El Gobierno pide al PP que se deje de “excusas” con los indultos y renueve ya el Poder Judicial

El Gobierno tiene muy claro que el último argumento del PP para retrasar el acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el de los posibles indultos a los presos del procés, es solo “una excusa más” porque los populares están esperando el momento políticamente más oportuno para cerrar un pacto que el Ejecutivo da por ultimado. “El acuerdo está prácticamente hecho por no decir hecho. Es un problema de la actitud del PP. N...

El Gobierno tiene muy claro que el último argumento del PP para retrasar el acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el de los posibles indultos a los presos del procés, es solo “una excusa más” porque los populares están esperando el momento políticamente más oportuno para cerrar un pacto que el Ejecutivo da por ultimado. “El acuerdo está prácticamente hecho por no decir hecho. Es un problema de la actitud del PP. Ningún partido político tiene derecho de veto en la renovación del Poder Judicial. Ojalá el PP se deje de excusas y ponga en valor el acuerdo que tenemos”, ha asegurado la ministra portavoz, María Jesús Montero.

El punto de bloqueo sigue en el derecho de veto que exige el PP sobre todos los nombres para garantizar que ninguno es próximo a Unidas Podemos. Pero el Ejecutivo entiende que no hay un problema de fondo y se trata solo de maniobras dilatorias del PP para retrasar el acuerdo a después de las elecciones catalanas, cuando ya tendrá un horizonte despejado de dos años sin comicios y sin competición electoral directa con Vox, que utiliza cualquier acercamiento del PP al Gobierno para atacarle y tratar de robarle más votos. El Ejecutivo insiste en que el acuerdo está prácticamente hecho con el reparto de 10 vocales cada uno con un presidente progresista que daría la mayoría a este sector en caso de empate. Todo estaría pues listo para que Pablo Casado dé su autorización, pero el PP insiste en que no lo hará mientras no tenga más garantías de que ninguno de los vocales será cercano a Unidas Podemos.

Montero ha esquivado en varias ocasiones el asunto más sensible al que se enfrenta el Gobierno, esto es su relación con la Casa Real, en dos vertientes. Por un lado, la ministra portavoz ha dejado en manos del Rey Felipe VI la posible respuesta que quiera dar a los pronunciamientos de militares retirados ultraconservadores que se dirigen al jefe del Estado para que actúe contra el Gobierno. Montero ha insistido en que el Ejecutivo ya ha hecho su parte del trabajo, porque ha acudido a la fiscalía contra el chat de militares que alentaban el golpismo, y no se va a meter en la posible respuesta del Rey, ni siquiera en si debe incluirla en el discurso de Navidad, que habitualmente supervisa el Gobierno pero que públicamente la ministra ha dejado absolutamente en manos de la Casa Real.

“No vamos a hacer ningún tipo de valoración en relación a lo que el rey quiera trasladar en temas judiciales o la visita del Rey emérito en Navidad o la cuestión que me plantea”, ha dicho Montero preguntada por los pronunciamientos de los militares. “Nunca hemos entrado en dar consejos. La Casa Real tiene todos los elementos para hacerlo si lo tiene a bien, pero la decisión no va a estar influenciada por el Consejo de Ministros, que no ha abordado esta materia. No debemos opinar porque compete exclusivamente a la Casa Real. Si quiere, el Rey lo dirá. El Gobierno no va a invitar a la Casa Real a hacerlo”, ha insistido. Montero ha dejado así abierta la puerta a que el Rey Felipe VI haga mención tanto a la polémica de los militares ultraconservadores como a los problemas judiciales de don Juan Carlos pero no ha querido meter presión a la Casa Real.

Montero ha evitado varias preguntas sobre la regularización fiscal del rey emérito, que ya se ha puesto en marcha con un contacto entre el abogado del monarca y el Gobierno en el que se ha planteado una propuesta explícita. La ministra de Hacienda, máxima responsable de este asunto en el Ejecutivo, ha eludido respuestas directas pero entre líneas sí ha dejado claro su malestar por el comportamiento irregular de don Juan Carlos con unos fondos recibidos de un empresario mexicano. “No vamos a hacer declaraciones sobre cuestiones en curso de ningún contribuyente. Queremos que se pueda investigar sin cortapisas. Cada caso tiene unas circunstancias, pero la ley es igual para todos. La ley no tiene distingos dependiendo del rango. Hay que ver el caso concreto para saber si se puede regularizar. En términos generales se puede regularizar si no hay investigación en curso. No vamos a hacer mención al estado de ningún expediente, pero podrá usted imaginar cuál es la opinión de la ministra de Hacienda sobre la obligación de todos los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, mucho más las personas publicas que tenemos que ser ejemplares”, ha señalado Montero.

El Consejo de Ministros se ha aplazado a este miércoles tras las festividades del puente de diciembre. En esta cita, el Gobierno ha aprobado la ampliación de la concesión de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda hasta diciembre de 2022. El objetivo es facilitar el acceso a colectivos vulnerables e impulsar la regeneración urbana y rural. Sin embargo, el nuevo decreto antidesahucios no ha entrado en el debate de la reunión del Ejecutivo de esta semana. El acuerdo, alcanzado el pasado miércoles entre PSOE y Unidas Podemos, contempla, entre otras, la ampliación de la paralización de los desahucios de colectivos que ya eran vulnerables antes de la pandemia. La decisión de aplazar la discusión de la iniciativa ya ha generado reacciones. El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha advertido al Gobierno de que si no saca adelante esta medida registrará este miércoles en el Senado la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, en el primer día de discusión del proyecto en la Cámara alta. El Congreso aprobó el pasado jueves las cuentas públicas con un amplio aval. El ministro de Transportes y Vivienda, José Luis Ábalos, ha señalado que el decreto se aprobará “antes de final de año” y ha atribuido el retraso a cuestiones técnicas que están planteando tanto el ministerio de Economía como el de Justicia.