El Congreso aparca la investigación sobre la Operación Cataluña pero debate otra del ‘caso Mediador’

El Congreso de los Diputados no demuestra ningún interés por poner en marcha la comisión de investigación aprobada hace ocho meses sobre las nuevas revelaciones de la Operación Cataluña promovida desde la cúpula del Ministerio del Interior durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, este martes ocupó gran parte de la jornada en debatir sobre la creación de otra comisión de investigación para indagar sobre la sórdida trama de corrupción del caso Mediador, que afecta a un exdiputado del PSOE de Canarias, que renunció a su acta y fue suspendido de militancia solo unas horas...

El Congreso de los Diputados no demuestra ningún interés por poner en marcha la comisión de investigación aprobada hace ocho meses sobre las nuevas revelaciones de la Operación Cataluña promovida desde la cúpula del Ministerio del Interior durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, este martes ocupó gran parte de la jornada en debatir sobre la creación de otra comisión de investigación para indagar sobre la sórdida trama de corrupción del caso Mediador, que afecta a un exdiputado del PSOE de Canarias, que renunció a su acta y fue suspendido de militancia solo unas horas después de conocerse la causa. Varios socios del Gobierno, como Unidas Podemos, ERC o PDeCAT, se lamentaron de que no se pusiera el acento en conocer más aspectos del origen de los cientos de mensajes enviados entre los máximos responsables de Interior en el caso Kitchen para atacar a partidos y dirigentes independentistas o de Podemos, pero avanzaron que apoyarían otra comisión de investigación sobre los “gravísimos” detalles del escándalo que implica por ahora al socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

EL PAÍS publicó este martes algunos de los cientos de mensajes telefónicos a través de WhatsApp que se intercambiaron entre 2015 y 2019 el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y el máximo jefe policial, Eugenio Pino, que revelan la estrategia seguida entonces para investigar, la mayoría de las veces sin respaldo judicial, a Podemos y al independentismo catalán, y atacarlos en algunas ocasiones filtrando informaciones falsas. El juez instructor del caso Kitchen, Manuel García Castellón, ha incorporado esos mensajes al sumario.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, fue el primer dirigente político que compareció este martes para destacar la gravedad de esos WhatsApp revelados por EL PAÍS porque demostraban la existencia de “las cloacas del Estado” en el Gobierno de Rajoy y del PP, pero sobre todo para destacar que entonces algunos periodistas y medios tuvieron un comportamiento nada ético al publicar determinadas filtraciones. Echenique, sin embargo, ocupó mucho más tiempo en conceder la “gravedad” de las informaciones conocidas estos días sobre el caso Mediador, que implica a un exdiputado canario del PSOE, varios empresarios y un general de la Guardia Civil jubilado. El portavoz de Unidas Podemos usó ese caso para recordar que su formación llegó precisamente para acabar “con la normalización de la corrupción por parte del bipartidismo” y reclamó apoyo a su partido para luchar “con más fuerza electoral para acabar definitivamente con estas prácticas que alejan al votante progresista de la política”.

Antes de esa ronda de portavoces, una diputada del PP, Belén Hoyo, compareció para adelantar la estrategia del PP de esparcir lo máximo posible el caso Mediador, que ellos denominan ya “caso Tito Berni” o incluso “Tito Sánchez”, conectando el apodo del diputado con el presidente del Gobierno. El PP pide comparecencias y explicaciones del presidente, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y de varios ministros. No descarta incluso, como reconoció más tarde su portavoz, Cuca Gamarra, aceptar una comisión de investigación que nadie ha pedido aún, pero sobre la que se pronunciaron todos los partidos.

El propio Echenique, socio del PSOE en el Ejecutivo, tampoco descartó respaldar esa nueva comisión de investigación porque los “comportamientos vergonzosos e irregulares” que se achacan al exdiputado socialista son “gravísimos” y los equiparó “al peor PP del continente” en materia de corrupción, en alusión a “la Gürtel, la alcaldesa de Marbella o de Tomás Díaz Ayuso”, el hermano de la presidenta madrileña que dio un pelotazo con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid en lo peor de la pandemia.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, aprovechó el caso Mediador para cuestionar en general gobernar mucho tiempo seguido como “algo insano” que suele conducir a “malas praxis” de comportamientos, y lo conectó con los problemas que dice tener por parte de los responsables del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet para cederle espacios en los que dar mítines en la campaña de las municipales, donde se presenta como candidato. Rufián lamentó que la comisión acordada el pasado 28 de junio sobre las nuevas revelaciones del caso Kitchen y la Operación Cataluña, presentada por ERC, JuntsxCAT, PDeCAT, la CUP y BNG, y apoyada por PSOE y UP, no se haya siquiera conformado. El dirigente republicano concedió que ahora solo le queda “recordar” de vez en cuando que aquella comisión se aceptó, “el derecho al pataleo” y que los medios de comunicación, en este caso EL PAÍS, aporten nuevas pruebas. Una queja muy similar la formuló en la misma sala, poco después, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, publicó un tuit con la información sobre los WhatsApp reflejados en EL PAÍS y añadió: “No he sido ni el primero ni el último ni el más grave. Lo verdaderamente importante en términos democráticos es si tenemos garantías de que se han hecho los cambios necesarios para que no se repita. Ningún compartimento del Estado por encima de la democracia”.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, interrogado por lo ocurrido con la comisión de investigación olvidada sobre Kitchen respondió que para tomar algún impulso antes debe producirse “un acuerdo entre los grupos” que la impulsaron. Fuentes de la dirección del grupo socialista explicaron más tarde que el asunto está totalmente relegado porque entre los promotores no hay ningún acuerdo sobre quién debe presidir esa comisión, cómo debe formarse ni cuál debería ser su plan de trabajo.