Tres de las cuatro asociaciones judiciales se oponen al cambiar la ley para desbloquear el Poder Judicial

Si el Gobierno da finalmente el paso de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para desbloquear el actual órgano, cuyo mandató caducó en diciembre de 2018, se va a encontrar con la oposición frontal de tres de las cuatro asociaciones judiciales. Solo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia se mostró este viernes partidario de esta vía,...

Si el Gobierno da finalmente el paso de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para desbloquear el actual órgano, cuyo mandató caducó en diciembre de 2018, se va a encontrar con la oposición frontal de tres de las cuatro asociaciones judiciales. Solo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia se mostró este viernes partidario de esta vía, aunque con una condición: que el texto de la reforma regule también qué puede y qué no puede hacer el órgano de gobierno de los jueces cuando esté en funciones. “La prioridad es reformar el Consejo. Siempre son más deseables las mayorías cualificadas, pero dada la fragmentación política actual, es razonable establecer mecanismos para que un partido no pueda bloquear un órgano constitucional”, señala el viceportavoz de esta asociación, Fernando de la Fuente.

Las otras tres asociaciones critican duramente contra la propuesta del Ejecutivo y exigen cambiar la ley pero en un sentido distinto al que plantean PSOE y Unidas Podemos: que los 12 vocales del cupo de jueces sean elegidos por los miembros de la carrera. Para la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) el cambio que propone el Gobierno “no es lícito”. “Probablemente es inconstitucional”, afirma su portavoz, María Jesús del Barco. “Renovar el Consejo no pasa por reformar la ley orgánica. Pasa por sentarse y negociar”, afirma Del Barco, para quien reducir la mayoría de tres quintos de las Cámaras necesaria hasta ahora para elegir a los 12 vocales jueces repercutiría en una “mayor politización”.

En la misma advertencia insiste la segunda asociación más representativa, Francisco de Vitoria, que fue la primera en alertar, el pasado jueves, sobre los problemas que, a su juicio, ocasionaría el plan de Pedro Sánchez. “La peor forma de desbloquear la grave anomalía en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial es politizarlo más todavía de lo que ya está”, afirma su portavoz, Jorge Fernández Vaquero. También el Foro Judicial Independiente se muestra contrario a la reforma legal que sopesa el Gobierno. “Es modificar las reglas porque no consigo el resultado que quiero. En Democracia las reglas deben cumplirse”, afirma su presidenta, Concepción Rodríguez.

Para estas tres asociaciones, la idea del Ejecutivo agravaría más a falta de independencia del Poder Judicial en España que denuncian reiteradamente los informes europeos. “Va en contra de la despolitización que se nos exige”, afirma el portavoz de la Francisco de Vitoria.