Construir un país vivo

La crisis climática y la desertificación, la transición energética, el refuerzo de los servicios públicos básicos, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad de las pensiones, la conectividad física y digital. Jerarquizar los desafíos políticos que atravesamos no es evidente ni fácil. Sin embargo, hay un elemento común y transversal a todos ellos: la importancia de activar, habitar y gestionar el territorio de forma eficiente y sostenible. El reto demográfico es, ...

La crisis climática y la desertificación, la transición energética, el refuerzo de los servicios públicos básicos, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad de las pensiones, la conectividad física y digital. Jerarquizar los desafíos políticos que atravesamos no es evidente ni fácil. Sin embargo, hay un elemento común y transversal a todos ellos: la importancia de activar, habitar y gestionar el territorio de forma eficiente y sostenible. El reto demográfico es, en efecto, una pieza clave en toda política pública.

El fin último es compartido por todas las fuerzas políticas y no da lugar a discrepancias: debemos reequilibrar y cohesionar el territorio. Más discutibles son ciertos puntos de partida, desde el anacrónico que reclama un regreso bucólico a tiempos pasados hasta el catastrofista del “todo está mal”, que se instala en el problema y entorpece la búsqueda de soluciones. Posiciones que solo llevan al inmovilismo.

Hay otra óptica posible, a todas luces más realista y transformadora: la partidaria de construir, en clave de oportunidad, un nuevo relato en torno a la ruralidad y una nueva política que ayude a trazar un futuro viable para la España rural y de interior. Es esta actitud la que defiende el Gobierno y sobre la que desarrolla un proceso de gobernanza compartida con todos los niveles institucionales del país. No es para menos, pues los resultados de una política de cohesión territorial no tienen ni van a tener efectos inmediatos en la demografía.

Las administraciones debemos empatizar con los estados de ánimo colectivos y responder a las reivindicaciones de la ciudadanía, al tiempo que evitamos el uso partidista de un sentimiento legítimo. En definitiva, se trata de construir una alternativa al pesimismo interesado. Por eso, más allá de los lamentos, es necesario establecer las bases para que la población de nuestro país habite en toda su extensión, recuperando del abandono territorios que pueden, si se actúa adecuadamente, convertirse en lugares de oportunidad. La receta pasa por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos: su acceso a los servicios, su capacidad de conectarse y comunicarse y, muy especialmente, sus oportunidades laborales y su desarrollo vital.

La política pública debe centrarse en construir herramientas de largo alcance para esta transformación, ofrecer respuestas adaptadas a las necesidades de cada territorio y facilitar proyectos capaces de resolver problemas concretos. Con ese objetivo hemos territorializado recientemente 55 millones de euros a las comunidades autónomas en un acuerdo aprobado por unanimidad. Del mismo modo, pretendemos innovar con los ayuntamientos a partir de iniciativas que ayuden a poner en valor los recursos locales e impulsen la bioeconomía, un proceso que estamos apoyando con más de 60 millones de euros. Y, por supuesto, actuar en uno de los desafíos más importantes, que es devolver el talento al medio rural. Sin duda, Campus Rural permite que los jóvenes universitarios redescubran la vida en los pueblos; por cierto, con un éxito notable.

Si además sumamos el impacto de medidas como la mejora sustancial de la conectividad, las inversiones en acceso a la vivienda y servicios, la digitalización o la mejora de la movilidad, gracias al impacto de los fondos del Plan de Recuperación y su concreción en el programa de 130 medidas para el reto demográfico, podremos concluir que, por primera vez, existe un gobierno comprometido con transformar nuestro territorio rural en un espacio vivo y de futuro.

“La vuelta al pueblo” no es una quimera. La Estadística de Variaciones Residenciales del INE confirma que el movimiento de población hacia el medio rural crece desde 2018, una tendencia que reforzó la pandemia y que se mantuvo en 2021. Son datos aún tímidos cuya evolución habrá que seguir de cerca. No significa esto que se avecine un éxodo urbano sin precedentes ni que los problemas que aquejan al mundo rural vayan a resolverse a golpe de varita mágica. Significa que, con un terreno bien abonado y colaboración permanente, la realidad sociodemográfica que España arrastra desde hace décadas puede revertirse. Eso es lo que nos mueve.