Empate en el Constitucional sobre el decreto de alarma
El tribunal de garantías se parte en dos mitades de cinco magistrados tras cambiar de bando el presidente y Ollero, ambos conservadores, que apoyan que la declaración del Gobierno fue correcta
El Constitucional se ha partido en dos mitades en el debate sobre el estado de alarma y su posible inconstitucionalidad. Cinco magistrados sostienen que el Gobierno llevó a cabo una correcta gestión de la emergencia sanitaria al utilizar la declaración del estado de alarma como paraguas legal para acordar el confinamiento. Otros...
El Constitucional se ha partido en dos mitades en el debate sobre el estado de alarma y su posible inconstitucionalidad. Cinco magistrados sostienen que el Gobierno llevó a cabo una correcta gestión de la emergencia sanitaria al utilizar la declaración del estado de alarma como paraguas legal para acordar el confinamiento. Otros cinco consideran que esa decisión fue equivocada porque la orden de permanecer en los domicilios entrañó una suspensión de derechos fundamentales y que debió darse declarando previamente el estado de excepción. La vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, puede tener en sus manos el voto decisivo, que decante la deliberación en un sentido u otro.
El sector progresista del Constitucional, del que forman parte los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido —ambos miembros del Supremo— y María Luisa Balaguer —catedrática de Derecho Constitucional—, se ha visto en esta ocasión reforzado por el apoyo de dos magistrados del bloque conservador, que no comparten el criterio de que tenía que haberse decretado en España el estado de excepción entre marzo y junio del año pasado, ante la virulencia de la pandemia por covid-19. Se trata del presidente del tribunal, Juan José González Rivas, y de Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho y magistrado del Constitucional desde 2012, después de haber sido portavoz de justicia y de educación del PP en el Parlamento durante 17 años.
Otros cuatro miembros del tribunal adscritos al sector conservador apoyan el proyecto de sentencia elaborado por el ponente del recurso presentado por Vox, el magistrado Pedro González Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional. Estos magistrados son Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez —ambos miembros del Supremo—, Antonio Narváez —ex teniente fiscal del Supremo— y Alfredo Montoya, catedrático de Derecho Laboral.
Posiciones expuestas
En las dos jornadas que el tribunal ha dedicado íntegramente al debate del proyecto de sentencia sobre el estado de alarma no se llegaron a producir votaciones. Pero las posiciones están claramente expuestas, con el resultado del citado empate a cinco. Con la circunstancia de que la exposición de la vicepresidenta, Encarnación Roca, no incluyó a juicio de los restantes miembros del pleno un pronunciamiento definitivo sobre el texto propuesto por el ponente. La existencia de un empate virtual entre los magistrados y la convicción de que la prolongación de la discusión este jueves, en el tercer día del pleno, no iba a desencallar la situación convenció al tribunal de que la mejor opción era suspender el debate en el punto en que se hallaba y abrir un período de reflexión.
La decisión que se adoptó fue, por tanto, dejar sobre la mesa el proyecto de sentencia de González Trevijano, que de momento ni ha salido adelante ni ha sido derrotado, y replantearse los problemas que expone el recurso de Vox en el pleno que el tribunal celebrará el próximo mes de julio. Este pleno será el último antes de vacaciones y en él debían resolverse también algunos recursos del procés, aunque finalmente solo se dictará sentencia sobre el de Dolors Bassa. El tribunal, por tanto, se da margen para seguir discutiendo sobre el estado de alarma y su constitucionalidad en encuentros informales entre los magistrados.
El ponente tendrá ocasión de modificar su texto para intentar atraer apoyos. No obstante, fuentes del propio Constitucional estiman muy difícil que haya nuevos trasvases entre los dos grupos que ya han manifestado con suficiente rotundidad su posición sobre las cuestiones de fondo que plantea el recurso. Es improbable que los cinco magistrados —tres progresistas y dos conservadores— que ya han rechazado claramente la tesis de que en España tuvo que declararse el estado de excepción vuelvan sobre sus pasos. De igual modo, parece poco probable que los otros cuatro magistrados, todos ellos conservadores, que ya han expresado su respaldo al proyecto de sentencia de González Trevijano revisen su posición y voten contra dicho texto. De ahí que el principal foco de atención de los propios magistrados del tribunal se haya colocado sobre la vicepresidenta, Encarnación Roca.