El senador del PP salpicado por el ‘caso Púnica’ deja uno de sus dos escaños
David Erguido, acusado del desvío de fondos públicos para pagar mítines y fiestas privadas, seguirá siendo aforado al mantener su acta de diputado autonómico
El senador y diputado autonómico del PP David Erguido, salpicado en el caso Púnica de corrupción por el supuesto desvío de 224.000 euros del Ayuntamiento de Algete (Madrid) para financiar actos de su partido y dos fiestas privadas durante su etapa de concejal, renunció este lunes a su escaño en la Cámara alta tras pedírselo la formación conservadora, según confirmó el propio Erguido a EL PAÍS. “Lo hago para que no digan que quiero protegerme en mi condición de aforado”, señaló Ergu...
El senador y diputado autonómico del PP David Erguido, salpicado en el caso Púnica de corrupción por el supuesto desvío de 224.000 euros del Ayuntamiento de Algete (Madrid) para financiar actos de su partido y dos fiestas privadas durante su etapa de concejal, renunció este lunes a su escaño en la Cámara alta tras pedírselo la formación conservadora, según confirmó el propio Erguido a EL PAÍS. “Lo hago para que no digan que quiero protegerme en mi condición de aforado”, señaló Erguido, considerado muy cercano a Pablo Casado. Sin embargo, el hasta ahora senador seguirá siendo aforado, ya que mantiene su acta de diputado en la Asamblea de Madrid. Esto hará que ya no sea el Tribunal Supremo —responsable de enjuiciar a los miembros de la Cámara alta— el que decida si continúa la investigación sobre su presunta implicación en la trama, sino el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La decisión de renunciar al acta se produce 11 días después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, dictara a comienzos de septiembre un auto en que ofrecía al senador declarar como investigado por estos hechos, ante la imposibilidad de citarle dada su condición de aforado. En su escrito, García Castellón añadía que, en caso de no aceptar el ofrecimiento, estudiaría iniciar los trámites para elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que este asumiera la investigación. “Estoy deseando acudir para acabar con esta historia, que dura ya siete años. Mi actuación fue transparente y así está documentada. Voy a colaborar con la justicia”, ha señalado este lunes el hasta ahora senador a este diario. Erguido ha recalcado que, tras conocer la existencia del auto del juez “por la prensa”, sus abogados acudieron a la Audiencia Nacional para ofrecerse a declarar voluntariamente. La fecha prevista para esta comparecencia es el próximo 23 de octubre.
Erguido ya declaró por estos hechos ante la Guardia Civil en noviembre de 2017, cuando no ocupaba ningún cargo público. Lo hizo como “investigado no detenido” —una figura sin consecuencias jurídicas, pero que permite que el sospechoso preste declaración ante los agentes acompañado de abogado para garantizar sus derechos— durante las tres horas y media en las que negó saber nada sobre supuestas irregularidades. “Mi función era, esencialmente, la representación política ante los vecinos de Algete”, se escudó entonces. Erguido fue concejal en Algete, una localidad de 20.000 habitantes situada a 30 kilómetros al noreste de Madrid, entre 2003 y 2011. Entre 2011 y 2015, lo fue del Ayuntamiento de Madrid. Además de senador y diputado en la Asamblea de Madrid, ocupaba hasta ahora el puesto de presidente del Comité Electoral del PP regional, cargo que asegura también ha dejado ahora a petición del partido. En el seno de la formación conservadora se le considera muy cercano a su líder, Pablo Casado.
Las pesquisas por las que declarará Erguido son las que se siguen en la pieza 7 del macrosumario, en la que se investigan la supuesta adjudicación irregular de contratos de diversos ayuntamientos gobernados por el PP a la mercantil especializada en la organización de festejos Waiter Music durante la etapa de Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama Púnica, como consejero de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre. Según la investigación, Erguido, la entonces alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez, y un cargo de confianza de su partido, Lorenzo del Triunfo (ambos, ya imputados en la causa), desviaron presuntamente a partir de 2007 fondos públicos para organizar cuatro actos del partido en la localidad y dos eventos privados, entre ellos la fiesta de comunión del hijo de Juárez, valorada en 41.800 euros.
Erguido supuestamente participó en la elaboración de los pliegos para licitar, al menos, ocho contratos públicos para la organización de festejos en la localidad dando indicaciones a los técnicos que debían redactarlos. Todos los contratos fueron adjudicados de manera supuestamente irregular a la empresa Waiter Music, propiedad José Luis Huerta, amigo de Granados e imputado en la causa, que ha fallecido recientemente. Entre ese año y 2014, Huerta facturó 1,9 millones de euros al Ayuntamiento de Algete.
En un informe de 2017, la Guardia Civil afirmó que Erguido “supervisó, autorizó y dio el visto bueno” a 16 facturas que se abonaron a Waiter Music por la organización de siete eventos y que reflejaban un “incremento deliberado” de su cuantía cuando no el pago de eventos nunca celebrados. Estas facturas sirvieron supuestamente para desviar cerca de 79.000 euros para pagar actos del partido —entre ellos, dos mítines valorados en 21.000 euros— y fiestas privadas.
Entre estas últimas, la UCO señala una organizada por Waiter Music el 7 de marzo de 2008 que los investigadores relacionan directamente con Erguido al aparecer en la contabilidad intervenida al empresario con una referencia explícita al hoy senador. El documento policial señala que se contrató a un grupo de cuatro mariachis por 1.800 euros para que actuara en una fiesta en el Campo de Golf del Canal de Isabel II, en Madrid. Esa cuantía fue posteriormente pagada “con dinero público destinado al pago de otros eventos celebrados en el municipio de Algete y fondos públicos obtenidos de la Comunidad de Madrid”, concluye la Guardia Civil. El pasado julio, Anticorrupción pidió que se investigara a Erguido como presunto autor de delitos de malversación, cohecho y prevaricación, aunque admitía que los dos primeros podrían estar prescritos al haber pasado más de 10 años desde su comisión.