Uruguay reclama la extradición de un médico afincado en España acusado de participar en torturas durante la dictadura

El relato de A. M. M. N. navega por un mar de torturas. Esta mujer cuenta cómo en la década de los setenta, en plena dictadura uruguaya, la condujeron detenida hasta una sede del Regimiento de Caballería Mecanizado 6, donde la sometieron a un verdadero tormento: la desnudaron y encapucharon, le ataron los tobillos con alambre, le “aplicaron” la picana —un instrumento que da descargas eléctricas— y la amenazaron con quemarla con ácido o fusilarla. Después le advirtieron de que continuarían con aquel martirio si no firm...

El relato de A. M. M. N. navega por un mar de torturas. Esta mujer cuenta cómo en la década de los setenta, en plena dictadura uruguaya, la condujeron detenida hasta una sede del Regimiento de Caballería Mecanizado 6, donde la sometieron a un verdadero tormento: la desnudaron y encapucharon, le ataron los tobillos con alambre, le “aplicaron” la picana —un instrumento que da descargas eléctricas— y la amenazaron con quemarla con ácido o fusilarla. Después le advirtieron de que continuarían con aquel martirio si no firmaba un acta donde ponía que no estaba embarazada, pese a que se encontraba encinta en ese momento.

Su historia, junto a las de otras ocho víctimas, ya se encuentra en la mesa de la Audiencia Nacional. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal estudiará si aprueba la extradición de un médico afincado en Madrid, Carlos Américo Suzacq Fiser —de 72 años y doble nacionalidad (uruguaya y española)—, acusado de participar en aquellas torturas “asesorando a los interrogadores del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) para, con coerción física, obtener testimonios de los detenidos”. Uruguay ha reclamado su entrega a través de su embajada en Madrid, que apoya la Fiscalía española por los delitos de lesiones y detención ilegal.

Las autoridades detuvieron al doctor el pasado 23 de junio en Las Rozas (Madrid). Sobre él pesaba un aviso de Interpol y una orden de captura internacional emitida por un juzgado de Montevideo por delitos de lesa humanidad, abuso de autoridad, lesiones graves y privación de libertad. Según expone Uruguay en su petición de extradición, Suzacq ejercía como médico del Regimiento de Caballería Mecanizado 6 cuando se cometieron los hechos descritos y, según los testimonios de las víctimas, aconsejaba incluso a los torturadores sobre cómo actuar para que hablaran. “Como consecuencia de las confesiones obtenidas mediante el uso de la violencia se obtuvieron condenas de los interrogados y de terceras personas”, prosigue la acusación.

“J. M. P. E. [iniciales de otra víctima] señala que, cuando estaba detenido, le golpearon, esposaron, encapucharon y le aplicaron una picana eléctrica; estando esposado de piernas y manos; aplicándole descargas eléctricas estando mojado. [Unas] torturas en las que el [médico] reclamado estaba presente y asesoraba a los autores materiales de las mismas”, detalla la Fiscalía española en el escrito donde respalda la entrega, donde recoge más declaraciones de torturados: “E. N. R. relata que el doctor Suzacq específicamente autorizaba a seguir torturando, y que como consecuencia de las torturas sufre de secuelas psicológicas”.

La Audiencia Nacional ha fijado la celebración de la vista de extradición el próximo 11 de enero. La defensa de Suzacq se ha opuesto a la entrega, según subraya el ministerio público. EL PAÍS intentó contactar este martes con el médico, sin éxito.

España ya entregó hace dos años a Uruguay al septuagenario excoronel Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, también reclamado por delitos de lesa humanidad cometidos entre los años setenta y ochenta, y acusado de ser el responsable de la llamada Operación Cóndor en el país sudamericano —la ofensiva puesta en marcha de manera coordinada por siete dictaduras latinoamericanas para acabar con la disidencia política—. Ese proceso se demoró cerca de un lustro, ya que, tras su primera detención en 2017, el militar se dio a la fuga y permaneció desaparecido hasta 2021, cuando la policía lo descubrió finalmente en Peñíscola (Castellón), lo que permitió ejecutar su extradición.