El presidente del Consejo de Transparencia: “Hay que sancionar a las administraciones que no cumplan”

José Luis Rodríguez Álvarez, máximo responsable del organismo que vela por la transparencia en España, tiene un problema: no puede obligar a las administraciones públicas a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia, que preside. Es así desde que entró en vigor, en 2014, la ley que regula el derecho de acceso a la información pública, con la que cualquier ciudadano puede pedir datos e información a las entidades nacionales, regionales o locales.

Pongamos un caso real: en 2015, el Ministerio de Defensa se negó a facilitar la identidad de los pasajeros de los vuelos oficial...

José Luis Rodríguez Álvarez, máximo responsable del organismo que vela por la transparencia en España, tiene un problema: no puede obligar a las administraciones públicas a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia, que preside. Es así desde que entró en vigor, en 2014, la ley que regula el derecho de acceso a la información pública, con la que cualquier ciudadano puede pedir datos e información a las entidades nacionales, regionales o locales.

Pongamos un caso real: en 2015, el Ministerio de Defensa se negó a facilitar la identidad de los pasajeros de los vuelos oficiales del departamento, un dato que había sido solicitado por la plataforma Civio. El Consejo de Transparencia dijo que esa opacidad no venía al caso y que había que hacer pública la información. Defensa desoyó esa resolución e hicieron falta cinco años en los tribunales para conocer esos nombres.

La reforma de la Ley de Transparencia está ahora en marcha —hay un primer borrador elaborado por un grupo de trabajo, que tendrá que pasar aún por el Consejo de Ministros y luego por las Cortes— y una de las novedades que planteará será dotar al Consejo de instrumentos, todavía por concretar, para forzar a las administraciones a hacer pública la información. Sería un paso adelante para eliminar algunas de las que Rodríguez Álvarez llama “patologías” del sistema de acceso a la información en España. Él, que lleva dos años en el cargo (el mandato es de cinco) y apenas ha hablado con los medios, cree necesario evitar que a un ministerio le salga casi gratis no cumplir con las resoluciones del Consejo, aunque evita dogmatismos.

Pregunta. El Consejo lleva existiendo ocho años, ¿cree que fuera de este despacho la gente sabe lo que hace?

Respuesta. Yo creo que cada vez más. Tenemos que producir cada vez más resoluciones y se nos pide más que intervengamos. Estamos en una fase de consolidación, de conocimiento, de ejercicio de concienciación por parte de la ciudadanía y también nuestro. Esto es una cadena: la ciudadanía tiene que saber sus derechos, dónde los puede ejercer, y nosotros tenemos que estar listos para atenderlos.

P. ¿Ese derecho de acceso a la información pública, pilar de la Ley de Transparencia, debería ser un derecho fundamental?

R. Materialmente ya lo es, aunque no formalmente. Es un derecho conectado con dos que sí están recogidos en la Constitución como fundamentales: la libertad de expresión y de información y el derecho a participar directa o indirectamente en los asuntos públicos. Creo que es una cuestión de tiempo: va a acabar siendo un derecho fundamental. Es lo que pasó con la protección de datos personales.

Para que sea eficaz, el derecho de acceso a la información tiene que cumplirse en un plazo breve. Los tiempos son esenciales

P. ¿Cree que hay un problema con los tiempos? La ley prevé que la Administración tenga un mes para contestar, pero la información tarda mucho más en llegar al ciudadano. ¿No hay una forma de agilizar eso?

R. Sin duda. Para que sea eficaz, el derecho de acceso a la información tiene que cumplirse en un plazo breve. Si se retrasa, esa información a menudo ya no tiene valor. Los tiempos son esenciales. La ley establece un plazo de un mes, algo que genera dificultades y se incumple con excesiva frecuencia.

P. ¿Y qué pasa cuando no se atiende ese plazo?

R. Se abre un procedimiento de garantías, gracias al cual un ciudadano puede acudir de forma gratuita a este Consejo para obtener una resolución. El sistema está bien diseñado, probablemente le faltan piezas para que sea efectivo. Y tiene patologías, claro.

P. ¿Qué patologías?

R. Una de las principales fallas es que no existe un remedio jurídico eficaz para garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones del Consejo de Transparencia y de los consejos autonómicos.

P. ¿Debería haberlo?

R. En teoría no debería ser necesario: estamos hablando de órganos administrativos obligados a actuar con pleno sometimiento a la ley. Incumplir nuestras resoluciones no es actuar con pleno sometimiento.

P. Es decir: no contestar, o hacerlo tarde, sale gratis.

R. Gratis nunca sale, aunque sea solo por un coste reputacional (nosotros publicamos los incumplimientos). Pero en la Administración del Estado sí hay un porcentaje de entre el 10% y el 15% de resoluciones que no se cumplen (y muchas se cumplen fuera de plazo). Y esto es inaceptable, no hay justificación. Por eso hay que corregir esa realidad y reconocer como infracción cuando no cumplen: tiene que haber una o varias sanciones, es imprescindible establecer unos instrumentos que garanticen el cumplimiento efectivo de las resoluciones del Consejo.

P. ¿Qué tipo de fórmulas propone? ¿Multas económicas, por ejemplo? ¿Se está teniendo en cuenta en la reforma de la ley?

R. Se están teniendo en cuenta, sí. Pero no hay que fiar todo al procedimiento sancionador, porque es muy largo y el derecho de acceso requiere celeridad. Hay que explorar otras vías, como las multas coercitivas: son multas con una determinada cuantía, que se imponen cada cierto tiempo hasta que se cumple la resolución. Son un instrumento de ejecución forzosa, por lo que no tienen la complejidad de las sanciones. Y, antes que llegar a eso, hay que tener en cuenta otras opciones: por ejemplo, que el mismo Consejo pueda acudir a los tribunales o que el ciudadano que pide información y tiene que pelearla en los tribunales tenga un procedimiento breve y gratuito.

P. Actualmente, ¿cuál es la relación del Consejo con el resto de ministerios y administraciones? ¿Lo ven como una policía de la transparencia?

R. Bueno, es un poco inevitable. Los órganos de control nunca son bien vistos por los controlados. No es algo que se reciba con entusiasmo, digamos, pero eso es normal, es parte de los equilibrios que tiene que haber en un Estado de derecho: ningún responsable público tiene que ejercer sin estar sometido a organismos de control.

R. ¿Reciben presiones?

R. En los dos años que llevo en el cargo, nunca he recibido llamadas o comentarios sobre nuestras actuaciones. Y así debe ser.