Andalucía apuesta por prorrogar el estado de alarma un mes más si la incidencia sigue alta
El presidente de la Junta, que dice desconocer cuál sería la posición del PP sobre una ampliación, reclama un marco legal que permita a las comunidades restringir la movilidad para luchar contra rebrotes
“Si en el mes de mayo la incidencia sigue siendo alta, soy partidario de mantener el estado de alarma un mes más”. Así se ha manifestado esta mañana el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, sobre la intención del Gobierno de poner fin a la actual situación de excepcionalidad el próximo 9 de mayo. El dirigente popular, sin embargo, reconoce que desconoce cuál será la posición que adopte su propio partido si hubiera que votar en el Congreso una prórrog...
“Si en el mes de mayo la incidencia sigue siendo alta, soy partidario de mantener el estado de alarma un mes más”. Así se ha manifestado esta mañana el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, sobre la intención del Gobierno de poner fin a la actual situación de excepcionalidad el próximo 9 de mayo. El dirigente popular, sin embargo, reconoce que desconoce cuál será la posición que adopte su propio partido si hubiera que votar en el Congreso una prórroga del decreto en vigor, sobre el que se abstuvo cuando se aprobó el pasado 29 de octubre. “No estoy en la estrategia del grupo parlamentario, doy mi opinión como presidente de Andalucía”, ha recalcado durante una entrevista en Onda Cero.
Moreno ya se mostró muy crítico este martes con el anuncio de Pedro Sánchez de poner fin al estado de alarma en mayo. El presidente de la Junta reclama un marco legal alternativo que permita a las comunidades autónomas poder “limitar la movilidad personal o colectiva o la actividad económica” para enfrentarse a la pandemia y evitar el riesgo de que esas decisiones sean desautorizadas en los tribunales. “El Gobierno ha tenido un año para hacer esa legislación”, ha denunciado el dirigente popular. “Si el 8 de mayo se retira el estado de alarma, las comunidades estaremos mermadas y tendremos menos instrumentos para luchar contra posibles rebrotes”, ha sostenido.
El presidente andaluz entiende, sin embargo, que en este mes hay tiempo para que el Gobierno “elabore un decreto por la vía de urgencia que pudiera pactar con otras fuerzas políticas para que la alternativa al estado de alarma fuera razonable y permitiera a las comunidades autónomas no quedar al descubierto en la toma de decisiones contra la pandemia”. Moreno ha reclamado al Ejecutivo central que asuma el liderazgo tanto en este asunto como en el de la vacunación. “Tiene que estar para algo más que ser un transportista de vacunas, tiene que coordinar, planificar y liderar”, ha señalado el líder del PP andaluz, que también se ha mostrado crítico con el hecho de que desde el fin de la segunda ola no se haya producido ninguna conferencia de presidentes para abordar asuntos sanitarios o el reparto de los fondos europeos.
El Gobierno no es partidario, sin embargo, de prorrogar el estado de alarma ni de desarrollar una nueva regulación. Lo ha dejado claro la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que esta mañana ha coincidido con Moreno en la inauguración de la sede de CC OO en Sevilla. “Hay un marco jurídico suficiente amparado con las medidas trasladadas al comité interterritorial”, ha señalado Montero.
Moreno, que en una entrevista a EL PAÍS se mostró partidario de una compra unilateral de vacunas por parte de las comunidades si la UE es incapaz de garantizar el suministro masivo de dosis, ha defendido la importancia de que la adquisición se haga de manera centralizada “por una razón de economía de escala”, pero ha advertido de la importancia de que Bruselas haga valer su liderazgo y su peso internacional ante las farmacéuticas. Fuentes del Gobierno sitúan estas declaraciones en la línea del sector populista del PP del que el presidente de la Junta siempre ha preferido mantenerse alejado. Por su parte, el vicepresidente andaluz y líder territorial de Ciudadanos, Juan Marín, ha pedido al Ejecutivo central que “evite que las Comunidades Autónomas puedan comprar vacunas por su cuenta”. De darse este supuesto, avalado por su socio en la Junta, Marín sostiene que los territorios entrarían en “una competencia desleal y en función de la capacidad económica, una comunidad tendría más posibilidad de vacunar que otras”.