El Gobierno intenta encapsular la crisis del ‘solo sí es sí’ para preservar la coalición

La primera coalición de Gobierno desde la II República ha sido dada por muerta muchas veces desde que nació, hace más de tres años, pero sus principales protagonistas se encargan de mantenerla viva y tienen intenciones de hacerlo hasta el final de la legislatura. El Gobierno se esfuerza desde el lunes, en múltiples conversaciones privadas discretas a todos los niveles, en encapsular la crisis del solo sí es sí para que no se extienda al resto de las negociaciones en marcha y sobre todo no derive en un colapso sistémico de la coalición. Nadie niega que la crisis es de fondo: el sector so...

La primera coalición de Gobierno desde la II República ha sido dada por muerta muchas veces desde que nació, hace más de tres años, pero sus principales protagonistas se encargan de mantenerla viva y tienen intenciones de hacerlo hasta el final de la legislatura. El Gobierno se esfuerza desde el lunes, en múltiples conversaciones privadas discretas a todos los niveles, en encapsular la crisis del solo sí es sí para que no se extienda al resto de las negociaciones en marcha y sobre todo no derive en un colapso sistémico de la coalición. Nadie niega que la crisis es de fondo: el sector socialista ha optado por presentar una reforma sobre un asunto central con la opinión contraria de la ministra responsable, Irene Montero, de Unidas Podemos. Los socialistas registraron en solitario su proposición de ley para reformar la norma y subir las penas y con ello hicieron oficial la crisis, pero por detrás hay mucho trabajo político para que no se expanda.

El PSOE y Unidas Podemos vienen de dos conflictos importantes en dos leyes recientes. El primero, el de la ley trans, se resolvió con una victoria de Unidas Podemos: los socialistas perdieron en diciembre, en la comisión de Igualdad, la batalla que plantearon sobre la necesidad de un aval judicial para cambiar el nombre y el sexo en el DNI para los menores de entre 14 y 16 años. El partido mayoritario del Ejecutivo asumió las tesis de Unidas Podemos sobre la autodeterminación de género y renunció a presentar nuevas enmiendas a esa ley.

El otro desencuentro, aún no cerrado, es por la ley del bienestar animal. Todo indica que Unidas Podemos tendrá que aceptar el jueves, cuando la norma se vote en el Congreso, la enmienda del PSOE que excluye de esta normativa a los perros de caza y a otros animales que desempeñan labores específicas (pastoreo, tareas de rescate o de seguridad con las Fuerzas Armadas) si quiere que la ley salga adelante. A diferencia de lo que les ocurrió con la ley trans, los socialistas se impusieron a sus socios de Gobierno en la comisión de Derechos Sociales y lograron aprobar la enmienda con el apoyo del PP, Vox y el PNV, entre otros, para dejar fuera a estos canes como reclaman sectores rurales muy importantes en comunidades clave como Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Aragón.

En la ley del solo sí es sí, que sería la tercera problemática, la cuestión es más compleja, porque se trata de una norma troncal que se está reformando solo cuatro meses después de que entrase en vigor y tras casi 400 revisiones de condenas a la baja a agresores sexuales y una treintena de excarcelaciones que han generado una gran alarma social. El PSOE ha negociado durante dos meses con Irene Montero y su equipo: aunque llegaron al acuerdo de subir las penas, no hubo forma de cerrar la manera técnica de hacerlo. Ahí se bloquearon las conversaciones, hasta que los socialistas han decidido ir en solitario. Sin embargo, las negociaciones van a seguir y en los dos sectores aún se albergan esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo en la tramitación parlamentaria, a través de las enmiendas. Si no fuera así, y si el grupo de Unidas Podemos se mantuviera firme y unido en el no a la reforma tal y como está concebida, el PSOE necesitaría los votos del PP, un escenario que sería una gran baza para Alberto Núñez Feijóo. Por eso aún queda por delante un mes de mucha gestión política para intentar evitarlo y sacar la reforma con un acuerdo de la mayoría parlamentaria que respalda al Gobierno.

Pero aunque no fuera así, todos los interlocutores consultados están convencidos de que la coalición no se romperá, pero es evidente que esta batalla pública supone un desgaste que es probable que se refleje en las próximas encuestas. Ministros relevantes del sector socialista argumentan que la peor opción de todas era no hacer nada mientras crece la preocupación social por esas casi 400 rebajas de condenas con las que nadie contaba. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó el domingo a su equipo que presentaran el lunes en solitario la proposición de ley, pero también ha pedido que se agoten los intentos por reconstruir el acuerdo dentro de la coalición con el que se llevó adelante la norma, que el PSOE sigue reivindicando como un gran avance.

Los socialistas ya se curan en salud y sostienen que solo negociarán sobre los “ajustes técnicos” a la norma con Unidas Podemos y sus socios del bloque de investidura, pero no con el PP. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayan a contar con sus votos. “Lamentamos que no haya habido acuerdo [con Unidas Podemos], pero ahora se abre el período de enmiendas. No hemos negociado con ningún grupo más salvo con los socios [de gobierno]. Ahora hablaremos con el bloque de la investidura, con el resto de las formaciones que se mostraron dispuestas a reformar la ley. Con el PP no tenemos nada que negociar”, aseguró el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, tras registrar la proposición de ley en solitario.

La definición del consentimiento —el elemento que ha delimitado desde siempre los delitos sexuales— no se toca en la propuesta del PSOE, pero Podemos considera que reintroducir el elemento de la existencia de violencia o intimidación para modular las penas supone desplazar ahí el foco de atención, en lugar de atenerse a la idea de la ausencia de consentimiento que determina la agresión sexual.

El movimiento del PSOE, aunque estaba sobre la mesa, ha tensionado la relación con Podemos. Fuentes de este partido consideran “inexplicable” la decisión y reprochan que, habiendo “opciones para el acuerdo”, la formación mayoritaria del Ejecutivo “decida romper para presentar la misma propuesta que el PP” para la subida de penas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, justificó que se trata de “una decisión política” que hay que ejecutar “con valentía y determinación” ante la alarma social que ha generado la rebaja de condenas desde la entrada en vigor de la ley en octubre. “Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos”, abundó la ministra, en una crítica manifiesta a Podemos. Fuentes de la parte socialista del Gobierno sostienen que las propuestas que les remitió Igualdad eran poco solventes. Igualdad, por el contrario, asegura que era perfectamente factible subir las penas como ellos planteaban, esto es cambiando simplemente los años sin necesidad de incluir la violencia como justificación.