El Gobierno rastrea los bienes de 11 oligarcas rusos con intereses en España

El Gobierno ha puesto en marcha un amplio dispositivo, que incluye la participación de decenas de expertos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Vigilancia Aduanera y otros ámbitos de la Administración, para rastrear los posibles activos en España de las 893 personas de nacionalidad rusa y bielorrusa y 65 sociedades que figuran en la lista de sancionados de la Unión Europea por su cercanía al régimen del presidente Vladímir Putin y que ha sido actualizada este martes. Las pesquisas, en las que colaboran también el Consejo General del...

El Gobierno ha puesto en marcha un amplio dispositivo, que incluye la participación de decenas de expertos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Vigilancia Aduanera y otros ámbitos de la Administración, para rastrear los posibles activos en España de las 893 personas de nacionalidad rusa y bielorrusa y 65 sociedades que figuran en la lista de sancionados de la Unión Europea por su cercanía al régimen del presidente Vladímir Putin y que ha sido actualizada este martes. Las pesquisas, en las que colaboran también el Consejo General del Notariado, el Colegio de Registradores, la Dirección General de Marina Mercante, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), entre otros, se centran, principalmente, en 11 oligarcas rusos de los que hay constancia de que tienen o han tenido en los últimos años intereses en España, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación.

En este sentido, Abogacía General del Estado entregó este lunes al Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, un informe en el que avala la aplicación de las sanciones contenidas en las decisiones del Consejo de Europa. El documento, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, detalla cómo se debe actuar administrativamente para ejecutar de manera inmediata esta medida en el caso concreto de los yates sobre los que se sospeche que son propiedad de alguno de los multimillonarios sancionados. En los dos últimos días, las autoridades españolas ya han retenido dos de estos barcos, uno en Barcelona y otro en Mallorca, para que no puedan hacerse a la mar ni puedan ser vendidos. Fuentes consultadas apuntan que en las próximas horas se pueden sumar otros navíos.

Ocho de estos 11 magnates sobre los que se centran ahora las pesquisas aparecen en la lista de sancionados de la UE. Se trata de Mijaíl Fridman (al frente hasta hace unos días de la gestión del grupo de inversión LetterOne, que controla el 77% de la cadena de supermercados Dia), Roman Abramóvich (con participaciones en empresas energéticas rusas y dueño del club de fútbol inglés Chelsea) Petr Olegovich Aven (socio de Fridman), los hermanos Arkadi y Boris Rotenberg (constructores amigos de la infancia de Putin que han realizado lucrativos negocios con el monopolio exportador del gas, Gazprom), Alisher Usmanov (magnate del sector del metal y considerado el testaferro del presidente ruso), Serguéi Chemezov (número uno de la mayor empresa pública rusa de armamento) y Alexander Mijeev (director general de Rosoboronexport, empresa ligada a la corporación estatal rusa Robotec que se dedica a la exportación de material de defensa). Abramóvich y Mijeev han sido incluidos este martes. Los otros tres aún no figuran en ese listado, aunque si aparecen el que han elaborado las autoridades de EE UU. Se trata del empresario Andréi Molchanov, de Víktor Vekselberg (fundador del consorcio Renova y considerado el hombre más rico de Rusia) y de Vagit Alekperov (presidente de la segunda petrolera rusa, Lukoil, y que tras el estallido de la guerra mostró “su más profunda preocupación por los trágicos acontecimientos en Ucrania”).

Las pesquisas ―que todas las fuentes consultas coinciden en calificar de “complejas”― se hacen a instancias de las autoridades competentes en cada caso, que pueden actuar de oficio, sin esperar una orden judicial. Así, en el caso de barcos y aeronaves, son la Dirección General de Marina Mercante y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ambas dependientes del Ministerio de Transportes, las que pueden impartir las instrucciones para proceder al precinto e inmovilización de los bienes localizados. En el caso de bienes inmuebles, se encarga el Consejo General del Notariado. Las investigaciones se centran, sobre todo, en las islas Baleares, Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, regiones en las que tradicionalmente se ha asentado la comunidad rusa, pero también en otros lugares, como Melilla. “En España hay cerca de 80.000 ciudadanos rusos con residencia legal, pero ninguno de ellos está en la lista de sancionados”, detalla una de las fuentes consultadas.

Por ahora, las pesquisas se han centrado principalmente en los barcos de recreo que los oligarcas rusos pudieran tener amarrados en puertos españoles. De hecho, el 28 de febrero la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, dependiente de la Marina Mercante, solicitó a todos los puertos deportivos información sobre embarcaciones con bandera rusa o propiedad de armadores rusos con más de 24 metros de eslora. No obstante, fuentes cercanas a la investigación añaden que las pesquisas se han ampliado tras constatar que muchos de los navíos de los oligarcas tienen bandera de conveniencia de países como las Bahamas e Islas Caimán, o están a nombre de sociedades pantallas en paraísos fiscales.

“Una de las principales dificultades para localizar y actuar contra los bienes de los oligarcas es, precisamente, que buena parte de sus propiedades figuran a nombre de empresas fantasmas que, además, tienen su sede en países que no suelen colaborar con las autoridades de otros Estados”, señalan fuentes cercanas a la investigación, que auguran que el rastreo puede durar meses. La tarea ha incluido también la comprobación de los manifiestos de los barcos (documentos que se entregan en el puerto al atracar y que incluyen datos sobre la carga, tripulación, procedencia y destinos), consignatarias marítimas (empresas encargadas de representar los intereses del propietario de un buque mientras está en puerto) y aseguradoras, para saber quién es realmente el propietario del yate.

Así ha pasado, por ejemplo, con el primer barco inmovilizado, el Valerie, un yate de 85 metros de eslora y valorado en 130 millones de euros que fue precintado el lunes en el puerto de Barcelona y que supuestamente pertenece a uno de los empresarios de la lista, Chemezov. Entre el oligarca y el barco hay una intrincada red de sociedades en paraísos fiscales, según desvelaron los llamados Papeles de Pandora, investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que participaron EL PAÍS y La Sexta en España.

El segundo yate retenido, en este caso en Port Adriano (Mallorca), es el Lady Anastasia, supuestamente propiedad de Alexander Mijeev. Esta embarcación fue saboteada el 27 de febrero, tres días después del inicio de la guerra, por uno de los tripulantes ucranios, que intentó hundirla en represalia por la agresión rusa a su país. La intervención de la Guardia Civil de este barco se produjo este martes en aplicación de una resolución de la UE que entró en vigor en la medianoche y que ampliaba el número de personas sancionadas. De hecho, Mijeev no aparecía hasta ahora en la lista de la UE. Ninguno de los dos barcos llevaba bandera rusa.

El siguiente foco de los investigadores son otros bienes, como inmuebles, y sociedades mercantiles que sospechan que pudieran tener los oligarcas. Según detallan las fuentes consultadas, en este rastreo las aseguradoras están teniendo un papel fundamental para conocer la titularidad real de estos activos. En esta labor también participar el Colegio de Registradores de España, a través del Centro Registral de Blanqueo.