Los vocales conservadores del Poder Judicial vaticinan una larga negociación para renovar el Tribunal Constitucional
La lentitud con la que arrancan las conversaciones entre los miembros del CGPJ provoca que el grupo progresista tema dilaciones injustificadas
La renovación del Constitucional no se va a resolver en breve. Está descartado que haya un acuerdo entre los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del próximo martes, día 13, en que concluye el plazo legal de que dispone el órgano de gobierno de los juec...
La renovación del Constitucional no se va a resolver en breve. Está descartado que haya un acuerdo entre los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del próximo martes, día 13, en que concluye el plazo legal de que dispone el órgano de gobierno de los jueces para nombrar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponde elegir. Además, fuentes del primero de estos grupos, crítico con que ahora se haya permitido exclusivamente la elección de dos miembros del Constitucional mientras siguen prohibidos otros nombramientos, afirman que no se puede asegurar ni descartar que las negociaciones emprendidas para renovar dicho tribunal vayan a terminar durante el presente mes de septiembre.
Por tanto, la primera conclusión, dos días después del pleno del Poder Judicial que fijó las reglas para efectuar esta elección, es que el Constitucional va a seguir indefinidamente en funciones con su actual composición, sin que se atisbe cuándo podría efectuarse el relevo de cuatro de sus magistrados, pendiente desde el pasado 12 de junio, fecha en que terminó su mandato. Los vocales del sector conservador que se han conjurado para avanzar unidos en este proceso admiten que no tienen prisa alguna por llegar a un acuerdo, en la medida en que estiman que su prioridad debe ser aclarar con qué candidatos de este perfil ideológico pueden contar, y luego efectuar una propuesta concreta al sector progresista.
La diferencia de estrategias entre ambos grupos es muy evidente, puesto que mientras los conservadores encuentran dificultades para cada paso, los progresistas querrían quemar etapas en cuestión de días. Para llevar a cabo la negociación, por ejemplo, se acordó constituir una comisión formada por seis miembros, tres de cada bloque. Los vocales de la izquierda judicial tuvieron decidido quiénes van a ser sus representantes a las pocas horas de concluir el pleno del pasado jueves. Los alineados con la derecha judicial, en cambio, aún no han resuelto quiénes se sentarán en la mesa negociadora.
De hecho, este jueves hubo un intento de aclarar este punto, para fijar un primer día de reunión, y desde el bloque conservador se respondió a sus interlocutores que no habían tenido ocasión de abordar a fondo la cuestión. Es decir, que el grupo que pidió en el pleno del pasado día 8 que no se tomara decisión alguna sobre el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que le corresponde nombrar al Consejo no ha podido fijar todavía quiénes negociarán sobre la finalización de este proceso.
De momento no hay plazo alguno establecido para que dicha comisión paritaria aborde las cuestiones organizativas y de selección de candidatos que de las que va a ocuparse. El sector conservador del Consejo no es monolítico, hay unos vocales más inclinados que otros a que el acuerdo se obtenga con cierta diligencia, y la designación de su representación en el órgano negociador también está teniendo alguna complejidad, porque requiere a su vez una negociación interna en ese grupo. De momento, por tanto, los vocales del sector progresista Álvaro Cuesta, Roser Bach y Rafael Mozo no tienen por ahora al otro lado de la mesa interlocutor alguno con quien dialogar.
Dadas estas dificultades para que la comisión arranque, se va instalando en el grupo progresista cierta desazón, porque sus miembros ven en ellas aparentes tácticas dilatorias, en un momento en que de facto ha empezado una especie de cuenta atrás hasta que termine septiembre. De momento, si al acabar este mes el Consejo del Poder Judicial no ha designado a los dos magistrados que le corresponde nombrar, el Gobierno elegirá en la primera quincena de octubre a los otros que han de formar parte de los relevos legalmente previstos en el Constitucional. Con ello se esperaba dar tiempo a que el órgano de gobierno de los jueces hiciera su parte, aunque abrir este paréntesis signifique que se incumpla el mandato legal que fijó el 13 de septiembre como fecha límite para dichos nombramientos.