Los barones esperan más dinero para pactar la financiación autonómica
El Gobierno está dispuesto a incluir más fondos, pero siempre que el PP quiera negociar
Todo indica que será uno de los asuntos centrales de 2022. La reforma de la financiación autonómica, una cuestión pendiente desde 2014, cuando caducó el actual modelo, es en apariencia un sudoku imposible. Las variables son tantas y las presiones políticas tan intensas que Mariano Rajoy no pudo cuadrarlo en siete años, ni siquiera con mayoría absoluta. Hacienda envió una propuesta el pasado viernes, y ...
Todo indica que será uno de los asuntos centrales de 2022. La reforma de la financiación autonómica, una cuestión pendiente desde 2014, cuando caducó el actual modelo, es en apariencia un sudoku imposible. Las variables son tantas y las presiones políticas tan intensas que Mariano Rajoy no pudo cuadrarlo en siete años, ni siquiera con mayoría absoluta. Hacienda envió una propuesta el pasado viernes, y las primeras reacciones demuestran que no será nada fácil un acuerdo.
Sin embargo, cuando se consulta a barones autonómicos de los dos grandes partidos, aunque con matices, todos coinciden en algo: si hay más dinero para repartir, y por tanto nadie pierde en el reparto sino todos ganan algo, no es imposible un acuerdo, aunque sí muy difícil por motivos políticos: en 2022 hay elecciones en Andalucía, y en 2023 en la mayoría de las autonomías.
El riesgo, admiten varios de ellos, es que finalmente el debate quede pospuesto para 2024, ya con un nuevo Gobierno y un equilibrio de fuerzas diferente. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con María Jesús Montero al frente de este ambicioso reto, está dispuesto a apostar a fondo por esta reforma y asume también que tendrá que incluir más fondos en el sistema para lograr un acuerdo, como se hizo en las anteriores reformas, todas ellas en momentos de bonanza económica y no de crisis.
El equipo de Montero ha decidido no empezar por el tamaño de la tarta —esto es, cuánto dinero se repartirá—, sino por el sistema de reparto. Es ahí, explican fuentes de Hacienda, donde se puede empezar a fraguar un consenso para después discutir las cifras.
El Gobierno está dispuesto a entrar a fondo en el debate durante 2022, cuando lleguen las respuestas de las comunidades a la propuesta que ha hecho Hacienda. Pero, antes, el Ejecutivo quiere saber si el PP está realmente dispuesto a pactar. Las primeras respuestas de las comunidades en manos del PP han sido negativas, pero algunos barones consultados señalan que sí habría margen para negociar.
Las cosas han cambiado mucho en los últimos meses y ahora incluso se reúnen barones del PP y del PSOE por grupos de interés —ocho comunidades de la España vaciada de tres partidos diferentes se citaron en Galicia mientras la Comunidad Valenciana (PSOE), Andalucía (PP) y Murcia (PP) buscan unir fuerzas por otro lado— y esto abre la posibilidad de encontrar acuerdos al margen de las direcciones de los partidos.
Pero en Hacienda tienen claro que sin un acuerdo de fondo PSOE-PP la reforma es imposible. La nueva financiación autonómica sería una ley orgánica, y se vota en el Congreso. Y ahí Pablo Casado domina a su grupo, no importa lo que digan sus barones. Por eso es fundamental, creen en Hacienda, que el PP muestre en estas semanas si está dispuesto o no a negociar en serio la reforma. “Ahora que hemos enviado el documento es inequívoca la voluntad del Gobierno de avanzar”, señalan fuentes del Gobierno. “Ahora hay que ver la voluntad de consenso del PP; si no, es imposible”.
Algunos barones socialistas consultados creen que Casado, tal y como está ahora, que no pacta ni el Poder Judicial y tiene mucha presión de Vox, no querrá dar a Sánchez esa baza de un gran acuerdo en financiación autonómica. Pero por otro lado, los barones del PP necesitan la reforma tanto como los del PSOE. Y en esa tensión entre las dos corrientes se va a mover la negociación.
El viernes, Hacienda envió un extenso documento, el más detallado que se haya trabajado nunca, según admiten varios barones autonómicos, con una propuesta de reparto que revisa el criterio de población ajustada y eleva el peso del gasto sanitario y educativo. La reforma pretende aumentar el protagonismo de factores distintos de la población total a la hora de repartir los fondos.
Barones socialistas como Guillermo Fernández Vara, ahora con un liderazgo importante como responsable de política autonómica del PSOE, o el valenciano Ximo Puig han apoyado claramente el documento y la iniciativa del Ejecutivo, y también lo ha hecho Castilla-La Mancha, dirigida por el socialista Emiliano García-Page. Mientras, Galicia y Madrid, por motivos diferentes, fueron muy críticas.
Hasta finales de enero
Pero los reproches fueron hechos tras una primera mirada. Las comunidades tienen hasta finales de enero para responder y plantear mejoras, y la negociación real está aún por empezar. De hecho, el documento plantea horquillas en cada factor para abrir la discusión, no es una propuesta cerrada.
En Castilla y León y en Andalucía, dos comunidades clave en manos del PP y que siempre han mostrado más interés por negociar que Madrid, que se opone sistemáticamente a todo lo que venga del Gobierno, se muestran escépticos. En Castilla y León no ven voluntad real de negociar y creen que Hacienda ha hecho el documento para tener algo. En Andalucía hablan de “huida hacia delante”. Todas las autonomías del PP exigen que antes de hablar de esta reforma, Hacienda les dé dinero a través de un fondo covid para hacer frente a los gastos extra derivados de la pandemia. Pero en cuanto al fondo del asunto, todas las autonomías consultadas, incluidas las del PP, señalan que si hay más dinero encima de la mesa se puede buscar un acuerdo porque el clima político entre los propios barones ha cambiado, como demuestran las recientes reuniones.
Los dirigentes autonómicos hablan más que nunca y tienen cada vez más claro que esta no es una batalla entre el PSOE y el PP, porque Castilla y León (PP) y Castilla-La Mancha (PSOE), con territorios enormes, despoblados y muy envejecidos, tienen muchos más intereses en común que con Madrid (PP) o la Comunidad Valenciana (PSOE). “Hemos metido distintas variables que reclamaban todas las autonomías”, señalan fuentes de Hacienda. “Por ejemplo, la población universitaria que era importante para Andalucía. O la tasa de desempleo sin prestación. Pero también se meten los costes fijos para comunidades poco pobladas que reclamaba Galicia. Es un modelo equilibrado, pero estamos abiertos a la discusión. Tienen tiempo para enviar propuestas”.
Un barón del PP señala: “Creo que es una maniobra de distracción. Los modelos de financiación solo se han podido reformar en épocas de crecimiento, con Felipe [González], Aznar, o Zapatero. Ahora hay incertidumbre. O hay crecimiento y todos ganamos o no se puede hacer”. Otro barón socialista plantea: “Por primera vez desde 2013 hay un papel serio encima de la mesa. Ahora el PP tiene un gran problema, porque tiene que fijar posición y tiene al menos tres modelos: el de Andalucía, el de Madrid, y el de Galicia. Casado tiene que mojarse”. También en el PSOE hay discrepancias entre sus barones. El sudoku político es muy complicado. Pero ahora al menos ya hay con qué negociar.