El Gobierno se concentra en cambiar la mayoría del Constitucional “por las buenas”

El Gobierno no tiene prisa. Pedro Sánchez y su equipo están convencidos de que Alberto Núñez Feijóo ha cometido un error estratégico de libro al romper en el último momento la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que estaba ya prácticamente lista, alegando que no puede aceptar que el Gobierno tenga intenciones de reducir las penas del delito de sedición. El Ejecutivo, como explicó Sánchez ...

El Gobierno no tiene prisa. Pedro Sánchez y su equipo están convencidos de que Alberto Núñez Feijóo ha cometido un error estratégico de libro al romper en el último momento la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que estaba ya prácticamente lista, alegando que no puede aceptar que el Gobierno tenga intenciones de reducir las penas del delito de sedición. El Ejecutivo, como explicó Sánchez en el Congreso este miércoles, cree que “el PP no tiene argumentos” para justificar esta espantada, y por eso ha aparcado de momento cualquier tipo de medida drástica —la más dura de todas sería recuperar la ley que permitía renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mayoría absoluta y no por tres quintos como ahora, esto es sin necesidad de contar con el PP— para que todo el foco se ponga en el fiasco de Feijóo. Y para concentrarse en lo más importante en este momento, según la visión del Gobierno: la renovación del Tribunal Constitucional, que supondría cambiar la mayoría a favor de los progresistas para los próximos nueve años, de la misma manera que en 2013 se cambió a favor de los conservadores y ha seguido así los últimos nueve años.

Esto sucede porque, cada nueve años, el Gobierno tiene la facultad constitucional de renovar los dos magistrados que le corresponden. Se hace a través de un nombramiento directo por Consejo de Ministros, que no tiene que negociar con nadie. Y obviamente todos los gobiernos desde que se recuperó la democracia nombran a dos de su perfil ideológico, progresistas o conservadores. Por eso la renovación de 2013 trajo un tribunal conservador, el actual, y la anterior, de 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero recién elegido, llevó a uno progresista.

Una vez rotas las negociaciones con el PP, el Gobierno ha vuelto a su posición de septiembre: está buscando que el CGPJ haga una renovación del Constitucional pactada, por las buenas. Ese es el plan a, el que se planteará el Ejecutivo aún varios días. Caído Carlos Lesmes, que dimitió incapaz de lograr un pacto para renovar el tribunal de garantías, al Ejecutivo le llegan mensajes que indican que el sector conservador, muy cercano al PP, ahora sí está en disposición de renovar de forma pactada, eligiendo un conservador y un progresista, como se ha hecho siempre. Esa sería la forma más fácil de resolver el problema y así se iría a una mayoría de 7 a 4 a favor de los progresistas (que el Ejecutivo no tiene ningún problema en corregir rápidamente a una de 7 a 5 renovando con un conservador el puesto que ha quedado vacante en el cupo del Senado después de la renuncia de un magistrado).

También hay un plan b, más drástico, por si finalmente los magistrados conservadores empiezan a bloquear la renovación —como ya hicieron en septiembre y octubre, hasta que dimitió Lesmes—: nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el Consejo de Ministros. Es una solución llena de problemas, y por eso no es la primera opción, porque el propio Constitucional podría bloquearla al no renovarse por tercios —cuatro magistrados de los 12— sino por medio tercio. Con todo, esa opción sería la única viable al bloqueo. Pero la clave está en qué haría el presidente del Constitucional, el conservador Pedro González Trevijano, precisamente uno de los magistrados que debe ser renovado. El Gobierno quiere intentarlo todo “por las buenas” para armarse de argumentos frente a Trevijano y el Constitucional. Pero el camino de esta decisión es incierto. Por eso el Ejecutivo prefiere el plan a.

Así, de momento no está encima de la mesa qué hacer con el bloqueo del CGPJ. Unidas Podemos insiste en recuperar la ley para poder renovarlo con mayoría absoluta y propone añadirle un punto: que, además, requiera el acuerdo mínimo de la mitad de los grupos de la Cámara, una forma de evitar que en el futuro uno o dos grupos que tengan la mayoría absoluta puedan configurar el CGPJ como quieran.

Sin embargo, al Ejecutivo esta solución de UP no le convence, por el rechazo que tuvo de Bruselas cuando se planteó en 2020. Y tampoco se lo plantea, porque se ha concentrado en la renovación del tribunal de garantías y en la crítica al PP por incumplir la Constitución. Pero en algún momento habrá que tomar una decisión: La Moncloa no ve viable mantener el bloqueo del CGPJ un año más.

El Gobierno también podría hacer algo en sentido contrario, esto es, cambiar la ley para que este CGPJ caducado pueda renovar magistrados del Supremo y desbloquear algunas salas saturadas. Pero nada indica que eso esté ahora en los planes del Ejecutivo, que insiste en meter presión al PP para que renueve y resuelva todos los problemas de una vez.

Mientras, la renovación del Constitucional avanza. Los progresistas del CGPJ prevén decidir este jueves su candidato definitivo para el puesto que les correspondería entre los dos que renueva el consejo. El debate en el grupo de vocales propuestos por el PSOE, IU y PNV se centra en José Manuel Bandrés y Pablo Lucas, ambos magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, pero el primero es quien, en principio, reúne más apoyos. La idea de este sector es comunicar sobre la marcha su candidato a los conservadores y que sea este nombre el que se someta a votación en un próximo pleno junto al aspirante que decidan los vocales propuestos por el PP. Ese pleno aún no tiene fecha, pero podría convocarse en cuanto hubiera una acuerdo, incluso la próxima semana.

Esa es la tradición en anteriores renovaciones del Constitucional y así se ha quedado en hacerlo también esta vez. Pero la salida de Carlos Lesmes ha rebajado el quórum necesario para reunir la mayoría de tres quintos que necesitan estos nombramientos, lo que, si la negociación se estanca, puede dar lugar a escenarios con los que no se contaba. El pleno está ahora formado por 18 miembros y hacen falta 11 votos (antes eran 12). Los conservadores suman diez y los progresistas, ocho, por lo que a los conservadores les faltaría un solo voto para sacar adelante cualquier candidatura. Cuando estaba Lesmes la cuenta era la misma (los conservadores reunían 11 votos y hacían falta 12), pero las circunstancias muy distintas, porque Lesmes aseguró desde el principio que no iba a romper la tradición de que cada bloque aportara un candidato a la selección final.

Esta bajada de quórum abre todo tipo de suspicacias ante la posibilidad de que los conservadores intenten alguna maniobra para controlar los nombramientos y romper la tradición de que cada bloque propone al suyo. En algún momento, los progresistas han llegado a temer que se intentara nombrar dos conservadores al Constitucional, algo que sería una declaración de guerra sin precedentes y que es muy complejo, porque necesitarían que un progresista se cambiara radicalmente de bando.

En el Gobierno confían en que finalmente todo pueda arreglarse y la situación de la justicia, cada vez más insostenible, haga mella sobre todos los vocales y les empuje a renovar como se ha hecho siempre, de forma pactada con un conservador y un progresista. Sin embargo, en las últimas semanas todo se ha enviciado tanto que nadie se anima a hacer previsiones con ciertas garantías. La solución llegará en los próximos días.