El antiguo abogado de Podemos insiste ante el juez en que el ‘caso Dina’ es un montaje de la cúpula del partido

José Manuel Calvente, el ex abogado de Podemos que denunció a la formación por financiación irregular, relató este jueves en la Audiencia Nacional que el caso Dina fue una “patraña” urdida por la cúpula del partido, según afirman fuentes jurídicas. El letrado, que compareció casi tres horas ante el magistrado Manuel García-Castellón, insistió en que la dirección sabía que detrás del robo y la difusión del contenido del teléfono móvil d...

José Manuel Calvente, el ex abogado de Podemos que denunció a la formación por financiación irregular, relató este jueves en la Audiencia Nacional que el caso Dina fue una “patraña” urdida por la cúpula del partido, según afirman fuentes jurídicas. El letrado, que compareció casi tres horas ante el magistrado Manuel García-Castellón, insistió en que la dirección sabía que detrás del robo y la difusión del contenido del teléfono móvil de la colaboradora de Pablo Iglesias no se encontraba la policía patriótica, pero que, pese a ello, se presentó como víctima.

El viacrucis judicial que recorre Podemos desde este verano tuvo este jueves una nueva parada. El abogado José Manuel Calvente, que trabajó para el partido desde 2014 hasta finales de 2019, declaró durante casi tres horas como testigo ante el juez García-Castellón, que instruye el caso Dina, una de las líneas de investigación abiertas en el caso Villarejo y que versa sobre el robo del móvil a Dina Bousselham, una antigua asistente del líder de Podemos, y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación. El letrado, enfrentado con la formación, reiteró lo que ya había expresado públicamente antes de que lo llamaran a la Audiencia: que el caso fue un “montaje” y que la dirección del partido lo sabía.

Calvente aseguró este jueves que supo que Pablo Iglesias, líder de Podemos y actual vicepresidente del Gobierno; Irene Montero, ministra de Igualdad y número dos del partido; y Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y asesor en el Gabinete de Iglesias, conocían que la causa no tenía base legal. Pero que, pese a ello, aprovecharon para presentarse ante el juez como víctimas de las bautizadas como “cloacas del Estado”. Además, el abogado afirmó que está recibiendo constantes amenazas, que atribuye al entorno de la formación. El juez ordenó a la Fiscalía que se investiguen, según fuentes jurídicas.

Podemos se defiende y asegura que toda esa batería de acusaciones no se basan más que en “en chismes y rumores”. “Calvente no ha aportado ninguna prueba y ha basado su declaración en meras hipótesis y opiniones”, dijo Raúl Maíllo, abogado de Podemos. Sobre si el caso Dina era un “montaje” conocido por la dirección, “ni siquiera se ha atrevido a afirmar eso en primera persona”. “Ha dicho que eso es lo que le comentaron, sin indicar quién se lo dijo”. “Se trata de una persona con una clara animadversión hacia Podemos”, remachó.

El caso Dina nació en 2019 después de que los investigadores hallaran en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de la trama, una “importante cantidad de documentos” que parecían “provenir de una extracción de datos” del móvil de Bousselham, que había denunciado el robo a finales de 2015. La causa dio un giro este año. Tras algunas contradicciones de la excolaboradora de Iglesias, el juez centró sus pesquisas en averiguar qué había ocurrido con una tarjeta que contenía una copia de esa información y que, tras pasar por manos del actual vicepresidente, llegó dañada a la Audiencia Nacional. Coincidió además que, mientras el magistrado sospechaba de Podemos, Calvente denunció en los medios que el caso había sido un “montaje” para sacar rédito político. Unas palabras que García-Castellón quiso que ratificara en sede judicial.

La batalla emprendida por José Manuel Calvente está a punto de cumplir un año. El abogado salió de Podemos en diciembre de 2019 acusado de acoso sexual a una compañera del equipo jurídico —caso que una juez ha archivado ante la “falta de evidencias”—. Ese mismo mes se plantó ante la Guardia Civil para denunciar una serie de supuestas irregularidades que investiga ahora un juzgado de Madrid, que ha imputado al partido. Un proceso donde la Fiscalía pide que se siga adelante con la investigación por la contratación de la consultora Neurona para las elecciones del 28-A de 2019, sobre la que el Tribunal de Cuentas ya había arrojado sospechas, y que se archive el resto de irregularidades relatadas porque consideran que se basan en “rumores y suspicacias”.