Archivada la denuncia por el supuesto trato de favor a un familiar de García Egea

El juez ha archivado la denuncia que Podemos e Izquierda Unida interpusieron el pasado mes de junio contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, al que acusaban de un posible delito de cohecho por, supuestamente, haber mediado para adelantar la fecha de una operación quirúrgica a un familiar del número dos del PP nacional, Teodoro García Egea. En un auto dictado este lunes, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Murcia hace suyo el informe que ...

El juez ha archivado la denuncia que Podemos e Izquierda Unida interpusieron el pasado mes de junio contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, al que acusaban de un posible delito de cohecho por, supuestamente, haber mediado para adelantar la fecha de una operación quirúrgica a un familiar del número dos del PP nacional, Teodoro García Egea. En un auto dictado este lunes, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Murcia hace suyo el informe que la Fiscalía emitió el pasado 16 de diciembre y en el que aseguraba que no había “indicios mínimos” de ninguna actuación delictiva.

La denuncia se basaba en una información publicada por el periódico digital Infolibre que incluía varias fotografías de la pantalla del teléfono móvil de López Miras en la que se podían leer fragmentos de una conversación por WhatsApp con García Egea, de quien es amigo personal desde su juventud, sobre la operación de su familiar.

Para el juez, la causa debe ser archivada “por cuanto que los hechos que se exponen en la denuncia no pasan de ser una mera sospecha, basada en noticias periodísticas y huérfana de mínimos indicios probatorios que avalen el inicio de un procedimiento penal”. Además, en su escrito se refiere a dos certificados firmados por un responsable del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde se llevó a cabo la cirugía, que justifican “la regularidad del tratamiento, prioridad y fechas de intervención médica objeto de la denuncia”.

El mismo juzgado había abierto diligencias previas sobre este caso el pasado 7 de diciembre para preguntar a la Fiscalía su opinión sobre la viabilidad jurídica de la denuncia, a lo que el ministerio público descartó cualquier posibilidad de un delito de cohecho porque, incluso aunque se pudiera demostrar el supuesto trato de favor, algo sobre lo que consideraba que no había pruebas, ni el presidente murciano ni el otro acusado, el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, habrían obtenido ninguna recompensa. Para el fiscal, los hechos relatados en la noticia original “no suponen la comisión de delito alguno”, al margen de la “valoración extrajurídica” que se pueda hacer sobre el asunto.