Tito Berni: 2.120 euros en cuenta y 95.230 en deudas bancarias

Las relativamente modestas dimensiones de las comisiones y extorsiones reflejadas en el sumario del caso Mediador tienen su reflejo en la declaración de bienes del principal encausado por la trama, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, en libertad provisional acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, ...

Las relativamente modestas dimensiones de las comisiones y extorsiones reflejadas en el sumario del caso Mediador tienen su reflejo en la declaración de bienes del principal encausado por la trama, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, en libertad provisional acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, pertenencia a grupo organizado y blanqueo de capitales. Su declaración de bienes previa arroja una cuenta bancaria con 2.120 euros, 95.230 en deudas bancarias, tres propiedades inmobiliarias y unos ingresos oficiales que pueden llegar a los 8.000 euros.

La investigación del caso Mediador sostiene que el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo usaba su condición de director general de ganadería primero y de parlamentario en el Congreso de los Diputados de Madrid a partir de febrero de 2020 para prometer a empresarios la posibilidad de evitar inspecciones sanitarias, agilizar y desbloquear expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecución de contratos. Todo, “a cambio de una contraprestación”, según expone la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, encargada del caso. Estas actividades le sitúan presuntamente en el centro de una trama descubierta por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que condujo el 14 de febrero a la detención de 12 personas, entre ellas el propio Fuentes Curbelo; su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez; el general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, y nueve empresarios de Canarias, Valencia y Madrid. Las retribuciones percibidas por estas actividades iban desde invitaciones en restaurantes y fiestas con mujeres prostituidas en un club de Madrid pagadas por los empresarios que acudían a la red corrupta hasta, sobre todo, entregas de dinero, tanto en efectivo como a través de su cuenta particular en Open Bank, la de su asesoría o la de la Asociación Deportiva Tetir, que dirigía.

Su carrera profesional se ha dividido entre la actividad ganadera y la política. Esta última se ha desarrollado en el seno del PSOE. No en vano, Juan Bernardo Fuentes forma parte de una de las principales familias socialistas de la árida isla de Fuerteventura —el hermano de Fuentes Curbelo es Domingo Fuentes, que fue vicepresidente del Cabildo, diputado regional y senador y que en la actualidad es el representante en la isla de la Delegación del Gobierno en Canarias—.

Durante la investigación, la Policía Nacional solicitó autorización judicial para acceder “sin restricciones” al despacho del Congreso que ocupó Fuentes Curbelo, una dependencia que ya tiene otro inquilino tras la expulsión del que fue diputado socialista hasta que estalló el caso. La Fiscalía, tras subrayar que la Constitución deja sentado que “las Cortes Generales son inviolables”, propuso dirigir una petición a la Secretaría General del Congreso a fin de que esta autorizase la entrada en la sede del Poder Legislativo de una comisión policial, acompañada de agentes de la comisaría que tiene sede en el edificio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid. El objetivo de esa entrada sería, en caso de ser autorizada, “la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado Juan Bernardo Fuentes Curbelo”. La Fiscalía proponía que los registros de esos efectos informáticos se realizase ya fuera del Congreso. No hay precedentes de una entrada y registro de un despacho de la Cámara.

A comienzos de la presente legislatura fue nombrado director general de Ganadería, cargo que ejerció entre agosto de 2019 y febrero de 2020 y por el que percibió unos honorarios de 3.467 euros al mes. La designación de la diputada Elena Máñez como consejera de Economía, Conocimiento y Empleo le llevó al Congreso de los Diputados en febrero. En este cargo, su retribución base pasó a ser de 3.127 euros netos mensuales. A esta cifra hay que sumarle otros 2.326 euros mensuales por sus cargos de portavoz adjunto de la Comisión de Hacienda y Función Pública, portavoz adjunto de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo y secretario primero de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, lo que suma un total de 5.453 euros al mes. Además, cuenta con una asignación de 2.009 euros mensuales por haber sido elegido por una circunscripción distinta a la de Madrid, dinero este último que está exento de tributación.

Actividad empresarial

Antes de percibir estos emolumentos, contó hasta 2019 con los ingresos que le proporcionaba su actividad empresarial, según consta en su Declaración de Bienes y Rentas como diputado; era el propietario y administrador de la Asesoría Tetir (uno de los presuntos vehículos usados para canalizar los flujos de la trama). Su actividad ganadera ase centraba en dos sociedades: la mitad del capital de Ganadería Tetir S. L. y otro 30% de Quesos de Tetir S. L. Estas dos empresas son las que gestionan la finca rústica de la que es propietario junto con su mujer, en la que en 2019 contaban con 400 cabezas de ganado caprino. Fuentes Curbelo, además, poseía el 50% de Promociones Verol S. L. (una sociedad dedicada a las instalaciones eléctricas en general y al asesoramiento técnico-sanitario de la industria agroalimentaria), además de otras dos participaciones minoritarias en otras sociedades. Todos estos paquetes accionariales están valorados en 84.020 euros. En 2019, la Ganadería Tetir ingresó 32,541 euros y la quesería facturó 7.320 euros. Ligeramente más voluminoso era el negocio de la Asesoría Tetir, sociedad que registró unas ventas de 93.206 euros en 2019.

Sus activos se completan con el 50% de una vivienda familiar enclavada dentro de la mencionada finca rústica en Puerto del Rosario (capital de Fuerteventura) adquirida en 1986 (la otra mitad es propiedad de su esposa, con quien tiene un régimen ganancial), y el 100% de un local también en la capital de Fuerteventura, adquirido en el año 2012. Es en la finca que posee en Puerto del Rosario en la que, supuestamente, uno de los empresarios implicados en la trama, Antonio Bautista, habría instalado “de manera gratuita” placas fotovoltaicas como supuesto pago por su actividad, según recoge el auto de excarcelación emitido por la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres el 22 de febrero, que cita informes policiales preliminares sobre el análisis de su teléfono móvil y la documentación encontrada en su domicilio. Su declaración de bienes se completa con la propiedad de dos turismos 4x4 de la marca Toyota —un Land Cruiser y un Hi Lux—, ambos adquiridos en 2004.

En su pasivo, el exdiputado ha de hacer frente aun a cuantiosas deudas bancarias. Según la declaración de bienes elaborada cuando llegó al Congreso en febrero de 2020, le quedaban por devolver a Cajamar 75.453 euros de un préstamo hipotecario de 250.000 euros contraído en 2014. Además, debía 19.777 euros concedidos también por Cajamar en 2014, 2016 y 2018. Su cuenta corriente en la misma entidad apenas presentaba 2.120 euros en ese momento.