Interior traslada a tres presos de ETA que criticaron el fin de los atentados
Uno de los reclusos protagonizó en mayo de 2020 una huelga de hambre que provocó un rebrote de la ‘kale borroka’ en el País Vasco
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha anunciado este viernes el próximo traslado de tres presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco. Se trata de Francisco Ruiz Romero, Patxi, José Ignacio Cruchaga Elezcano y Alberto Viedma Morillas, todos ellos considerados cercanos a Amnistía ta Askatasuna (ATA, también denominado Movimiento Pro Amnistía y Contr...
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha anunciado este viernes el próximo traslado de tres presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco. Se trata de Francisco Ruiz Romero, Patxi, José Ignacio Cruchaga Elezcano y Alberto Viedma Morillas, todos ellos considerados cercanos a Amnistía ta Askatasuna (ATA, también denominado Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión), una escisión de Sortu que aglutina a los contrarios al fin de los atentados y la disolución de la organización terrorista. Ambos presos estaban en el primer grado penitenciario, el más duro, y Prisiones también les ha concedido el segundo, lo que les permitirá solicitar permisos de salida si cumplen una serie de requisitos.
Interior también ha comunicado este viernes del acercamiento de la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, desde la cárcel madrileña de Alcalá de Henares a la prisión de Zaballa (Álava). Este movimiento será temporal, ya que la dirigente etarra tiene pendientes seis juicios en la Audiencia Nacional que obligarán a volver a recluirla en cárceles madrileñas cuando se celebren las vistas. Anboto acumula ya penas que suman más de 230 años de prisión por varios atentados y asesinatos.
De los tres presos próximos a ATA que serán trasladados destaca la presencia de Patxi Ruiz, hasta ahora recluido en el Centro Penitenciario Murcia II, en la localidad de Campos del Río, y que pasará a ocupar una celda en el penal de León. Ruiz, encarcelado desde febrero de 2002, fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato a tiros en 1998 de Tomás Caballero, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. En su expediente penitenciario figura que no ha presentado escritos de arrepentimiento ni aceptado la legalidad penitenciaria. Tampoco consta que haya iniciado el pago de la responsabilidad civil a la que fue condenado.
Este preso etarra protagonizó, en mayo del año pasado, una huelga de hambre que provocó un rebrote de la kale borroka en el País Vasco y generó malestar entre otros reclusos de la banda. Durante su ayuno, se registraron cerca de 40 ataques a batzoki (centros sociales de reunión del PNV) y una docena a casas del pueblo del PSE, además de otros a sedes de Podemos e, incluso, a la herriko taberna de Bilbao. También se quemó un cajero en Ea (Bizkaia), pueblo gobernado por EH Bildu, y se lanzó pintura y pasquines en la vivienda de la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendía. Ruiz había sido expulsado de la organización terrorista a finales de 2017 por llamar “liquidacionista” al sector que dirigió la disolución de la banda. Desde entonces, Etxerat, la organización de apoyo a los presos de la banda, no incluye su nombre en el listado de reclusos de ETA.
Sí aparecen en este listado los otros dos internos etarras que serán trasladados, Viedma Morillas y Cruchaga Elezcano, aunque ambos son situados por los expertos de la lucha antiterrorista en el sector contrario al fin de los atentados. Encarcelados ambos en la prisión de Almería —son los últimos miembros de ETA en este centro penitenciario—, tampoco ninguno de ellos ha declarado su arrepentimiento ni aceptado la legalidad penitenciaria. Tampoco participan en actividades dentro de la cárcel. El primero secundó una protesta en apoyo a la huelga de hambre de Patxi Ruiz, con el que integró el comando que perpetró el asesinato de Tomás Caballero.
En prisión desde marzo de 2002, Morillas cumple condena por aquella muerte y por la de Francisco Casanova en agosto del 2000 en Berriozar (Navarra), además de por el intento de homicidio del subteniente del Ejército José Díez Pareja en la localidad navarra de Cizur Mayor en 2001. En los próximos días será trasladado al centro penitenciario de Topas (Salamanca). Cruchaga, en prisión desde enero de 2001, acumula más de 120 años de condena por su dparticipación en los asesinatos, en el año 2000, del guardia urbano Juan Miguel Gervilla, el exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP José Luis Ruiz Casado, todos ellos en atentados cometidos en la provincia de Barcelona. A partir de ahora seguirá cumpliendo estas penas en la cárcel de León, la misma que Patxi Ruiz.
Con estos tres traslados, ya son 192 los reclusos de ETA acercados —algunos, en más de una ocasión— a prisiones más próximas al País Vasco y Navarra desde que Interior anunciase, en el verano de 2018, el fin de la política de dispersión puesta en marcha en 1989 por el Gobierno de Felipe González. Una parte importante de estos movimientos se ha producido tras el verano de 2020, una vez que se puso fin al primer estado de alarma que impidió durante meses los movimientos de reclusos entre cárceles para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus dentro de las prisiones. En la actualidad, en prisiones de Andalucía, las más alejadas, solo quedan ocho presos de la banda armada, en su mayoría alineados con el sector de la organización terrorista que sigue rechazando el abandono de la violencia. Entre ellos están Aitor Cotano, Oskar Barreras Díaz —ambos en la prisión de Puerto III, en la provincia de Cádiz— e Iñaki Bilbao Goikoetxea —en el penal de Sevilla II—.