Defensa venderá los terrenos cedidos durante la crisis migratoria en Canarias
Migraciones comprará dos terrenos por 9,5 millones, pero Interior se niega a pagar
El Ministerio de Defensa dejará de ceder gratuitamente los terrenos militares que prestó el año pasado a los ministerios de Interior y de Migraciones para acoger inmigrantes en Canarias. Margarita Robles quiere que Interior compre el antiguo polvorín de Barranco Seco, que se usa para la custodia policial de los recién llegados en Gran Canaria y que Migraciones adquiera dos antiguos cuarteles, uno en Las Palmas y otro en Tenerife, ...
El Ministerio de Defensa dejará de ceder gratuitamente los terrenos militares que prestó el año pasado a los ministerios de Interior y de Migraciones para acoger inmigrantes en Canarias. Margarita Robles quiere que Interior compre el antiguo polvorín de Barranco Seco, que se usa para la custodia policial de los recién llegados en Gran Canaria y que Migraciones adquiera dos antiguos cuarteles, uno en Las Palmas y otro en Tenerife, donde se han construido dos macrocampamentos de acogida. Una valoración inicial de los tres terrenos, que estaban en desuso antes de la cesión, roza los 11 millones de euros, según fuentes conocedoras del proceso. Hasta ahora, Interior y Migraciones solo abonaban el agua y la luz.
Defensa lleva desde comienzos del verano tanteando a los equipos de José Luis Escrivá y Fernando Grande-Marlaska. La propuesta supone o pagar o abandonar unos terrenos donde en el último año se han invertido millones para construir estructuras más o menos estables. Y cada ministerio la ha recibido de forma muy distinta.
Migraciones ya estudiaba hacerse con algunos espacios para cumplir con su plan de convertir los campamentos en centros estables. Fuentes del departamento confirman que preparan la compra del regimiento de Canarias 50, en la capital de Gran Canaria, y del acuartelamiento de Las Canteras, en el municipio tinerfeño de La Laguna. Los dos recintos están valorados inicialmente en 8 y 1,5 millones respectivamente. Migraciones no comprará otros terrenos que usa actualmente para la acogida de migrantes en la base militar de El Matorral, en Fuerteventura, y en el antiguo cuartel de Las Raíces, en Tenerife, por lo que se prevé que los campamentos allí instalados acaben desmontándose en un plazo por determinar.
Interior, por su parte, rechaza pagar los 1,2 millones que, según una valoración inicial, costaría Barranco Seco, donde pueden permanecer detenidas hasta 900 personas. El ministerio de Grande-Marlaska considera que la ley permite una cesión gratuita y que esa debería ser la fórmula para mantener el uso actual del polvorín, una infraestructura clave en la recepción de inmigrantes en el archipiélago. Fuentes de Interior rechazan entrar en detalles sobre el futuro del recinto, pero señalan que “mantienen conversaciones para contar con las mejores instalaciones para la recepción de migrantes en Canarias”. El argumento de Interior es que “la gestión de la migración es una política de Gobierno, por lo que todos los departamentos deben colaborar”.
Cambio de uso
Fuentes de Defensa explican que las cesiones son necesariamente temporales pero, al cambiarse el uso del bien con carácter definitivo, debe prepararse un “expediente de mutación demanial [un cambio de titularidad]” que conlleva siempre una compensación. De no hacerse así, el titular que tiene adscrito ese inmueble de dominio público lo recupera para los fines para los que estaba inicialmente previsto; en este caso la defensa nacional. Según las mismas fuentes, la legislación obliga al pago de una compensación a la que Defensa “no puede ni quiere renunciar”. Su importe final lo fijará la Dirección General del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, en base a unos módulos objetivos.
En su momento, la cesión de estos terrenos en pleno repunte de llegadas de pateras y cayucos a Canarias hace ya un año no estuvo exenta de polémica. El inicio de la crisis estuvo marcado por la descoordinación entre ministerios y las resistencias de la ministra Margarita Robles —así como de autoridades locales— a ceder sus terrenos para la acogida de inmigrantes. Sin espacios para custodiar ni dar una cama a los recién llegados, el repunte acabó convirtiéndose en una crisis humanitaria y las imágenes del muelle grancanario de Arguineguín, con cientos de personas hacinadas, dieron la vuelta al mundo. El pulso generó tensiones entre los dos ministerios y Defensa. Robles, finalmente, cedió y prestó gratuitamente varios terrenos que ayudaron a vaciar hoteles usados como centros de acogida y a desmantelar el muelle.
La negativa de Interior a pagar por el antiguo polvorín de Barranco Seco abre una nueva pugna entre ministerios. Ninguno aclara qué ocurrirá con el emplazamiento si ambos mantienen sus posiciones, pero el escenario de tener que salir de Barranco Seco supone un desbarajuste para Interior. Cedido en octubre, el campamento policial tardó un mes en funcionar, pero sus carpas militares fueron clave para desalojar el 29 de noviembre el muelle de Arguineguín. Desde entonces, Interior ha invertido millones de euros en mejorarlo y ha comprobado la dificultad para encontrar terrenos que sirvan para instalar este tipo de centros de custodia policial para las primeras 72 horas. En Lanzarote y en Fuerteventura, donde estaba previsto abrir dos espacios para este fin, aún no lo ha conseguido.