El Gobierno se enfrenta a una de las semanas más delicadas de su tormentoso mandato. El PSOE está muy inquieto por la reforma de la malversación, y María Jesús Montero ha llamado uno a uno a casi todos los barones autonómicos para garantizarles que los políticos que han desviado fondos públicos con ánimo de lucro no se beneficiarán de esta reforma. Pero ahora todos quieren ver cómo se cumplirá esa promesa. Fé...

El Gobierno se enfrenta a una de las semanas más delicadas de su tormentoso mandato. El PSOE está muy inquieto por la reforma de la malversación, y María Jesús Montero ha llamado uno a uno a casi todos los barones autonómicos para garantizarles que los políticos que han desviado fondos públicos con ánimo de lucro no se beneficiarán de esta reforma. Pero ahora todos quieren ver cómo se cumplirá esa promesa. Félix Bolaños trabaja con su equipo jurídico en una compleja negociación con Unidas Podemos y ERC; un esquema similar al de la sedición, para presentar el lunes una enmienda transaccional que, según fuentes del Gobierno, dará la vuelta a la enmienda de ERC con un fin muy claro: que no queden, bajo ningún concepto, despenalizadas las conductas de los líderes independentistas durante el procés.

El Gobierno sí acepta reducir las penas por malversación de esos comportamientos, que supusieron usar dinero público para financiar y preparar un referéndum ilegal, pero no despenalizarlos. ERC sostiene que con la redacción de sus enmiendas esas conductas no entrarían en la malversación. El texto de los republicanos habla de una pena de seis meses a tres años para el que “destinare a usos particulares y ajenos a la función pública” el dinero público. El Gobierno cambiará mediante una transaccional no solo el concepto, para que quede mucho más claro que en el procés hubo delito de malversación, sino también las penas, porque ERC las ha bajado demasiado en opinión del Ejecutivo. Es algo similar a lo que pasó con la sedición. ERC quería bajarlo a tres años de pena máxima y el Gobierno apostaba más por seis —desde los 15 en los que está ahora— y finalmente se acordó fijarlo en cinco años de máxima, tres veces menos que el vigente.

Con la malversación, el Gobierno no aclara aún en cuánto quedará, pero sí que estará por encima de esos tres años que plantea ERC y bastante por debajo de los ocho que hay actualmente. Los republicanos reclamaban insistentemente esta reforma porque afecta directamente al núcleo duro del entorno de Oriol Junqueras cuando era vicepresidente, su equipo más cercano, y al mismo líder de ERC. Y Pedro Sánchez finalmente ha accedido a retocar este delito central en la lucha contra la corrupción, con el enorme riesgo político que eso supone, con dos condiciones: la más importante, que el retoque sea “quirúrgico” y se garantice que no beneficia a ningún corrupto que se haya llevado el dinero público para enriquecerse o que haya participado en tramas corruptas, aunque no se haya lucrado —esto es los casos más famosos como los ERE, Kitchen o distintos escándalos de financiación ilegal—.

Y la segunda condición, que ahora tienen que llevar a la práctica los equipos negociadores, es que el procés no quede despenalizado. En el mundo jurídico hay mucho debate. Incluso algunos jueces del Supremo, el tribunal que tendrá que interpretar todas estas reformas, señalan que con la supresión del delito de sedición y la sustitución por uno de desórdenes públicos agravados queda despenalizado el procés. Afirman que si ahora los líderes catalanes hicieran lo mismo no les pasaría nada, o quizá solo se les impondría un delito de desobediencia, sin prisión.

Malestar en el Gobierno

En el Gobierno están indignados con esta interpretación, porque sostienen que es al revés: que la nueva definición del delito enmarca perfectamente unos comportamientos como los del procés, mucho mejor que el de la sedición, que generó muchos problemas y protestas en privado del Supremo porque no se adaptaba bien a lo que pasó en octubre de 2017. Con la malversación sucede algo parecido, con la diferencia de que aún no se conoce el texto definitivo. El Gobierno asegura que quedará clarísimo que lo que hicieron los líderes del procés es malversación, aunque tendrá una pena mucho menor porque, según el Ejecutivo, la reforma de 2015 igualó demasiado los comportamientos corruptos puros con el mal uso del dinero público.

“El PSOE nunca apoyará nada que suponga una despenalización de un uso indebido de los recursos públicos porque cualquier uso indebido de los recursos públicos tiene que estar penalizado por el Código Penal, en tanto en cuanto es un delito”, resumió el viernes Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del PSOE.

Uno de los problemas de este nuevo paso en el alambre que ha dado Sánchez, que está provocando mucho más rechazo externo y sobre todo interno que la reforma de la sedición, es la escasa explicación por parte del Gobierno y la velocidad a la que se hará todo: en cuatro días se conocerá la enmienda transaccional, se votará en comisión y se elevará a pleno. Una velocidad inédita para una compleja reforma del Código Penal. Lo que temen algunos barones autonómicos es que se haga tan rápido que suceda como con la ley del solo sí es sí. Aquella, al contrario que esta, se hizo con mucho tiempo y con todos los informes preceptivos y, aun así, ha tenido como consecuencias indeseadas la bajada de penas de medio centenar de agresores sexuales y, de momento, una decena de excarcelaciones.

La posibilidad de que algún corrupto reduzca su pena gracias a esta reforma es un temor tan extendido, que la ministra Montero concentró su mensaje personal a los barones en ese punto: les garantizó absolutamente que eso no va a pasar. Aun así, y pese a que algunos, que hablaban en nombre de Sánchez, han suavizado su posición tras esta conversación con Montero, otros mantienen un rechazo frontal. En especial, los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Los barones están inquietos y nadie en el Gobierno niega que Sánchez está asumiendo un riesgo muy grande con esta última decisión, que completa un mes de diciembre de vértigo, en el que el presidente ha dado la orden de sacar adelante todas las medidas polémicas. Su idea es empezar en enero un año electoral ―en el que se juega casi todo el poder político español― sin crisis internas en el horizonte. Poder concentrarse en la larga campaña electoral y en los datos económicos y la gestión, con la que el PSOE y Unidas Podemos pretenden darle la vuelta a unas encuestas que están mejorando para ellos, pero aún muestran al bloque de derechas en cabeza.

“El problema es que no se ha explicado de forma clara desde el principio. Ahora ya el daño está hecho porque se ha creado un estado de opinión negativo en general sobre la reforma del Código Penal. Habrá que estar muy finos en la negociación y en cortar cualquier elemento que suene lo más mínimo a amparo a la corrupción”, resume un barón. “España está tan polarizada que es difícil saber qué desgaste puede tener algo así. Apenas hay trasvase entre bloques. Todo se analiza en función de si lo hacen los tuyos o los de enfrente. Es una pena, pero es así. Creo que la gente no votará en mayo por esto, sino por la situación económica”, señala otro. Otros confían en que Sánchez sepa medir bien para que no haya consecuencias imprevistas, pero nadie oculta la inquietud.

Pacto de hierro con ERC

¿Y el motivo de fondo? No hay ninguna duda de que, obviamente, no es jurídico sino político. “Sánchez quiere cerrar el círculo del procés y pasar a una nueva etapa. La gente quiere líderes decididos, y él lo es. Los ciudadanos votarán en función de los resultados, y el suyo tiene que ser muy claro: el independentismo está más roto que nunca y pierde fuerza en Cataluña”, indican fuentes del Ejecutivo. Sánchez parece haber forjado un pacto de hierro con ERC, que incluye arriesgar incluso un posible desgaste en el resto de España con tal de que los republicanos logren contrapartidas reales a su apuesta por la negociación y por abandonar la posibilidad de repetir un procés. Esta estrategia los ha llevado a romper con Junts, que no la compartía, y sacarlos del Gobierno. Aún no se ha llegado al punto de que PSC y ERC puedan pactar unos Presupuestos en Cataluña, pero nadie lo descarta y el líder del PSC, Salvador Illa, ofrece sus votos cada día como muestra de responsabilidad.

El PSC está más fuerte que nunca en Cataluña y Sánchez confía en tener un extraordinario resultado allí en las generales con su política de “desjudicialización”, que pasó por los indultos, después por la reforma de la sedición y ahora la de la malversación. El riesgo que ven algunos en el PSOE es que esta política pueda perjudicarlo en el resto de España. Pero Sánchez está convencido de que, muy al contrario, podrá exhibir sus resultados en la mejoría de la situación catalana como un activo electoral. Y, sobre todo, y por eso va tan rápido saltándose cualquier tradición parlamentaria sobre las reformas del Código Penal. Está convencido de que pasará como sucedió con los indultos: unos meses después se verán los resultados y quedará atrás la polémica. “¿De qué va a hablar Feijóo en marzo? ¿De esto? Si sigue así, solo alimenta a Vox. A partir de enero volveremos a hablar de economía, de gestión, de ayudas, de fondos de recuperación. Todo esto pasará”, resume un ministro.