El juez procesa a Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía, por un supuesto fraude de 2,5 millones
El excandidato a la Junta y magistrado en excedencia mintió y falseó presuntamente el gasto de una subvención del Gobierno
El magistrado en excedencia y exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano ha sido procesado por un supuesto fraude de subvenciones y estafa tras recibir en 2016 un préstamo de casi 2,5 millones del Ministerio de Industria y desviarlo para gastos ajenos a la ayuda pública recibida para una fábrica de pellets. El Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla procesa a Serrano y ...
El magistrado en excedencia y exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano ha sido procesado por un supuesto fraude de subvenciones y estafa tras recibir en 2016 un préstamo de casi 2,5 millones del Ministerio de Industria y desviarlo para gastos ajenos a la ayuda pública recibida para una fábrica de pellets. El Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla procesa a Serrano y sus dos socios, Enrique Pelegrín y Javier López, que también irán a juicio.
“Se concertaron con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus (del Ministerio de Industria), cuyo importe de 2.489.000 euros se destinó para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla (Huelva)”, considera el magistrado Juan Gutiérrez en un auto del pasado miércoles, tras la investigación de la unidad de delincuencia económica de la policía, iniciada por una denuncia de la asociación de consumidores Facua, ahora acusación en el procedimiento.
El polémico exlíder andaluz del partido de ultraderecha, candidato a la Junta en las elecciones de 2018, dio una “imagen de solvencia” ficticia y mintió al proporcionar información, según el juez, para lograr captar la subvención del Gobierno a través de su sociedad Serrano Abogados. El expolítico, ahora apartado de Vox y conocido por sus agresivas declaraciones contra el feminismo, logró la subvención tras aportar fondos propios por 7.000 euros y una maquinaria “que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad”. El plan era que la firma Biowood Niebla invirtiera un millón, “tras aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida”, recoge el escrito judicial. Además, los empresarios aseguraron que el Ayuntamiento de Niebla les cedió los terrenos por 30 años, lo cual tampoco era verdad.
Tras recibir el dinero de Industria, el magistrado en excedencia y hoy abogado comenzó a desviar fondos para fines ajenos al proyecto, como los 200.000 euros que le dio a un cliente que necesitaba liquidez a través de un préstamo otorgado por Biowood Niebla. Tanto Serrano como Pelegrín y López sabían que el dinero no se iba a destinar para el fin otorgado en la subvención, sino para pagar deudas del cliente del expolítico ultra. Serrano no atendido la llamada de este diario para expresar su opinión al respecto.
Más de la mitad de la subvención pública (1,3 millones) se destinó a crear un fondo de inversión mientras además “se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros, y el pago de un préstamo no devuelto por XYZ Comunicaciones”, relata el instructor. En paralelo, el dinero de la subvención se empleó en pagar los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla y pólizas de crédito, usos por completo ajenos a la fábrica de pellets originaria. “Ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados”, censura el juez Gutiérrez.
Como Industria les requería pruebas de la continuación del proyecto, Serrano y sus socios simularon presuntamente las obras para la fabricación, instalación y puesta en marcha, a pesar de que los trabajos estaba previsto que se demoraran hasta un año. “No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción”, subraya el magistrado. De los casi 2,5 millones de la subvención, el juez concluye que los procesados solo destinaron al proyecto una quinta parte, 544.316 euros. Uno de los investigados, Álvaro Sánchez, ha sido eximido del procedimiento al no participar directamente en el supuesto fraude.
El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, personado como acusación, ha destacado: “Estamos satisfechos porque sentaremos en el banquillo al exlíder de Vox, ese que hablaba tanto de paguitas y subvenciones, y mira por donde al final lo van a juzgar por un fraude de nada menos que 2,5 millones de euros (...) Quien acabó siendo el líder de una formación política, acabará juzgado de un delito de alto nivel por una cantidad descomunal”.