Dos redes corruptas que financiaron al PP se lucran a la vez en el ‘caso del 1%’

Las tramas Gürtel y Púnica, investigadas en la Audiencia Nacional, se lucraron al mismo tiempo con contratos a dedo que adjudicó el Gobierno madrileño del PP. Ambas redes corruptas, que admiten haber financiado al PP, facturaron más de dos millones por contratos amañados correspondientes al 1% que debían dedicar a publicidad las constructoras adjudicatarias de obra pública, según la Intervención General del Estado. Luis Gálvez, ...

Las tramas Gürtel y Púnica, investigadas en la Audiencia Nacional, se lucraron al mismo tiempo con contratos a dedo que adjudicó el Gobierno madrileño del PP. Ambas redes corruptas, que admiten haber financiado al PP, facturaron más de dos millones por contratos amañados correspondientes al 1% que debían dedicar a publicidad las constructoras adjudicatarias de obra pública, según la Intervención General del Estado. Luis Gálvez, uno de los constructores que pagaron ese 1%, negó al juez hace dos semanas que fuera donante del PP pero admitió que nunca controlaron el destino del 1% que pagaban para la publicidad.

La instrucción del caso Púnica, en el que están imputados tres presidentes autonómicos madrileños del PP —Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes— finalizará el próximo julio. Mientras tanto, la segunda etapa (2005-2009) del caso Gürtel será juzgada en otoño con el PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por exdirigentes populares y por la trama corrupta. En ambos casos, los empresarios imputados han admitido al juez instructor que financiaron al PP a cambio de los contratos amañados que recibían.

El jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, reconoció hace unos días a través de un manuscrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción sus actividades ilegales en Boadilla del Monte con el pago de sobornos a dirigentes del PP.

Por otra parte, el principal empresario implicado en el caso Púnica, Daniel Mercado, dueño de Over Marketing, empresa dedicada a la publicidad, confesó al juez que recibió contratos amañados en pago a los servicios prestados y no cobrados al PP durante las elecciones autonómicas de 2007.

Estas dos redes empresariales corruptas, cuyos jefes han confesado ya en distintos procesos judiciales que financiaban ilegalmente al PP nacional y al PP de Madrid, se aprovecharon al mismo tiempo del caso del 1%: el porcentaje del presupuesto que las empresas adjudicatarias de obra pública en la Comunidad de Madrid debían reservar para hacer publicidad institucional de sus trabajos.

Los millones de euros destinados a ese fin acabaron en manos de las dos tramas corruptas que investigan distintos tribunales y salpican a varios empresarios que aparecen en la contabilidad paralela del PP nacional que controló durante dos décadas el por entonces tesorero Luis Bárcenas.

Un informe de la Intervención General del Estado detalla hasta 29 actos institucionales para publicitar distintas obras públicas que fueron ejecutadas por las empresas de Francisco Correa con cargo al 1% de los presupuestos adjudicados a distintas constructoras.

La red Gürtel cobró por estos trabajos 758.000 euros, de los que dedicaron 41.000 euros a pagar comisiones ilegales al consejero Alberto López Viejo (PP), que se encargaba entonces de organizar los actos de propaganda institucional en los que participaba la presidenta Esperanza Aguirre. López Viejo fue condenado a 38 años de cárcel en la primera etapa (1999-2005) del caso Gürtel.

Además de esos actos adjudicados a la red de Francisco Correa, la investigación acreditó que las empresas de Daniel Mercado habían recibido hasta 1.190.000 euros por el mismo tipo de trabajos.

Mercado ha confesado al juez que la consejería de Sanidad le dio todos esos contratos —en realidad pagados por las constructoras— como compensación por los servicios que prestó para las campañas electorales de Aguirre pero que nunca cobró. Las pruebas de estos supuestos delitos forman parte del sumario del caso Púnica, cuya investigación está a punto de concluir en la Audiencia Nacional.

Reparto del pastel

Las firmas de la red Gürtel que dirigía Francisco Correa y del grupo Over Marketing, propiedad de Daniel Mercado, se repartieron a dedo y sin concurso el 1% del presupuesto de las obras que adjudicaba la Comunidad de Madrid y que las constructoras debían dedicar obligatoriamente a hacer propaganda de las mismas. De esta manera, las empresas encargadas de montar los actos y organizar la publicidad institucional de las obras públicas de la Comunidad de Madrid siempre eran las mismas: el grupo de Francisco Correa o las empresas de Daniel Mercado.

El último testimonio sobre estos hechos llegó de rebote, provocado por la confesión de Luis Bárcenas, extesorero del PP, ante el tribunal que juzga la caja b de la formación conservadora.

Bárcenas señaló al empresario Luis Gálvez, como donante anónimo de 60.000 euros al PP de la Comunidad de Madrid. Esa acusación hizo que el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, citase a Gálvez a declarar en la Audiencia como imputado el pasado 25 de marzo.

El empresario negó las acusaciones del extesorero tras asegurar que nunca había entrado en la sede de ningún partido político ni conocía de nada a Bárcenas.

El fiscal anticorrupción pidió entonces el archivo provisional de la causa y el juez lo decretó. Pero Gálvez añadió en su declaración que la Unión Temporal de Empresas en la que participó para construir un hospital de la Comunidad de Madrid en Vallecas tuvo que dedicar el 1% del presupuesto a trabajos de publicidad. Y que nunca pudo decidir la empresa que se iba a dedicar a hacer la propaganda institucional de la obra pública. Esos hechos fueron destacados por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito con el que solicitaban el archivo provisional de la causa contra Gálvez.

El Gobierno de Esperanza Aguirre fue el que se encargó de gestionar ese 1% de los presupuestos de las obras publicar para adjudicar a dedo los trabajos de propaganda institucional a empresas que, según la investigación del caso Púnica y del caso Gürtel, financiaron ilegalmente al PP.

El triángulo que une los casos Bárcenas, Gürtel y Púnica

El juicio que se celebra en la Audiencia desde febrero pasado por la caja b del PP, con la que este partido pagó supuestamente parte de las obras de reforma de su sede principal, ha puesto de relieve algunos indicios de los manejos ilegales de la formación conservadora durante una década (1999-2009) a través de una triple vía de corrupción.

Primera vía. El PP nacional dispuso de un sistema de financiación no declarado a Hacienda que manejaba Luis Bárcenas por el cual había empresas privadas que donaban dinero negro al partido con el que se financiaban algunos gastos, según apunta la investigación judicial y admite el extesorero. Entre los donantes de la caja b del PP figuran empresarios, como Alfonso García Pozuelo o Rafael Palencia, que ya han reconocido en otras causas judiciales abiertas el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

Segunda vía. García Pozuelo es uno de los empresarios imputado en el caso Gürtel que ha admitido ya que pagó mordidas en diversos ayuntamientos a cambio de adjudicaciones de obra pública. Parte de estas comisiones ilegales, según el escrito de acusación de la Fiscalía, fueron a parar al PP.

Por otra parte, Francisco Correa, cabecilla de la trama empresarial juzgada en el caso Gürtel, declaró al tribunal: “Venía un empresario y nos daba la licitación, a ver si podía conseguir que la obra fuera para nosotros. Yo se lo pasaba a Bárcenas y Bárcenas lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si conseguíamos la adjudicación, el empresario entregaba un porcentaje del 2% o el 3% y luego se lo llevaba a Génova”. Correa debía declarar mañana en la Audiencia, pero el juicio de la caja b ha sido suspendido hasta la próxima semana por la vacunación del presidente del tribunal.

Tercera vía. Uno de los empresarios que figura como donante en los papeles de Bárcenas, aunque él niega que aportase fondos, es Luis Gálvez, cuya empresa construyó el hospital Infanta Leonor de Vallecas. La Comunidad de Madrid obligó a reservar un 1% del presupuesto a tareas de propaganda y publicidad institucional. Pero ese dinero, según admitió Gálvez al juez, nunca fue controlado por las constructoras sino por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, quién lo adjudicó a empresas cuyos responsables ya han admitido que financiaron al Partido Popular a cambio de los contratos.