La vicepresidencia de Vox en Castilla y León gasta 1,2 millones en pagar al personal para gestionar solamente 112.000 euros
El ‘número dos’ de la Junta, Juan García-Gallardo, apenas tiene competencias y destina esa suma a asociaciones de víctimas de terrorismo
La vicepresidencia de Castilla y León, que corresponde a Vox en el Gobierno de coalición con el PP, dedica 1.194.770 euros en gastos de personal para gestionar los 112.504 euros que tiene asignados en inversiones, en los presupuestos autonómicos que las Cortes tienen previsto aprobar entre este jueves y el viernes. El líder de la extrema derecha, Juan García-Gallardo Frings, exigió al PP ser vicepresidente en el Ejecutivo regional, pero renunció...
La vicepresidencia de Castilla y León, que corresponde a Vox en el Gobierno de coalición con el PP, dedica 1.194.770 euros en gastos de personal para gestionar los 112.504 euros que tiene asignados en inversiones, en los presupuestos autonómicos que las Cortes tienen previsto aprobar entre este jueves y el viernes. El líder de la extrema derecha, Juan García-Gallardo Frings, exigió al PP ser vicepresidente en el Ejecutivo regional, pero renunció a dirigir consejerías. Las únicas atribuciones de gestión directa se corresponden con subvenciones a entidades públicas y privadas para impulsar “la defensa y protección de las víctimas del terrorismo” o “la concienciación social frente al terrorismo”. Solo Gallardo cobra 80.741,24 euros anuales, equivalente al 70% del dinero que invierte Vicepresidencia. Entre él y sus tres altos cargos ganan casi 300.000 euros, pese al discurso de Vox sobre recortar gastos de políticos.
Los Presupuestos para 2023 pactados entre PP y Vox en Castilla y León, comunidad que dirigen en coalición desde abril, esconden el alto gasto en personal que acarrea la Vicepresidencia respecto a los fondos que administra. Estos gastos están distribuidos en un subprograma de la Consejería de la Presidencia, que ostenta Jesús Julio Carnero (PP), disponible en la página 13 del tomo 3 de los 20 que abarcan los Presupuestos, con 7.435 páginas. El gasto de personal para 2023 asciende a 1.194.770 euros, de los cuales 299.899, un 25%, remuneran al vicepresidente y sus tres altos cargos.
Entre ellos, tiene gran importancia Montserrat Lluís, formalmente directora de Coordinación e Interacción Social, pero que supervisa el trabajo de las tres consejerías que corresponden a Vox: Industria, Comercio y Empleo; Cultura, Turismo y Deporte; y Agricultura y Ganadería. Su sueldo en 2023, de 76.913 euros anuales, es igual al que recibe el director del gabinete de Gallardo, José María Barrio Gil-Fournier, primo del padre del vicepresidente, abogado de postín en Burgos. Ambos cobran como el director del gabinete y el director de comunicación del presidente, Alfonso Fernández Mañueco. A Gallardo también lo asiste Jesús Enríquez Tauler, director general de Relaciones con la Sociedad Civil, por 65.307 euros anuales. Este trabajó en el PP de Valladolid cuando era alcalde Javier León de la Riva.
Los “gastos corrientes en bienes y servicios” recogidos por las cuentas autonómicas, que se aprobarán salvo sorpresa entre este jueves y el viernes en las Cortes, también son mayores que lo que gestiona Vicepresidencia. De esos 127.600 euros previstos, hay 45.000 dedicados a “reuniones, conferencias y cursos”. También destacan 21.000 para “prensa, revista, libros y publicaciones”, así como 13.000 para “estudios y trabajos técnicos”. Los Presupuestos no explican a qué se refieren exactamente estos epígrafes.
Las “transferencias corrientes”, o sea, las cantidades asignadas a Vicepresidencia para invertir, se quedan en apenas 112.504 euros, una cantidad menor que los gastos. La página 32 del tomo 11 recoge estas atribuciones y explica que las universidades públicas de Castilla y León accederán a 20.000 euros para “iniciativas sociales de sensibilización sobre las consecuencias del terrorismo”, incluyendo “actividades formativas” y “fomentar investigaciones” hacia el “reconocimiento a la protección de las víctimas y la concienciación frente al terrorismo”. A esta suma se añaden 92.504 euros presupuestados para entidades relacionadas con las víctimas. Este montante recalará en colectivos que busquen “la defensa y protección de las víctimas del terrorismo”, promocionen la “memoria, dignidad, reparación y justicia” y fomenten “la cultura de la paz”.
Sin funciones operativas
Gallardo carece de funciones operativas, aparte de coordinar relaciones entre la Junta y diversas corporaciones, así como de representar al territorio en ausencia de Mañueco. El líder de la extrema derecha también encabeza a Castilla y León en el Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas. El político acudió al encuentro del pasado octubre para exhibir un discurso negacionista hablando de “catastrofismo climático” e “ingeniería social verde”, y defendió las “fronteras seguras” y las “familias fuertes” ante sus homólogos europeos. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), se encontraba en esa cita y tuiteó “ahora es cuando toca pasar el rato de vergüenza ajena”. Gallardo remató esa intervención con un “el futuro es de los patriotas, viva la Hispanidad”.
La agenda del vicepresidente cuenta con muchos días vacíos entre actos y presentaciones a las que suele acudir. Entre el 21 y el 30 de noviembre, Gallardo representó a la institución autonómica en ocasiones como una reunión con las diputaciones para anunciar ayudas que concede la Consejería de Industria; una gala de bodegueros; los Premios de Campo sobre el sector agrario; los premios Pódium de deporte; el premio Toro de Oro, donde definió a la tauromaquia como “el arte de artes”, y los premios de periodismo Cossío de la Junta de Castilla y León, donde criticó a “activistas políticos camuflados de periodistas”. También presentó una base de datos de conventos y monasterios en Castilla y León. Según afirmó, los conventos y monasterios “contribuyen a la lucha contra la despoblación”, fenómeno demográfico que vinculó en verano a la “hipersexualización de la sociedad”.
Un alto cargo con funciones de partido
Gallardo tiene como mano derecha a Montserrat Lluís, definida en la Junta como “directora de Coordinación e Interacción Social”, un alto cargo con funciones más partidistas que de administración. Lluís tiene atribuidos 122.466 euros, de los cuales 76.913 se corresponden con su salario anual y 12.553 con prestaciones a la Seguridad Social. En cambio, al contrario que los otros dos altos cargos del vicepresidente, ni un céntimo se destina a funcionarios: no tiene a nadie para ejecutar sus responsabilidades. Fuentes de la Junta lo consideran “poco habitual” y apuntan que Lluís no ostenta cometidos públicos y su misión es controlar a Gallardo y la comunicación de Vox. EL PAÍS le ha consultado las funciones de esta dirección y ella ha respondido: “No tengo nada que comentar”.
Fuentes próximas a Vox explican que su nombramiento lo impuso el líder nacional, Santiago Abascal: “Manda más que Gallardo y tiene más mano con Madrid”. Lluís entró en la Junta como personal eventual, algo común en los equipos de prensa, pero pronto obtuvo la dirección que ostenta ahora, cosa menos frecuente. Pese al juramento como empleada pública, su quehacer es “partidista y poco transparente”, critican fuentes de la Junta. Lluís controla la agenda de Gallardo, añaden, y su influencia llega hasta los mensajes, pues ordenó retirar el lenguaje inclusivo en las notas de prensa.
Una persona del entorno laboral de la exdirectora del grupo Cope y Trece TV remarca su relevancia en Gallardo. “Desde el principio había órdenes de tramitar todo con ella”, asegura. Estas voces le atribuyen toda la responsabilidad tomando decisiones, hasta en conceder entrevistas. Asimismo, la creen “desagradable” e “inaccesible”. Por contra, el vicepresidente la presentó el pasado 11 de mayo, cuando Lluís tomó posesión, como “seria, inteligente y trabajadora, deja huella sin hacer ruido y ve cosas que otros no ven”. Gallardo alabó que “aporta una visión imprescindible para mejorar su trayectoria”, y así se refirió a ella: “Montse, como la llamamos los que la queremos mucho”.
Su puesto, que según su agenda incluye acudir a las comisiones de los secretarios generales y personarse en actos donde va Gallardo, acarrea un elevado gasto en bienes y servicios. Lluís tiene encomendados 15.000 euros para “prensa, revistas, libros y publicaciones”, 6.000 para “reuniones, conferencias y cursos” y otros 6.000 para “estudios y trabajos técnicos”. Parte del personal conocedor de los eufemismos en Presupuestos afirman que esos “estudios” se convierten en sondeos electorales. Lluís dispone también de dietas de 6.000 euros anuales para “locomoción”.