La historia de cómo terminó sin acusados el ‘caso Cursach’, la mayor causa judicial de Baleares

La sombra de las irregularidades durante el proceso de investigación del caso Cursach anula casi una década de pesquisas. La Fiscalía retiró todas las acusaciones que pesaban contra 17 investigados por favorecer los negocios del empresario del ocio mallorquín. El juez instructor y el fiscal que dirigieron la investigación están al borde del banquillo acusados de presionar a testigos y filtrar información.

“Este procedi...

La sombra de las irregularidades durante el proceso de investigación del caso Cursach anula casi una década de pesquisas. La Fiscalía retiró todas las acusaciones que pesaban contra 17 investigados por favorecer los negocios del empresario del ocio mallorquín. El juez instructor y el fiscal que dirigieron la investigación están al borde del banquillo acusados de presionar a testigos y filtrar información.

“Este procedimiento es un fracaso total de la administración de justicia”. Estas palabras salieron, entre pausas y lágrimas de emoción, de boca del fiscal anticorrupción Tomás Herranz durante la última sesión del juicio del caso Cursach, que desde junio juzgaba la mayor trama de corrupción policial y empresarial de Baleares y que se investigaba desde hace nueve años. La Fiscalía confirmó durante esa jornada, en el trámite de informes, lo que había avanzado días antes: que retiraba todas las acusaciones que pesaban contra las 17 personas que se sentaban en el banquillo acusadas de delitos como pertenencia a organización criminal, amenazas o prevaricación. Habían sido 24 procesados justo al comienzo de las sesiones. “Este informe, más que justificar la retirada de acusación, tiene otro objetivo, que es reconocer ante los acusados que han sufrido una injusticia y que el cambio de la Fiscalía obedece a un intento mínimo de reparar el daño”, dijo Herranz, casi sin poder hablar de la emoción. La sala estalló en aplausos, algunos abogados se enjugaron las lágrimas, los acusados se pusieron en pie y la presidenta del tribunal interrumpió la sesión para dar un respiro a los presentes. Pero para entender cómo uno de los mayores procesos judiciales de Baleares, con decenas de detenidos con meses de prisión provisional a sus espaldas, ha terminado en absolutamente nada, hay que retroceder hasta muchos años atrás.

A principios de marzo de 2017, la imagen del todopoderoso empresario de la noche mallorquina Bartolomé Cursach vestido con un plumas de color azul claro, desaliñado, saliendo de un furgón de la Policía Nacional esposado para declarar en los juzgados, tras su detención el 28 de febrero, llenó los informativos y periódicos de Baleares. Cursach siempre ha sido un personaje esquivo, abonado al silencio, cuidadoso de su imagen y envuelto en multitud de leyendas populares de las que nadie en Mallorca sabe lo que es verdad y lo que no. La rumorología ha perseguido siempre al hombre que erigió un imperio de discotecas, restaurantes y pubs en las principales zonas turísticas de Mallorca y al que durante décadas nadie hizo sombra. Su imagen esposado sorprendió, aunque en el ambiente judicial hacía semanas que se oía hablar de su posible detención, considerada la traca principal del caso que desde 2013 investigaba en un juzgado de instrucción las presuntas prácticas corruptas de un grupo de agentes de la Policía Local de Palma a quienes se acusaba de beneficiar los negocios del empresario mediante el acoso y hundimiento de su competencia.

El ambiente judicial en Palma, donde todo el mundo se conoce, estaba ya muy caldeado cuando la investigación alcanzó su cénit con el ingreso del magnate en prisión preventiva. Después de eso, el caso recorrió un camino cuesta abajo que derivó en el fin de un juez y un fiscal, a punto de ser juzgados por irregularidades durante la investigación, otro juez que ya fue procesado y una sala de vistas que comenzó con 24 personas acusadas y ha terminado con una absolución masiva. Solo una de las acusaciones particulares mantiene la inculpación contra dos agentes municipales por un presunto delito de coacciones continuadas y reclama dos años de cárcel para cada uno.

Los inicios

Rebobinando hasta el principio de esta historia regresamos a 2013, época de ebullición de las instrucciones judiciales derivadas de casos de corrupción política, cuando la Fiscalía Anticorrupción de las islas contaba con cuatro funcionarios para dar salida a los escándalos que habían derivado del Gobierno del PP de Jaume Matas y de la Unió Mallorquina de Maria Antònia Munar.

Ese verano, una operación policial contra la banda de moteros Los Ángeles del Infierno desveló los lazos que algunos de ellos mantenían con agentes de la Policía Local palmesana, que tenía a algunos mandos bajo sospecha por el supuesto amaño de un concurso de promoción interna. Los nombres de los agentes se entrelazaban en ambas investigaciones, dirigidas en aquel momento por la jueza Carmen González con ayuda del entonces fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, hombre de carácter explosivo que había participado en la acusación de otros procesos por corrupción política. En esa génesis comenzó a cobrar cuerpo la tesis de que algunos agentes actuaban en colaboración con empresarios locales para extorsionar y cobrar sobornos en establecimientos de ocio.

González cambió de destino y en 2015 la investigación recayó en Manuel Penalva, al frente del Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma, que desde ese momento se consagró a esta investigación. Cazador consumado, hombre de carácter y de ideas fijas, no se anduvo con paños calientes y comenzó a desarrollar múltiples ramificaciones en tándem con el fiscal Subirán y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Baleares, con los que crearon una cuadrilla cerrada en la que iban todos a una. Su presencia en los alrededores de los juzgados de Vía Alemania siempre en grupo, sus métodos de interrogatorio e investigación y el trato personal con los detenidos suscitaba fuertes críticas de los abogados defensores y de funcionarios de la Fiscalía, que no compartían las duras formas de los investigadores. Estas se materializaron tiempo después en una manifestación en noviembre de 2017 impulsada por uno de los abogados defensores y a la que asistieron unas 200 personas.

Entre 2015 y 2017 la investigación se centró en un desfile de testigos por los juzgados de instrucción: empresarios con negocios que se decían perjudicados por los agentes de la Policía Local —que a menudo eran enviados a prisión preventiva tras declarar—, trabajadores de la noche que acusaban a los policías de prácticas corruptas, funcionarios municipales y un nombre, el de Bartolomé Cursach, que comenzaba a sonar en las comparecencias como el instigador de las extorsiones que se practicaban sobre empresarios nocturnos de su competencia. En esta etapa múltiples confesiones fueron amparadas en la figura del testigo protegido, que dio rienda suelta a narraciones marcianas que posteriormente se han confirmado como meras elucubraciones. Algunas en boca del hijo de la matriarca de la droga del poblado de Son Banya, que aseguró que pagaba sobornos a policías, otras de un extrabajador que decía ser testigo de fiestas con drogas entre policías y prostitutas y, con especial relevancia, las de la dueña de un burdel, que resultó no serlo, que aseguraba que tenía una agenda con los nombres de políticos del PP en el Ayuntamiento que supuestamente lo frecuentaban a gastos pagados por el empresario. “Se ha producido un uso injustificado de testigos protegidos, deliberado sesgo contra reo y un seguimiento acrítico e irracional” denunció sobre este extremo el fiscal en la última sesión del juicio.

El chat

Con estos mimbres, el juez y el fiscal armaron la acusación contra el empresario, que fue finalmente detenido a finales de febrero de 2017 junto al director general de sus empresas e imputado por más de 15 delitos, entre los que figuraban un homicidio y corrupción de menores. Con los ánimos aún más caldeados en los pasillos de la sede judicial y en la creencia de que los investigadores solo buscaban fama y notoriedad, una de las defensas hizo públicos los mensajes que el juez se había enviado con la testigo protegida número 31, la dueña del burdel, en los que este insultaba a los abogados defensores y trataba de dirigir la declaración de la mujer, que se desdijo de todo y acusó al juez y al fiscal de haber inventado todo el relato. El castillo de naipes comenzó a desmoronarse y justo un año después de la detención de Cursach, que salió de prisión tras pagar una fianza millonaria, el juez Penalva fue apartado del caso tras el dictamen de la Audiencia Provincial, que consideró que los mensajes intercambiados con esa testigo reflejaban que había perdido “la apariencia de imparcialidad”.

Con Penalva fuera y una investigación prácticamente finalizada pero que empezaba a hacer agua, el asunto pasó entonces a manos de un tercer juez, Miquel Florit, que detuvo a dos de los policías del grupo de Blanqueo ante las sospechas de que estaban filtrando información de un sumario declarado secreto. Requisó sus teléfonos móviles y se descubrió la existencia de un chat de WhatsApp entre los investigadores en el que se destapaban multitud de prácticas dudosas e ilegales aplicadas a los investigados, insultos, métodos cuestionables y fijaciones con algunos de ellos. “Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”. “A este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos”. Frases como estas plagaron durante meses el chat privado de los investigadores, una conducta ratificada después por dos inspectores de la Policía Nacional que elaboraron varios informes en los que se encargaron de documentar los procedimientos que se siguieron durante la instrucción y las mentiras de algunos de los testigos. En su intento de perseguir a los responsables de las filtraciones, el juez Florit también ordenó requisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas, una decisión que le llevó a juicio y que puso punto final a su trayectoria como juez.

Días antes de que todo estallara y se descubrieran estas conversaciones entre los investigadores, el fiscal Subirán y su compañero Juan Carrau presentaron un escrito de acusación por la pieza principal del caso contra 24 personas a las que imputaban hasta 13 delitos relacionados con el trato de favor dispensado al empresario, para quien reclamaban ocho años y medio de cárcel. Poco después, el fiscal Subirán recibió una baja médica y un año más tarde fue jubilado de forma anticipada después de que el Boletín Oficial del Estado publicase su cese de actividad. El caso entró en la Audiencia Provincial a la espera de señalarse una fecha, pero no fue fácil hallar un tribunal enjuiciador. Seis magistrados se abstuvieron al considerar que tras resolver 158 autos de apelación desde 2014 comprometían su apariencia de imparcialidad. No obtuvieron amparo y con la sala constituida y a 10 días del inicio del juicio, que empezó en junio, el fiscal Tomás Herranz, designado por Madrid para continuar con el proceso tras la marcha de Subirán, procedente de la capital y totalmente ajeno a la fiscalía de Baleares, mostró sus cartas de cara al juicio: presentó un escrito de modificación en el que retiraba la acusación contra 7 de los 24 acusados y rebajaba considerablemente la petición de penas para el resto al esgrimir una “falta de verosimilitud” de muchos de los hechos incluidos en el documento inicial.

Con ese movimiento tiraba por tierra la instrucción practicada por Subirán, que será juzgado en los próximos meses junto a Penalva y los cuatro agentes de Blanqueo por los supuestos delitos cometidos durante la investigación. Esa sombra de sospecha, la de prácticas ilegales contra los acusados, ha sobrevolado todas las jornadas del juicio, donde se han podido escuchar testimonios dudosos, se han desgranado informes de la Policía Nacional en los que se constata que muchas de las denuncias de los empresarios por un abuso de inspecciones en sus locales nunca fueron comprobadas y se han podido ver interrogatorios de las defensas que han situado a los testigos en la cuerda floja para desmontar el caso. Las acusaciones particulares, que representaban a empresarios del ocio competencia de Cursach, tampoco han podido probar los hechos y se han bajado del tren antes de finalizar el juicio, manteniendo únicamente la acusación una de ellas contra dos agentes de la Policía Local para quienes reclaman dos años de cárcel.

“Estuve a punto de suicidarme, tenía la mano en la barandilla de un puente” confesó en el turno de última palabra el director general del grupo Cursach, Bartolomé Sbert. “Decidí pasar por esto solo. Le dije a la que ahora es mi exmujer que quería estar solo y que ella tuviese una vida normal, porque sabía por lo que iba a pasar”, aseguró Carlos Tomás, uno de los policías locales que se vino abajo y solo pudo hablar entre sollozos. “Vuelvo a creer en la justicia” dijo otro de los agentes, Gabriel Torres, después de explicar sus vivencias en los últimos años. Los ahora absueltos sopesan reclamar una indemnización por el tiempo que pasaron en prisión preventiva, ya que ocho de ellos estuvieron varios meses en la cárcel. Casi una década de investigaciones han quedado aplastadas por quienes las dirigieron y que se enfrentarán a su propio juicio en los próximos meses.