este siguió adelante. La causa acabó archivada por el juez con un duro auto en el que acusó al capitán de “distorsionar” los hechos relatados por un sargento, quien aseguró que Cabello “utilizó el incidente” para vengarse de Jordi.

Pero los problemas del soldado no acabaron ahí. Se le abrió de oficio un expediente de pérdida de condiciones psicofísicas para expulsarlo del Ejército, que superó tras ser declarado apto sin limitaciones por el tribunal médico. A continuación, se le incoó un procedimiento de no renovación de su contrato con las Fuerzas Armadas, alegando que su nivel de “disciplina está muy por debajo del mínimo exigible para la carrera de armas”. Según su letrado, nunca ha sido sancionado y la única orden que desobedeció fue el mandato ilegal del capitán para que mintiera sobre las circunstancias en las que murió su amigo. Una vez desmontada la mentira, la verdad, al menos la judicial, se conocerá en los próximos días, cuando el tribunal militar dicte sentencia.