La defensa de Bárcenas rebaja las expectativas sobre su próxima confesión en el juicio de la caja b

El inicio del juicio sobre la caja b del PP, que ha celebrado esta semana sus dos primeras sesiones, ha servido para rebajar el suflé. Si el lunes ya fue la Fiscalía Anticorrupción la que aseguró que el reciente escrito presentado por Luis Bárcenas en el que anunciaba su intención de confesar su participación en la contabilidad paralela aportaba “escasas novedades” jurídicas para esta vista oral, “ninguna sustancial”, este martes ha sido Gustavo Galán, el abogado del propio extesorero popular, quien ...

El inicio del juicio sobre la caja b del PP, que ha celebrado esta semana sus dos primeras sesiones, ha servido para rebajar el suflé. Si el lunes ya fue la Fiscalía Anticorrupción la que aseguró que el reciente escrito presentado por Luis Bárcenas en el que anunciaba su intención de confesar su participación en la contabilidad paralela aportaba “escasas novedades” jurídicas para esta vista oral, “ninguna sustancial”, este martes ha sido Gustavo Galán, el abogado del propio extesorero popular, quien también ha rebajado las expectativas generadas por la declaración de Bárcenas, retrasada al próximo martes.

Más allá del desgaste político que el extesorero inflige a su viejo partido en una batalla que se ha recrudecido, Galán ha admitido que el escrito remitido el 26 de enero al ministerio público “no pretendía” aportar grandes novedades a lo que Bárcenas ya declaró hace siete años, durante la instrucción de estas pesquisas. “La información que consideramos relevante ya se aportó en julio de 2013, [ante el entonces juez instructor, Pablo Ruz]”, ha dicho el letrado en la segunda jornada dedicada a cuestiones previas, antes de añadir que el fin de ese documento es mostrar la disposición del extesorero a “colaborar con la justicia”. Porque, eso sí, en ese escrito confesaba por primera vez que durante el Gobierno de José María Aznar se adjudicaron contratos públicos a cambio de donaciones, una línea de investigación que aún permanece abierta en la Audiencia Nacional y que tiene bajo la lupa 600 millones en obras.

En ese sentido, durante su primera intervención del lunes, Galán ya avanzó que no utilizará durante este juicio todos los datos que Bárcenas asegura conocer sobre las supuestas donaciones que le entregaban empresarios a cambio de adjudicaciones de la Administración. El extesorero, que gestionaba las entradas y salidas de ese dinero negro, se guarda esa baza para esa pieza todavía en instrucción y donde la Policía trata de encontrar el vínculo entre cada anotación de la contabilidad paralela y la obra que se concedió a cambio. “[El juez Santiago Pedraz] le va a citar a declarar y allí manifestará lo que ya ha adelantado en su escrito presentado en la Fiscalía Anticorrupción sobre las comisiones finalistas que llegaron a la caja b”, apuntó también el abogado en una entrevista con EL PAÍS.

En este juicio sobre la caja b, la Fiscalía pide para Bárcenas una pena de cinco años por delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la hacienda pública. Actualmente, el extesorero cumple 29 años y un mes de cárcel en la prisión de Soto del Real (Madrid) por la condena en firme dictada por el Tribunal Supremo por la primera etapa del caso Gürtel, conocida como Época I.

La posición de las acusaciones populares

La intervención de Galán se produjo después de que el abogado Gonzalo Boye, que ejerce una de las acusaciones populares en nombre del Observatorio Desc, animara al extesorero del PP a aportar nuevos datos sobre la caja b del PP, pero también a acompañarlos de pruebas. “No basta con que el señor Bárcenas nos cuente una historia, sino que la tiene que corroborar” con indicios, señaló el letrado. Poco antes, Boye había hecho un guiño al extesorero al anunciar que, de todos los testigos que había propuesto para la vista, retiraba a 72. Entre ellos, a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas y también en prisión tras ser condenada por el caso Gürtel.

El abogado del Observatorio Desc justificaba su decisión en que la declaración de Iglesias como testigo “no aporta nada en este caso y, además, puede alterar el ánimo y la declaración del señor Bárcenas, que para eso ya está la Operación Kitchen”, en referencia al operativo parapolicial puesto en marcha en 2013, en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior para sustraer al extesorero la documentación comprometedora para el PP que entonces guardaba.

La grabación de Lapuerta

En su turno, el abogado de Bárcenas defendió la práctica de las pruebas que el lunes había planteado al tribunal, entre ellas la declaración como testigos de cuatro periodistas cuya utilidad habían puesto en duda poco antes algunas acusaciones. Galán insistió en que sean citados los cuatro, uno de los cuales es el supuesto autor de una grabación de ocho minutos de duración donde Álvaro Lapuerta, antecesor de Bárcenas al frente de las finanzas de la formación conservadora y fallecido en junio de 2018, admitía supuestamente la existencia de la contabilidad opaca antes incluso de que EL PAÍS publicase los documentos sobre la misma a finales de enero de 2013.

El abogado insistió en que ni él ni su cliente tienen esa grabación y que, por ello, es necesario que el periodista que presuntamente la guarda, Francisco Mercado, comparezca para confirmar su existencia y contenido.

Tampoco fue respaldada por ninguna de las partes la petición que el lunes hizo el letrado de Bárcenas de celebrar un careo entre el extesorero y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy para dilucidar las contradicciones que auguraba que se iban a producir entre la declaración de uno y otro. El fiscal Antonio Romeral calificó la propuesta de prematura e instó a esperar a que se produzca la testifical de Rajoy para plantearlo. También las acusaciones la rechazaron con parecidos argumentos.

El abogado Virgilio Latorre, que representa a la acusación de los socialistas valencianos, tildó la petición de careo de “un gesto más que una propuesta real y seria”. Y el abogado José Mariano Benítez de Lugo, que ejerce la acusación popular en nombre de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), instó a esperar a que se celebre la declaración de Rajoy y se constaten las contradicciones para plantearse la diligencia de careo. Benítez de Lugo fue el abogado que, en el juicio por la primera etapa del caso Gürtel, consiguió que el entonces presidente del Gobierno testificase en la vista.

La sesión de este martes sirvió para que las acusaciones rebatieran o apoyaran las cuestiones previas que el día anterior habían expuesto la Fiscalía y las defensas. La única que logró un apoyo unánime fue la planteada por el letrado del exgerente del PP Cristóbal Páez, que había pedido el aplazamiento de las declaraciones de los acusados hasta que su cliente, enfermo de la covid, se recuperara. El tribunal la admitió y anunció que las sesiones no se reanudarán hasta el próximo martes, siempre que para entonces Páez se haya recuperado.

No hubo más unanimidad. El resto de la jornada sirvió para que varias acusaciones recriminaran los ataques que contra ellas dirigió el lunes al abogado Jesús Santos, que defiende al PP en la causa donde el partido se sienta como responsable civil subsidiario. Boye le acusó de intentar “enlodar” el juicio sacando a relucir que, por ejemplo, él defiende al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. “En el derecho de defensa, que es muy amplio, no vale todo”, aseguró.

También le llovieron críticas a la Fiscalía por su actitud durante la vista, donde pide penas muy inferiores —cinco años para Bárcenas— a las que han planteado en sus escritos las acusaciones populares —hasta 35 años de cárcel para el extesorero—. Juan Moreno, que ejerce la acusación en nombre de IU, llegó a calificar la actitud de Anticorrupción de “timorata” por no introducir en su acusación algunos de los delitos que, en su opinión, refleja la contabilidad opaca elaborada por Bárcenas.