La Moncloa y ERC buscan contenido para poder reunir la mesa de diálogo

El Gobierno y ERC no han roto en ningún momento las conversaciones discretas para intentar que avance la mesa de diálogo, el proyecto más ambicioso para intentar deshacer la madeja del procés y reorientar el conflicto político catalán. Sin embargo, las conversaciones, en especial entre ...

El Gobierno y ERC no han roto en ningún momento las conversaciones discretas para intentar que avance la mesa de diálogo, el proyecto más ambicioso para intentar deshacer la madeja del procés y reorientar el conflicto político catalán. Sin embargo, las conversaciones, en especial entre Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Laura Vilagrá, consellera de Presidencia de la Generalitat, no acaban de lograr un punto de encuentro para preparar el terreno para una nueva reunión de la mesa de diálogo. Bolaños y Vilagrá intentan pactar un contenido para que esa cita no sea un fracaso.

No tiene sentido, explican fuentes del Gobierno y ERC, poner una fecha para la mesa de diálogo antes de tener acordado un contenido mínimo. Y eso es lo que se busca ahora, porque las posiciones siguen muy alejadas. Una de las cuestiones que se acordó en el último encuentro es que se trabajaría discretamente para buscar acuerdos y solo habría reuniones públicas cuando tuvieran un contenido acordado que pudiera hacerse público.

En la última cita, el 15 de septiembre de 2021, después de un parón de año y medio por la pandemia y los cambios en la política catalana —de un president de Junts, Quim Torra, se pasó a uno de ERC, Pere Aragonès— se acordó que se haría un nuevo encuentro “a principios de año”. Tanto en La Moncloa como en ERC dan por hecho que habrá cita, pero no está claro cuando.

Aragonès dijo este sábado, en una visita al Ayuntamiento de Granollers (Barcelona), que el encuentro será “en las próximas semanas”. En La Moncloa, sin embargo, no tienen mucha prisa y creen que ahora, en plena sexta ola y con una agenda legislativa importante encima de la mesa, en especial la reforma laboral, que tiene que ser convalidada en el Congreso —los votos de ERC pueden ser decisivos—, la mesa de diálogo no es una prioridad urgente.

Las elecciones en Castilla y León, el 13 de febrero, desaconsejan además al PSOE meterse en este momento en el espinoso asunto de la mesa de diálogo. Esta comunidad es un territorio muy difícil para el PSOE, porque lleva 30 años en manos del PP, aunque los socialistas fueron el partido más votado en 2019 gracias a la división de la derecha. Y en una comunidad muy conservadora y españolista como esta, no conviene al PSOE que el debate giro alrededor de las negociaciones con ERC. Por eso es muy poco probable que la mesa se celebre antes del 13 de febrero, aunque no hay nada cerrado.

En cualquier caso el diálogo entre La Moncloa y la Generalitat y el PSOE y ERC se mantiene intacto y es constante, según las fuentes consultadas. Una muestra de que la relación sigue siendo normal entre ambas administraciones es que esta misma semana comenzarán los encuentros preliminares para cerrar el orden del día de la próxima Comisión Bilateral Estado-Generalitat. Este año la presidencia de este órgano constitucional, donde se deciden traspasos o se revisan el nivel de deuda e incumplimientos en infraestructuras, corresponde a la consejera Vilagrà y se espera que, tras la ronda técnica de preparación, la reunión sí se celebre a finales de enero.

Ese es un carril de la negociación entre el Ejecutivo estatal y el catalán. En el otro, el del diálogo sobre el conflicto político, las concreciones no son tan claras, pese a que la voluntad de seguir buscando una salida acordada es de momento inamovible.

El mes de enero, que en las últimas semanas se había manejado en Cataluña como la fecha más probable para el nuevo encuentro de la mesa de diálogo, se ve cada vez menos factible.

ERC mantiene la presión, al menos en declaraciones. Aragonès, en su mensaje de fin de año, dejó claro que si no había frutos en ese próximo encuentro se pasaría a diseñar un plan b de “embate democrático”, una referencia a un posible intento de referéndum no acordado.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, no quiso explicar, el pasado martes, si ya se había puesto en marcha el diseño de ese plan alternativo, ante la insistencia del Ejecutivo central en que la reunión se tendría que postergar para atender las urgencias de la sexta ola del coronavirus. En esa misma rueda de prensa, junto con el consejero de Empresa, Roger Torrent —miembro de la mesa de diálogo— tampoco reveló cuáles han sido los avances de la negociación en casi cinco meses.

Reunirse, además, implica tener que mostrar un resultado tangible, como las dos partes se comprometieron en septiembre en Barcelona. Si bien algunas fuentes de la negociación hablan de una posibilidad que sería fijar el formato de las conversaciones, esa metodología se ofrece como un adelanto muy nimio tras la foto inicial en la capital catalana. Pero de momento parece muy difícil encontrar un punto medio entre la intención republicana de lograr un referéndum de independencia y, por el otro, la voluntad de Pedro Sánchez de cerrarlo todo con la llamada Agenda del Reencuentro.

Aragonès defendió este sábado que “no hay tiempo que perder para encontrar una solución democrática”. En cualquier caso, los republicanos necesitan alguna prueba de la utilidad de su apuesta por la vía de diálogo ante los últimos escollos en la política doméstica, como el rosario de sentencias que obligan a dar más castellano en la escuela, o las críticas constantes por su apoyo al Gobierno en el Congreso, por ejemplo con los Presupuestos, a cambio de “nada” según Junts.

ERC desliga su voto en la reforma laboral

Casi todos los caminos de la mayoría de la investidura conducen a ERC. Una vez que Ciudadanos, tras la fortísima presión de Pablo Iglesias en la negociación de los Presupuestos de 2021, se salió de la ecuación como posible aliado del Ejecutivo, ERC se torna imprescindible en cada votación. Es lo que vuelve a pasar en la convalidación del decreto de la reforma laboral, que tiene que aprobarse en el Congreso antes del 7 de febrero. La Moncloa está trabajando la opción alternativa de Ciudadanos, que ve con buenos ojos esta reforma porque entiende que se parece mucho a la que ellos plantearon en 2016 y que se pactó con el PSOE en el documento que acordaron Pedro Sánchez y Albert Rivera para una investidura que después fue fallida. Pero ese sería el plan b. El plan a es convencer a ERC y al PNV y sacar adelante la reforma con el bloque de la investidura.

Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos, clave en esta negociación que ha liderado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confían en convencer tanto a los nacionalistas vascos como a los republicanos catalanes. Y para ello es fundamental que ERC no esté vinculando en las conversaciones previas el avance de la mesa de diálogo y su apoyo a la reforma laboral.

Si se mezclaran las dos negociaciones, en plena precampaña de las elecciones de Castilla y León, las cosas podrían complicarse mucho. Pero ERC se está centrando de momento en la propia reforma laboral y sobre todo en la idea, también defendida por el PNV, de que los convenios autonómicos estén por encima de los sectoriales. Díaz, que ha sido la artífice principal de una negociación muy complicada para incluir tanto a la patronal como a los sindicatos, tiene buena relación con ERC y confía en incluirla en el acuerdo. La Moncloa, con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al frente, también espera incluir a Ciudadanos.

La reforma ahora mismo no tiene votos para salir, y está en el aire, pero las negociaciones de las próximas semanas podrían acabar con un apoyo muy importante, como pasó en los Presupuestos, o incluso superior, si entra Ciudadanos. Eso dejaría aún más en evidencia al PP que, pese al respaldo de la patronal, insiste en votar en contra. A principios de febrero se prevé esa votación clave.