El Gobierno andaluz amplía el número de altos cargos que prometió reducir

El Gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos ha pasado de reducir el número de altos cargos de las etapas socialistas en la Junta de Andalucía por razones de “eficiencia y operatividad” a ampliarlo por casi los mismos motivos, por una cuestión de “agilidad y eficacia”. Entre el primer y el segundo argumento median tan solo dos años, el tiempo en el que los partidos gobernantes han tardado en poner sordina a su compromiso electoral de ...

El Gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos ha pasado de reducir el número de altos cargos de las etapas socialistas en la Junta de Andalucía por razones de “eficiencia y operatividad” a ampliarlo por casi los mismos motivos, por una cuestión de “agilidad y eficacia”. Entre el primer y el segundo argumento median tan solo dos años, el tiempo en el que los partidos gobernantes han tardado en poner sordina a su compromiso electoral de despoblar de altos cargos la Administración andaluza por ser, según decían, un “gasto superfluo”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, en su última reunión del año, incrementar en 16 el número de delegados provinciales, a la vista del exceso de trabajo que acumulan muchas delegaciones que compartían competencias que nada tenían que ver entre sí como las de Educación y Deporte con las de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. O la de Fomento con la de Cultura.

Según el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), el nuevo decreto que regula la organización territorial se basa en la “eficacia, desconcentración funcional y territorial, coordinación y proximidad a la ciudadanía”. Marín ha sido el principal impulsor de esta ampliación, pactada mano a mano con el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP). Antes había intentado, sin conseguirlo, que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, creara otras dos consejerías, algo a lo que el dirigente del PP siempre se negó. Los críticos a Marín aseguran que lo que persigue es ampliar su círculo de apoyo a través de una vía casi siempre segura: la de los nombramientos.

Además, la situación creada por la pandemia ha sobrecargado a las delegaciones en cada una de las ocho provincias, según argumentan desde el Gobierno andaluz. Para el PSOE, la operación se circunscribe a un hecho más tosco: puro clientelismo para “complacer a gente” del PP y de Ciudadanos, en opinión de su portavoz parlamentario, José Fiscal.

En 2019, según los datos facilitados por la Junta, había 57 delegados provinciales. En febrero de este año, se nombraron a 16 coordinadores (que ahora pasan a ser delegados) para las áreas de Justicia y Medio Ambiente y Cambio Climático. Y este martes, se crearon plazas para 16 delegados de las Consejerías de Igualdad y Cultura. En total 89 altos cargos en la Administración periférica frente a los 65 del último mandato socialista. En la Administración general la reducción sí se mantiene: los altos cargos ascienden a 172 frente a los 193 del PSOE y 233 eventuales frente a 267.

Los 16 delegados nuevos, a diferencia de los que ya existen, tendrán que ser forzosamente funcionarios. Una enorme metedura de pata de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha hecho que así sea. Ruiz en un acto telemático con militantes celebrado el pasado día 16 aseguró que no quería funcionarios para las delegaciones de su consejería “sino gente nuestra, de Ciudadanos”. Marín, que es también portavoz de Cs Andalucía, la desautorizó de inmediato. La batalla entre ambos dirigentes de Ciudadanos colea desde hace muchos meses.

Cuando el PP y Cs llegaron al Gobierno andaluz la reducción de altos cargos figuraba como una medida icónica y diferenciadora respecto a los casi 37 años de mandatos ininterrumpidos del PSOE, al considerar que estaba sobredimensionada. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, redujo en dos el número de consejerías (de 13 a 11) nada más tomar posesión y optó por concentrar competencias en las delegaciones provinciales para reducir la foto final de altos cargos. Otra de las medidas que el Gobierno de coalición arrumbó nada más llegar fue su compromiso de acabar con el pago del alquiler de las viviendas de los altos cargos de la Junta procedente de otras provincias a las de Sevilla.