El Poder Judicial da por hecho que el Constitucional se renovará en septiembre

La renovación del Tribunal Constitucional podrá llevarse a cabo a lo largo del próximo mes de septiembre con el nombramiento de cuatro magistrados, de acuerdo con el resultado que están alcanzando las conversaciones preliminares en el seno del Consejo General del Poder Judicial. A este organismo le corresponden dos de estas designaciones; ...

La renovación del Tribunal Constitucional podrá llevarse a cabo a lo largo del próximo mes de septiembre con el nombramiento de cuatro magistrados, de acuerdo con el resultado que están alcanzando las conversaciones preliminares en el seno del Consejo General del Poder Judicial. A este organismo le corresponden dos de estas designaciones; las otras dos, al Gobierno. A tenor de estos contactos recientes, la resistencia de un grupo de vocales opuestos a la reforma que el Gobierno puso en marcha con el fin de permitir que el órgano de gobierno de los jueces recupere sus atribuciones en la elección de dos miembros del tribunal no será suficiente para bloquear los cambios constitucionalmente previstos en el órgano de garantías.

Una sólida mayoría del Consejo, compuesta por una quincena de vocales, considera que no se debe impedir la renovación del Constitucional, una vez recuperadas dichas competencias, según afirman fuentes del órgano de gobierno judicial. Ello no implica, sin embargo, que los nombramientos vayan a producirse el próximo 8 de septiembre, fecha para la que el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, convocó el pleno que debería decidir sobre esta cuestión. Las fuentes consultadas estiman que a comienzos de septiembre aún se pueden estar negociando los nombres de los dos magistrados sobre los que tiene que ponerse de acuerdo el pleno. La dificultad está centrada, sobre todo, en la elección del representante del sector conservador.

El objetivo de la mayoría conservadora que actualmente domina el Consejo es llevar al Constitucional a un miembro de la carrera judicial que represente claramente a esta sensibilidad. Lo que se persigue es evitar que en un cierre precipitado del tribunal de garantías se imponga la opción por un perfil poco marcado, que luego no actúe en el seno del Constitucional como permanente contrapeso de la nueva mayoría que se derivará de la renovación, que pasará a ser de signo progresista. El motivo de este previsible cambio de orientación del tribunal deriva de que junto a los dos magistrados que debe nombrar el Consejo, le corresponde al Gobierno designar a otros dos, que obviamente responderán a dicho perfil ideológico.

Con ello, la nueva mayoría del Constitucional será de 7 magistrados progresistas y 5 conservadores, si los relevos se completan con el nombramiento del sucesor del magistrado conservador Alfredo Montoya, que dimitió en julio pasado por motivos de salud. La designación del sustituto de Montoya corresponde al Senado, que difícilmente será escenario de un acuerdo entre PSOE y PP a este respecto en el próximo mes de septiembre. Las fuentes consultadas estiman que este pacto es poco viable mientras no exista entre socialistas y populares una decisión paralela sobre la renovación del propio Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace más de tres años y medio ante el bloqueo del PP. Por tanto, el equilibrio de fuerzas en el Constitucional, tras el próximo relevo de cuatro de sus miembros, sería transitoriamente de 7 magistrados progresistas y 4 conservadores.

La conveniencia de cubrir el puesto dejado por Montoya puede constituir un estímulo para que el PP trate de aproximar posiciones sobre la renovación del Consejo. Sin embargo, no va a ser fácil encontrar muchos candidatos dispuestos a optar por esta sustitución, porque el período de ejercicio del cargo que le quedaba a dicho magistrado conservador es corto, de poco más de tres años, cuando la duración del mandato completo es de nueve años. Será más probable que el PP encuentre un mayor número de aspirantes al puesto a partir del próximo mes de marzo, porque desde entonces quien lo asumiera tendría asegurados esos nueve años de permanencia en el Constitucional, por sus reglas de funcionamiento interno sobre vencimiento de plazos. Dichas normas aseguran un mandato completo, incluso más largo, porque incluyen la posibilidad de ser reelegido si el magistrado al que se sustituye tenía menos de tres años de ejercicio pendientes de cumplir.

Otro cálculo de tiempos que se está realizando se refiere a la fecha límite en que deberían ser elegidos los nuevos magistrados. El pleno del 8 de septiembre convocado por Lesmes para que el Consejo del Poder Judicial designe a los dos magistrados que le corresponde elegir tendrá lugar tres días antes de que el 13 del mismo mes expire el plazo legalmente previsto para que se tome esta decisión. Si no se alcanza el día 8 un pacto, pero hay perspectivas de acuerdo, fuentes del Consejo afirman que se podría convocar otro pleno el 12 de septiembre.

Las mismas fuentes dan por hecho que si no se celebra este pleno in extremis sí se producirá en todo caso un pacto sobre la renovación del Constitucional antes de que concluya dicho mes. Esta convicción no se deriva de que Lesmes le haya dado al Gobierno seguridad sobre el acuerdo, sino de que ni al presidente del Consejo ni al del Constitucional les interesa ni les conviene instalarse en un escenario más conflictivo. Las fuentes consultadas aseguran que el Consejo, a su vez, es conocedor de que el Gobierno actuará con una prudente y limitada flexibilidad en la cuestión de los plazos. Esto significa que el Ejecutivo está dispuesto a esperar hasta finales de septiembre para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde designar, siempre y cuando reciba garantías de que el Consejo hará su parte antes de que concluya dicho mes.

Lesmes votó en el pleno del Consejo contra la reforma que ahora permitirá elegir a dos magistrados del Constitucional, pero una cosa es mostrarse crítico con respecto al contenido de una ley y otra muy distinta boicotearla o negarse a aplicarla. El Gobierno sabe a ciencia cierta que el presidente del Consejo no va a facilitar la renovación del órgano de garantías a cambio de obtener un puesto en él. El mandatario del Poder Judicial tiene 64 años y no le faltarán oportunidades de llegar al Constitucional, como ha sucedido antes en diversas ocasiones con otros presidentes del Consejo y del Supremo. La primera de esas oportunidades podría producirse a partir de marzo próximo, por ejemplo, para cubrir la plaza del mencionado Alfredo Montoya.

En cuanto al presidente del Constitucional, Pedro González Trevijano, la situación se le puede complicar si el Consejo no nombra a los dos magistrados que le corresponden y el Gobierno sí designa a los otros dos que le compete elegir. En ese caso se convocará un pleno del órgano de garantías en el que la mayoría conservadora puede colocar a su presidente en un complejo escenario, mediante el bloqueo del acceso de los nombrados por el Ejecutivo, con el argumento de que la Constitución establece que las renovaciones serán por tercios, de cuatro magistrados cada vez, y no sólo de dos. Trevijano, de la misma edad que Lesmes, ha querido que su presidencia se caracterice por la falta de enfrentamientos internos, y en el supuesto descrito se produciría una crisis institucional sin precedentes, de la que según fuentes del Constitucional no aspira a ser protagonista. Las mismas fuentes aseguran que para su presidente el hecho de verse arrastrado a afrontar esta crisis o aparecer como uno de sus promotores no casa con su gestión de estos últimos meses al frente del tribunal ni con sus actuales proyectos.