Salvar Madrid o salvar a España de Madrid

Las medidas incluidas en el estado de alarma decretado este viernes por el Gobierno de España en la ciudad de Madrid y otros ocho municipios no suponen un cerrojazo casi total a los movimientos, como fue el primer estado de alarma, pero han creado, sin embargo, un mayúsculo conflicto entre el Gobierno de la nación y el de la Comunidad de Madrid. Acaso desproporcionado, entre la causa del conflicto y sus efectos para los ciudadanos. Pero ha ocurrido. Cada día el Gobierno de Madrid pedirá el levant...

Las medidas incluidas en el estado de alarma decretado este viernes por el Gobierno de España en la ciudad de Madrid y otros ocho municipios no suponen un cerrojazo casi total a los movimientos, como fue el primer estado de alarma, pero han creado, sin embargo, un mayúsculo conflicto entre el Gobierno de la nación y el de la Comunidad de Madrid. Acaso desproporcionado, entre la causa del conflicto y sus efectos para los ciudadanos. Pero ha ocurrido. Cada día el Gobierno de Madrid pedirá el levantamiento de esta situación excepcional, con el apoyo del presidente del PP, Pablo Casado.

“Pedro Sánchez va a por Madrid”, dicen desde el Ejecutivo regional. Para el Gobierno central, el equipo de Isabel Díaz Ayuso no quiere colaboración sino enfrentamiento. Ni antes ni ahora. Es la punta de lanza del PP. Estas aseveraciones políticas se acompañan con la defensa a ultranza. Ambas partes defienden que sus medidas: confinamiento selectivo por áreas sanitarias, como pretende Madrid, o confinamiento perimetral de todo el municipio, como ha decidido el gobierno central, son las adecuadas.

No había posibilidad de acuerdo. En ningún momento el ejecutivo madrileño iba a aflojar su posición. Sí sabe perfectamente este Gobierno cuál es el soporte jurídico que ha utilizado Castilla y León, que se basa en una competencia que se dio a todas las autonomías hace 34 años, por la Ley Orgánica de Salud de 1986, que permite a las comunidades restringir la movilidad de sus ciudadanos. Madrid no la invocó al trasladar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la orden ministerial. Ese no es el soporte adecuado, respondieron los jueces.

A las claras, sin tapujos, en el Gobierno madrileño se reconoce que no van a invocar una Ley para llevar a cabo unas medidas con las que no están de acuerdo. Así lo demostraron con su voto en contra a la Orden Ministerial que presentó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Consejo Interterritorial de Salud. En Madrid son conscientes de que sus correligionarios de otras comunidades no comparten su hacer en esta grave situación que vive España. La crisis sanitaria y económica es de tal calibre que los presidentes autonómicos quieren estar lo más cerca posible del Gobierno.

Moncloa lo sabe. En la mayoría de las comunidades autónomas, prefieren que los madrileños se abstengan de moverse por el resto de España. Salvar Madrid o salvar a España de Madrid es una sentencia que corre en las filas populares madrileñas. El segundo lema se lo atribuyen al Gobierno socialista. Aunque esa no es toda la motivación del Gobierno central. Los números de afectados en la capital son de alarma social y la situación no tiene buenos visos. Sin más médicos y rastreadores la catástrofe puede llegar a Madrid, sostienen en el Gobierno. No ocultan, además, que “el pulso” constante del ejecutivo autonómico no puede perderlo el Gobierno.