La maldición eterna del pozo Emilio del Valle

Emilio del Valle es un nombre maldito en el norte de León. El prestigio del fallecido empresario que compró la compañía minera Hullera Vasco-Leonesa en 1942 y dio de comer a cientos de familias ha desaparecido. Hasta las placas de las calles que le pusieron en la comarca de La Pola de Gordón han sucumbido al óxido. El abandono se refleja en las piscinas y los campos de fútbol que la entidad construyó hace 70 años en ...

Emilio del Valle es un nombre maldito en el norte de León. El prestigio del fallecido empresario que compró la compañía minera Hullera Vasco-Leonesa en 1942 y dio de comer a cientos de familias ha desaparecido. Hasta las placas de las calles que le pusieron en la comarca de La Pola de Gordón han sucumbido al óxido. El abandono se refleja en las piscinas y los campos de fútbol que la entidad construyó hace 70 años en Ciñera (740 habitantes), en pleno apogeo del carbón, convertidas hoy en un criadero de hierbajos.

Las destartaladas instalaciones del pozo Emilio del Valle son ahora pasto para las vacas y una herida sangrante para decenas de familias desde el 28 de octubre de 2013. Ese día murieron seis mineros por una explosión de gas grisú. Han pasado ocho años sin que los familiares de las víctimas, que denunciaron negligencias de seguridad, hayan recibido una sentencia que les permita pasar página. O, al menos, intentarlo.

Los afectados no desisten. Las puertas de los juzgados de lo Penal de León reunían el pasado martes a un crisol de vidas congeladas. Las caras evidencian cansancio al confirmarse un nuevo retraso en el proceso. La Fiscalía pide para los altos cargos de la empresa tres años y medio de prisión e indemnizaciones por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y ocho lesiones por imprudencia. Los denunciantes señalan a la cúpula de Hullera Vasco-Leonesa como responsable de la tragedia; la defensa alega que fue imprevisible.

Las víctimas no se creen este discurso. La mirada de Toñi Fernández, madre del fallecido Manuel Moure, se empaña al hacer memoria: “Dilatan el juicio porque saben que son culpables”. Esta mujer enjuta, de 72 años, apenas sale de casa desde el suceso: “Mi hijo no murió, a mi hijo lo mataron”. Isabel de la Fuente, de 42 años y viuda de Roberto Álvarez, convive con una “herida que nunca se cerrará”. No supera la pérdida del padre de sus pequeños Lucía y Marcos: incluso incluyó el rostro de su marido en las fotos de la comunión de la niña. Isabel se indigna porque la empresa le ofreció dinero para que retirase la denuncia: “No lo haría ni por todo el oro del mundo”. A Patricia Collazos, de 33 años y viuda de Antonio Blanco, también le plantearon pactar y olvidar, pero ni quiso escuchar la suma. “Este dolor es para siempre, solo pido justicia”, zanja.

El grisú y el cáncer han dejado huérfana a Nuria Pérez. La hija del vigilante Juan Carlos Pérez aún cursa secundaria porque detuvo los estudios para atender a su madre, enferma, sin ayuda paterna. “Lucho por ellos”, proclama emocionada. Estas palabras le llegan a Ricardo Crespo, de 46 años y 14 en el tajo, por un audífono. Su oído se quedó en el pozo, donde aquella explosión lo dejó incapacitado y sin seis colegas. La plantilla, explica, sabía que en el piso siete, a 700 metros de profundidad, había una bóveda con gas, pero la falta de control propició el desastre: “Es una vergüenza”.

Resulta imposible eludir el drama en Ciñera. El recuerdo de los mineros persiste en esta localidad a media hora de León. Manuel Moure, que perdió a su hijo Manuel, ha levantado una cabina minera con cascos, mazas y faroles para honrar a los fallecidos. La construcción reina en la plaza y sus vecinos riegan regularmente las flores que la adornan. Moure, veterano minero con 35 años como vigilante, se siente humillado por la empresa: “Solo les importa el dinero”. El jubilado, de 73 años. relata, nervioso, que la mina arrastraba problemas como el control del nivel de gas o las frecuentes explosiones, y nadie actuaba. Moure asegura que, desde la crisis del 2008, imperaba el miedo y se aceptaban condiciones precarias con tal de mantener el empleo.

Los trabajadores confirman que algo fallaba. El exminero Rubén Fernández, de 45 años y con 18 en los pozos, apunta que en los últimos tiempos la empresa desatendió la seguridad y que no hacía falta “ser ingeniero para verlo”. Fernández señala las partes de la instalación en desuso y se indigna porque haya vacas paciendo donde fallecieron sus amigos.

En la aldea leonesa de Paradilla de Gordón hay una escultura de una mano que emerge de la tierra con las yemas de los dedos tiznadas de negro, como un minero pidiendo auxilio. En el único bar del diminuto pueblo, José Manuel González, de 56 años, habla de su hermano Orlando, víctima de la explosión, con una mezcla de templanza y rencor: “No quiero venganza, solo justicia”. González enseña, lacónico, un libro de aforismos escritos para homenajear a los fallecidos. Su título resume el sentir de los afectados: Poética del desamparo.

Los rumores sobre la peligrosidad del yacimiento llegaban tanto a El Valle, el bar fetiche para la plantilla, como a Asturias. La casa de Itziar Ríos, de 46 años, en Pola de Lena (8.700 habitantes) alberga un sinfín de fotos de Luis Arias, la única víctima no leonesa. Un amigo minero de su marido vaticinó la catástrofe. Arias le respondió: “Si no soy yo, serán otros”. Ríos afirma que todos eran conscientes del riesgo pero que primaba el miedo a perder el empleo. Ella fue la única viuda que aceptó el dinero de la empresa y aún se arrepiente: “Ojalá pudiera volver atrás”. La mujer solloza mientras asegura que lo guardará para sus dos hijos menores.