Casado echa el freno a la negociación para renovar el Poder Judicial, en funciones desde hace 20 meses

La renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), uno de los asuntos que el presidente Pedro Sánchez ha marcado en su agenda para el encuentro con Pablo Casado de la próxima semana, lleva enquistada desde que saltase por los aires el acuerdo que socialistas y populares tenían sellado a finales de 2018. Fue cuando se publicó un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presu...

La renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), uno de los asuntos que el presidente Pedro Sánchez ha marcado en su agenda para el encuentro con Pablo Casado de la próxima semana, lleva enquistada desde que saltase por los aires el acuerdo que socialistas y populares tenían sellado a finales de 2018. Fue cuando se publicó un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de que su partido seguiría controlando “por detrás la Sala Segunda” del Tribunal Supremo al proponer como presidente del órgano al magistrado Manuel Marchena. Esa revelación provocó que Marchena renunciase y los populares decidiesen reventar el pacto. Desde entonces, las conversaciones entre ambas formaciones se han sucedido sin éxito, en mayor o menor intensidad, para lograr sustituir a los componentes de un órgano que suma ya más de 20 meses de interinidad. Ahora parecía más cerca y fuentes de ambas partes apuntaban hace apenas un mes que en septiembre podría ver probablemente la luz un nuevo acuerdo, pero el líder de la fuerza conservadora ha decidido echar el freno en la última semana.

Esta iniciativa de Casado supone otro escollo en unas negociaciones que se retomaron tras las elecciones del pasado noviembre. PSOE y PP mantienen desde principios de año, poco después de la investidura de Pedro Sánchez, negociaciones discretas para renovar el CGPJ, así como parte del Tribunal Constitucional, que también ha superado su tiempo máximo de mandato. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del área del PP, Enrique López, se conocen desde hace tiempo y mantienen una buena relación. Y, además, las fuentes consultadas en las direcciones de los dos partidos coinciden en que se trata de una tarea pendiente que se debe resolver. Lo mismo sucede con el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE.

Pero la coyuntura política imposibilita un acuerdo entre los dos grandes partidos. Al menos, hasta que no pase la moción de censura que Vox presentará en septiembre. A lo que se suma el cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz popular en el Congreso, que ha estrechado aún más el margen de maniobra de Casado. La diputada, que se llegó a referir expresamente a la renovación del CGPJ, relacionó su salida con un acercamiento del PP al PSOE.

Las expectativas de que se produzca un gran acuerdo al respecto en la reunión que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición mantendrán el próximo miércoles en La Moncloa son mínimas. Por no decir nulas. Para justificar su rechazo a algún pacto con el Ejecutivo, al menos a corto plazo, fuentes del PP recalcan que Casado y Sánchez no hablan desde el 4 de mayo. De ahí que la invitación del presidente del Gobierno reclamando “unidad política” para “actualizar” los cargos pendientes de algunas instituciones fuera recibida con muchísima distancia.

El PP se escuda ahora en que actualmente no se dan las condiciones adecuadas para cerrar un pacto debido a que uno de los socios del Gobierno, Unidas Podemos, “mantiene un claro cuestionamiento y ataque al orden constitucional” al criticar a la Monarquía o hacer comentarios que, en boca de Enrique López, “cuestionan y deslegitiman al Poder Judicial”.

Mientras tanto, el CGPJ sigue instando al Congreso a que pacte la renovación. El pasado julio, por ejemplo, paralizó los nombramientos discrecionales de jueces tras recibir “confirmación” de que había negociaciones entre los grupos parlamentarios.