Podemos presiona al PSOE para que no cambie la ley de vivienda

La futura ley de vivienda vuelve a generar tensiones dentro del Gobierno. Tras el último informe del Consejo General del Poder Judicial, que advierte de que la norma supone una “clara limitación” de las competencias de las comunidades autónomas, el socio minoritario de la coalición teme que el PSOE se abra a modificar el borrador aprobado en el Consejo de Ministros en octubre. Fuentes del Minister...

La futura ley de vivienda vuelve a generar tensiones dentro del Gobierno. Tras el último informe del Consejo General del Poder Judicial, que advierte de que la norma supone una “clara limitación” de las competencias de las comunidades autónomas, el socio minoritario de la coalición teme que el PSOE se abra a modificar el borrador aprobado en el Consejo de Ministros en octubre. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ocultan su “preocupación” ante la posibilidad de que los socialistas puedan “echarse atrás” en “los aspectos más ambiciosos” de la ley de vivienda —como la regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas— ante un informe “previsiblemente duro” del órgano de gobierno de los jueces, y anuncian una “ronda de contactos” con organizaciones que defienden el derecho a la vivienda.

Las presiones públicas de Unidas Podemos han causado sorpresa en el PSOE. En La Moncloa se muestran tajantes y aseguran que el temor del socio minoritario a una ley menos ambiciosa “no está justificado”. “Es uno de los compromisos más importantes que tenemos en nuestra legislatura, una ley que da respuesta a las necesidades de los jóvenes y de esos compromisos no nos vamos a mover. No hay ningún género de dudas al respecto”, ha manifestado Isabel Rodríguez en la comparecencia de prensa tras el Consejo de Ministros. La portavoz del Ejecutivo ha reiterado que la futura normativa “respetará” las competencias de las comunidades autónomas y “tendrá rigor jurídico”, y se ha dirigido con énfasis a la población más joven, para la que el acceso a la primera vivienda suele ser un problema. La ministra ha incidido en que el informe del Poder Judicial es preceptivo, pero no vinculante, esto es, que el Gobierno no contempla renunciar a algunos de los puntos acordados entre PSOE y Unidas Podemos. Fuentes gubernamentales se muestran en privado más contundentes y afirman que el informe del Poder Judicial “no va a provocar que el Gobierno cambie la ley”. “El Gobierno hace leyes constitucionales y esta es una buena ley”, zanjan tras el último encontronazo de los socialistas con Unidas Podemos.

Antes del Consejo de Ministros, en una entrevista en TVE, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha indicado que el Ejecutivo “no se cierra” a mejorar la ley, aunque ha manifestado que el texto es “especialmente cuidadoso” con las competencias autonómicas. De hecho, la norma deja en manos de las autonomías la potestad de declarar algunas zonas como tensionadas, algo que algunos dirigentes del PP ya han rechazado hacer en sus territorios. Bolaños ha reiterado, como ya lo hizo la semana pasada el presidente Pedro Sánchez, que el compromiso del Gobierno es hacer de la vivienda un derecho. “No tenemos ánimos de polemizar, vamos a leer los argumentos [del informe]”, ha indicado Bolaños, para “intentar mejorar esa ley que queremos sea impecable desde el punto de vista jurídico”.

Ante la posibilidad de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pueda introducir cambios, siquiera menores, en el articulado, Podemos ha optado por redoblar la presión al PSOE. Desde el departamento de Belarra recuerdan la situación “excepcional” del Consejo del Poder Judicial, cuya renovación está pendiente desde hace tres años y que, aseguran en el partido de izquierda, en este caso solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil —aquellos que afectan a los procedimientos de desahucios—. Al órgano presidido por Carlos Lesmes no le corresponde “en ningún caso”, evaluar la constitucionalidad de la norma, señalan fuentes de Derechos Sociales. Este ministerio recuerda que el informe es preceptivo, pero no vinculante, por lo que no existe obligación legal de asumir su contenido, insiste. Este lunes, Podemos, a través de su portavoz, Isa Serra, acusó también al Poder Judicial de liderar la “reacción antidemocrática” al Gobierno de coalición.

El ministerio de Belarra, quien asumió durante meses personalmente la negociación de la ley de vivienda con la titular de Transportes, Raquel Sánchez, y Bolaños, pone en marcha a partir de este martes una ronda de contactos con las organizaciones y movimientos sociales que defienden el derecho a una vivienda digna. La intención, según explican, es “mostrar” a la sociedad española “la urgencia” de la ley y el “amplio respaldo” con el que contaría un texto “verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional”. El borrador de la ley fue criticado en su día por diferentes organizaciones al considerar algunas de sus medidas descafeinadas. La intención de Unidas Podemos es introducir enmiendas en la tramitación parlamentaria que puedan “mejorarlo”. Las reuniones de Belarra incluyen a la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC y los sindicatos CC OO y UGT.