Un organismo de la ONU pide explicaciones a España y Marruecos por la tragedia en la valla de Melilla

El Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de las Naciones Unidas, que tiene como mandato promover la justicia y la igualdad racial, ha abierto una investigación para aclarar qué sucedió en la frontera de Nador con Melilla el pasado 24 de junio. Aquella jornada, casi 2.000 personas intentaron entrar en España forzando el acceso del puesto fronterizo; apenas 133 lo consiguieron y al menos 23 murieron, tras enfrentar una violenta resistencia de las fuerzas de se...

El Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de las Naciones Unidas, que tiene como mandato promover la justicia y la igualdad racial, ha abierto una investigación para aclarar qué sucedió en la frontera de Nador con Melilla el pasado 24 de junio. Aquella jornada, casi 2.000 personas intentaron entrar en España forzando el acceso del puesto fronterizo; apenas 133 lo consiguieron y al menos 23 murieron, tras enfrentar una violenta resistencia de las fuerzas de seguridad marroquíes. El organismo, designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha remitido al Gobierno de España una lista de detalladas preguntas a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Buena parte de ellas, sin embargo, no pueden ser respondidas desde España, sino desde Marruecos. Según un comunicado del grupo de expertos, también se ha solicitado Información a Rabat.

En su carta, remitida a los ministerios de Interior, Inclusión, Justicia, Igualdad y Exteriores, el organismo reclama información sobre diversas cuestiones vinculadas a la tragedia. En lo relacionado con España, se interesa especialmente por la actuación de las fuerzas de seguridad. En primer lugar, cuestiona por las investigaciones en curso para aclarar el uso de la fuerza, los efectivos desplegados o los tipos de arma y municiones usadas por agentes españoles. Actualmente, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo tienen abiertas sendas investigaciones que, entre otras cosas, deberían aclarar esta cuestión. El Mecanismo pregunta sobre qué legislación nacional, local o protocolos regulan el uso de las fuerzas del orden y qué medidas se han ido adoptando en España para garantizar la igualdad racial en los cuerpos de Seguridad del Estado.

“Todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe guiarse por los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas y no discriminación”, afirmó el grupo en el comunicado.

Los expertos también piden al Gobierno español información que, en principio, solo tiene (si la tiene) el Gobierno marroquí. Demandan el número, la identidad, género, nacionalidad, edad, informe forense de los fallecidos, todos en el lado marroquí. Se interesan por el estado de identificación de los cadáveres y la relación con las familias de las víctimas. También piden datos sobre los heridos y en qué centros de salud han sido atendidos, así como la identidad de los migrantes encarcelados y su lugar de detención. Los ministerios tienen para responder hasta el próximo 22 de julio.

El Mecanismo tiene el mandato de “promover un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales en el contexto de la labor de las fuerzas del orden en todo el mundo”. Creado el pasado mes de diciembre, está formado por tres expertos independientes. Son la jurista sudafricana Yvonne Mokgoro, que ejerce de presidenta; la doctora Tracie Keesee, doctora en Filosofía y la primera afroamericana en dirigir el departamento de Policía de Denver (Estados Unidos); y el profesor de Derechos Humanos y abogado argentino, Juan Méndez. En este caso, el objetivo del grupo de expertos está limitado realizar recomendaciones concretas para “poner fin a este ciclo de encuentros mortales de personas africanas con las fuerzas del orden”.

Los acontecimientos en la frontera hispano marroquí provocaron una tibia y cuestionada respuesta del Gobierno de España, pero una reacción enérgica de otros agentes internacionales, incluido las Naciones Unidas. Su secretario general, António Guterres, mostró en su Twitter el pasado 29 de junio, su malestar por lo ocurrido. “Estoy consternado por la violencia en la frontera entre Nador y Melilla el viernes que resultó en la muerte de docenas de migrantes y solicitantes de asilo. El uso de excesivo de la fuerza es inaceptable, y los derechos humanos y la dignidad de las personas en movimiento deben ser priorizadas por los países”. Dos días antes, el portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, había asegurado aseguró que tanto Marruecos como España hicieron un uso “excesivo” de la fuerza y pidió que se abriese una investigación.

También la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, afirmó: “Apoyo los llamamientos de Naciones Unidas y la Unión Africana para que se investiguen las pérdidas de vidas. “En todas las situaciones la gente tiene que ser tratada con dignidad y respeto”,

Otras autoridades han pedido también explicaciones al Gobierno español. La comisaria de derechos Humanos del Consejo Europeo, Dunja Mijatović, tuvo la semana pasada un intercambio de cartas con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La comisaria pidió “una investigación independiente y en profundidad que clarifique” las circunstancias en torno a la muerte de los 23 migrantes y refugiados, una cifra que las ONG elevan a 37 fallecidos. Mijatović solicitó información sobre la colaboración entre la policía española y marroquí en materia de inmigración y las medidas adoptadas para evitar vulneraciones de derechos humanos.

El ministro respondió a la carta calificando el episodio de “asalto masivo y violento” y recordó que Marruecos es un “socio estratégico y comprometido” de la Unión Europea con el que la colaboración en materia de migración tiene una “larga y aquilatada trayectoria”. Para Grande-Marlaska, que defendió la actuación de las fuerzas del orden marroquíes durante el salto, “la defensa de la dignidad humana y de los derechos humanos iguales para todos se convierten en una prioridad”. Por último, el ministro justifica el centenar de devoluciones en caliente realizadas aquel día en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de febrero de 2020. El tribunal, recuerda el ministro, reconoce que España ofrece disponibilidad y accesibilidad real de vías jurídicas para solicitar la admisión en su territorio nacional, algo que, como señalaron multitud de organizaciones de defensa de los derechos humanos, no es exactamente así. Para pedir asilo en España, en la inmensa mayoría de los casos, hay que conseguir entrar en el país.