El Parlament respalda a Torrent y tilda de “ilegítima” su imputación
En una declaración la cámara catalana apoya a los exmiembros de la Mesa que han sido citados a declarar como investigados por desobedecer al Tribunal Constitucional
La junta de portavoces del Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles una declaración de apoyo al expresidente de la Cámara Roger Torrent (ERC), y al resto de miembros de la Mesa de la anterior legislatura que han sido citados a declarar como investigados ...
La junta de portavoces del Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles una declaración de apoyo al expresidente de la Cámara Roger Torrent (ERC), y al resto de miembros de la Mesa de la anterior legislatura que han sido citados a declarar como investigados por desobedecer al Tribunal Constitucional. La resolución tilda de “persecución judicial ilegítima” esa causa, que se abrió tras la decisión de Torrent y el resto de imputados de tramitar propuestas parlamentarias relacionadas con el plan soberanista y con la reprobación de la Monarquía a pesar de que el Constitucional les había advertido de que no podían hacerlo.
El texto aprobado este miércoles, promovido por ERC y al que dieron apoyo Junts per Catalunya, la CUP y Catalunya en Comú-Podem, defiende que en el pleno del Parlament “se puede hablar de todo sin ningún límite más allá del respeto a los derechos humanos y la democracia”.
El lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citó a declarar el próximo septiembre a Torrent, a Josep Costa y a Eusebi Campdepadrós (Junts) y a Adriana Delgado (ERC), todos exmiembros de la Mesa contra los que la Fiscalía había presentado una querella por desobediencia. Según el ministerio público, todos dieron luz verde a la tramitación de las resoluciones en cuestión, pese a haber sido advertidos de su ilegalidad por parte del secretario general de la Cámara y ser conscientes de que el Constitucional lo había prohibido. La declaración institucional de este miércoles tacha la citación judicial de “persecución judicial ilegítima, impropia de una democracia”, y sostiene que profundiza “en la deriva autoritaria del poder judicial español”, que solo tiene por objetivo “limitar el debate y la libertad de expresión en el seno del Parlament”.
El texto reivindica la Cámara catalana como “un espacio de debate libre” y se compromete a garantizar “el derecho de los diputados a debatir sin censura” sobre los temas “que afectan e interesan a la ciudadanía”. Considera que la defensa del Parlament es “la defensa de la soberanía de Cataluña” y se compromete a defender “la inviolabilidad de la Cámara, así como la separación de poderes”.