El PSOE descarta cambios en la prisión permanente revisable
Los socialistas apoyan mejoras en el Código Penal, pero sin tocar el artículo que recoge esta pena como proponen los partidos de la derecha
El Grupo Socialista apoyó este martes en el Congreso tramitar una proposición de ley de PP, Ciudadanos y dos partidos del Grupo Mixto para ampliar la prisión permanente revisable a dos nuevos supuestos: cuando el autor de un asesinato sea reincidente y cuando no confiese dónde ocultó el cadáver de la víctima. La propuesta para reformar la máxima condena que contempla el Código Penal español, y que ...
El Grupo Socialista apoyó este martes en el Congreso tramitar una proposición de ley de PP, Ciudadanos y dos partidos del Grupo Mixto para ampliar la prisión permanente revisable a dos nuevos supuestos: cuando el autor de un asesinato sea reincidente y cuando no confiese dónde ocultó el cadáver de la víctima. La propuesta para reformar la máxima condena que contempla el Código Penal español, y que se incorporó en 2015 con el PSOE, entonces en la oposición, en contra, salió adelante gracias al apoyo socialista por 277 votos a favor, 64 en contra y dos abstenciones.
Sin embargo, este apoyo inicial a la tramitación parlamentaria no se traducirá posteriormente en un respaldo del PSOE al contenido de la reforma propuesta. Los socialistas consideran que lo que se pretende con ella se puede conseguir modificando otros artículos del Código Penal sin necesidad de endurecer esta pena. Cuando la mayoría absoluta del PP aprobó, en 2015, la prisión permanente revisable, el PSOE la recurrió ante el Tribunal Constitucional, aunque el alto tribunal finalmente la avaló el pasado octubre por siete votos a favor y tres en contra. Desde su entrada en vigor, los tribunales han impuesto la prisión permanente en 25 ocasiones. La última, el pasado febrero, cuando la Audiencia Provincial de Lugo impuso esta condena a Ana Sandamil por asfixiar a su hija Desirée, de siete años, en mayo de 2019.
El debate de este martes tuvo una importante carga emotiva por la presencia en la tribuna de invitados de Juan Carlos Quer y Marisol Burón, padres respectivamente de Diana Quer y Marta Calvo, dos víctimas cuyos asesinatos han tenido en los últimos años, junto al de Marta del Castillo, gran resonancia mediática. De hecho, buena parte de las intervenciones de los partidos que apoyan la reforma incluyeron constantes alusiones a ellos. Macarena Montesinos, del PP, atribuyó a los padres de las tres jóvenes el papel de inspiradores de la iniciativa, al asegurar que la misma había surgido “del coraje, del tesón, de la dignidad de unas familias destrozadas que no quieren que vuelva a ocurrir”.
En similares términos se pronunciaron Edmundo Bal, de Ciudadanos; Sergio Sayas, de UPN; y Ana Oramas, de Coalición Canaria. Bal insistió en que la reforma es necesaria, porque con la ocultación del cadáver, además de dificultar la investigación, el asesino consigue “aumentar el dolor de los familiares”. Más dura fue Macarena Olona, de Vox, que si bien no firmaba la proposición de ley, la apoyó para castigar a “esos depredadores, esos monstruos que no son reinsertables”. La portavoz de Vox anunció también que, si su partido gobierna, instaurará la cadena perpetua en toda su extensión, con el argumento, no demostrado, de que “mayores penas disminuyen los delitos”.
En contra de la reforma se situaron el resto de los grupos, aunque con diferentes estrategias, Por un lado, tres partidos se opusieron a admitir la propuesta y otros dos, entre ellos el PSOE, la apoyaron para rebatirla durante su tramitación parlamentaria. Entre los primeros se situó el PNV, cuyo portavoz, Mikel Legarda, recordó que su formación ha buscado la derogación de la prisión permanente desde que se aprobó. “El derecho penal no se construye con el dolor de las víctimas”, afirmó. En idénticos términos se expresaron Josep Pagès, de Junts per Catalunya, e Ismael Cortes, de Unidas Podemos. Este último insistió en que “el populismo punitivo no es una herramienta eficaz” y recordó que las tasas de criminalidad en España son de las más bajas de Europa y están muy lejos de las que tiene otros países, como EE UU, donde además de la cadena perpetua existe la pena de muerte.
Con su intervención, Cortés zanjaba las dudas surgidas horas antes del debate sobre cuál iba a ser la posición de voto de la coalición, después de que un primer momento el portavoz de su grupo, Pablo Echenique, no lo aclarara en rueda de prensa y otras fuentes de la formación apuntaran a que sería afirmativo. Fuentes del grupo parlamentario aseguraron ayer que el rechazo a la proposición de ley estaba acordada desde hace días, y achacan la confusión a un malentendido.
PDeCAT y PSOE también se mostraron en contra de la reforma, pero finalmente apoyaron su tramitación parlamentaria. El nacionalista catalán Genís Boadella aseguró que su grupo busca con ello un debate “a fondo” y “técnico” sobre la prisión permanente revisable. Por su parte, el socialista Francisco Aranda criticó la redacción de la propuesta, que calificó de “errónea”, al considerar que no abarcaba todo el problema de la ocultación del cadáver de las víctimas y la reincidencia. Según anunció, el PSOE abogará mediante enmiendas la propuesta endurecer los castigos por estos hechos en otros artículos del Código Penal y mantener la actual redacción del referido a la prisión permanente. Aranda acusó a los partidos de la derecha de confundir “más penas con mejor justicia”.
Gestos de la derecha hacia las víctimas
Antes y después de las intervenciones de los grupos parlamentarios, el debate sobre la reforma de la prisión permanente revisable se trasladó al terreno de los gestos. Así, antes de su inicio, los padres de Diana Quer y Marta Calvo pidieron ante la prensa en las puertas del Congreso el apoyo de los grupos parlamentarios a la propuesta de endurecimiento de la pena. Quer afirmó que el “altísimo nivel de reincidencia” de “asesinos y violadores” debía poner a la sociedad “en prevención”. Burón reclamó el apoyo a una medida que, ha asegurado, “puede salvar vidas”. Durante estas declaraciones, ambos estuvieron acompañados por diputados de los cuatro partidos que presentaron la proposición de ley (PP, Cs, UPN y CC), además de Vox. El partido de ultraderecha, al término del debate, intentó capitalizar de nuevo la imagen de apoyo a estas víctimas. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, subió a la tribuna de invitados, donde Quer y Burón seguían la sesión, para mostrarles su solidaridad. Además, el líder de su partido, Santiago Abascal, cuya presencia es poco habitual en estos plenos, se incorporó a su escaño mediado el debate. La mayoría de diputados aplaudieron el resultado de la votación durante un minuto entre los gestos agradecidos de Quer y Burón.
La pena más cercana a la cadena perpetua
La prisión permanente revisable fue el punto más controvertido de la reforma del Código Penal aprobada el 30 de marzo de 2015 y que entró en vigor el 1 de julio de ese año, siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy y ministro de Justicia Rafael Catalá.
La reforma prevé esta pena máxima para los delitos más graves del Código Penal, entre ellos los asesinatos múltiples, los de menores de 16 años y personas vulnerables, los que se produzcan en el contexto de un delito contra la libertad sexual, y los que cometan miembros de grupos y organizaciones criminales. También se aplica a un asesino del Rey o la Reina, o al heredero al trono.
La norma contempla la revisión de las condenas una vez cumplida una parte de la que oscila entre 25 y 35 años de prisión ininterrumpida. Pasado este plazo, el tribunal deberá revisar de oficio cada dos años si la prisión debe ser mantenida. Esta previsión deja en manos de los jueces determinar que un reo no llegue a salir nunca de prisión en función de su grado de reinserción, lo que en la práctica puede suponer una condena de cadena perpetua.
Tras la entrada en vigor, un grupo de más de 50 diputados de diferente partidos de la oposición recurrieron la prisión permanente revisable ante el Tribunal Constitucional. Los parlamentarios consideraban que esta pena entra en la categoría de penas “inhumanas y degradantes” que prohíbe expresamente la Constitución en su artículo 15. Los recurrentes argumentaban que “la especial intensidad de los sufrimientos psíquicos y morales que su cumplimiento” que la prisión permanente puede producir en el interno tanto por su duración como por la “inseguridad jurídica del procedimiento de revisión, incapaz de ofrecer una esperanza efectiva de alcanzar la libertad”.
El Tribunal Constitucional, en una sentencia con siete votos favorables y tres votos particulares en contra, avaló en octubre de 2021 la redacción del Código Penal. Eso sí, obliga a que la norma se interprete de manera que una persona condenada a prisión permanente que salga en libertad condicional y vuelva a cometer un delito o rompa las condiciones de la libertad condicional no pierda el derecho a las revisiones en el futuro.