David contra Goliat por un manantial milenario

Los amarillos y terrizos tostados por el sol de agosto se extienden a ambos lados de una sinuosa carretera. La vía, enclavada en el pueblo gaditano de San José del Valle, asciende por una loma, dibuja una curva cerrada y el paisaje vira a un verde despampanante en cuestión de segundos. La vegetación local se desparrama por una ladera y desemboca en un cuidado jardín y una casa colonial que debió vivir tiempos mejores. Tras unas alambradas, el agua brota de la tierra y se desliza en unas piscinas. La paz que desprende el milenario Manantial del Tempul oculta la encarnizada lucha judicial de est...

Los amarillos y terrizos tostados por el sol de agosto se extienden a ambos lados de una sinuosa carretera. La vía, enclavada en el pueblo gaditano de San José del Valle, asciende por una loma, dibuja una curva cerrada y el paisaje vira a un verde despampanante en cuestión de segundos. La vegetación local se desparrama por una ladera y desemboca en un cuidado jardín y una casa colonial que debió vivir tiempos mejores. Tras unas alambradas, el agua brota de la tierra y se desliza en unas piscinas. La paz que desprende el milenario Manantial del Tempul oculta la encarnizada lucha judicial de este pueblo por una fuente pública que, pese a estar en su municipio y proporcionarle toda su agua potable de red, rentabiliza Jerez de la Frontera por considerarse su histórica propietaria.

Esta particular guerra de David —San José del Valle, con apenas 4.400 habitantes — y Goliat —Jerez, el municipio más grande y poblado de Cádiz, con 212.700 vecinos— se libra ahora en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero hunde sus raíces en la paradójica situación que viven ambas localidades desde 1995. Tras un enfrentamiento árido y largo, ese año el consistorio vallense consiguió la independencia de Jerez, ciudad de la que dependía ese territorio desde que la zona es conquistada por los cristianos en el siglo XIV. “Al separarnos, nos llevamos un cuarto de su término municipal y dejó de ser el más grande de España —hoy es el sexto, con 1.188,30 kilómetros cuadrados—”, explica el alcalde de San José del Valle, el socialista Antonio González justo a las puertas de la finca.

Con la traumática separación —las primeras peticiones de segregación comenzaron en los años 60 y Jerez impugnó el reparto de tierras en varias ocasiones—, la finca pública del Manantial del Tempul quedó dentro de los 223,3 kilómetros cuadrados que componen su término municipal. El Decreto 82/1995 dictado por la Junta de Andalucía con el que San José del Valle comenzó su trayectoria en solitario, dictó entonces que todos los bienes inmuebles y muebles cuya titularidad fuese “del Ayuntamiento matriz —Jerez— localizado en la delimitación territorial del nuevo municipio, habrá de adjudicarse a este último”, tal y como recoge la demanda al TSJA presentada por San José del Valle y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero con El Tempul la transmisión nunca llegó a realizarse.

Más allá de las cualidades del agua que brota de él —hay vecinos que le atribuyen poderes curativos y hasta afrodisíacos—, la infraestructura resulta vital para los vecinos de su entorno. La canalización del afloramiento nutre la red de agua corriente de la propia San José del Valle y de localidades jerezanas cercanas, como La Barca de la Florida, La Ina, Lomopardo o Torrecera. De hecho, el líquido elemento atraviesa un acueducto de más de 60 kilómetros operativo desde 1869 para desembocar en una gran cisterna en la ciudad de Jerez, donde hoy se completa con aguas de pantanos. “El manantial es tan caudaloso que no hay constancia de que nunca se haya tocado el fondo”, asegura González sobre un recurso cuya explotación hunde sus raíces, al menos, en época romana.

Durante 19 años, San José del Valle y Jerez sobrellevaron la supuesta anormalidad en el manantial sin sobresaltos ni acuerdo de cesión alguno. Era la empresa municipal Aguas de Jerez S. A. la que se encargaba de explotar la fuente. Hasta que, en 2014, el Ayuntamiento jerezano entregó la gestión a la firma privada Aqualia, vinculada a la potente FCC. La concesión, firmada por el PP, hizo que el Consistorio se embolsase 80 millones de euros por 25 años de gestión. A cambio, con la comercialización del servicio, la firma gana nueve millones de euros anuales, según los cálculos estimados entonces en un informe.

Eso, encendió a González y sus vecinos de tal forma que decidió presentarse a las municipales de 2015 con la promesa electoral de recuperar la gestión de la finca. Ganó y tocó sentarse a negociar con el nuevo Consistorio socialista de Mamen Sánchez y con la entonces Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, encargada de dirimir cualquier pugna entre territorios, según el decreto de independencia. “Yo no le niego el agua a Jerez, sino la materialización económica que hace de ella en un manantial que creemos que no es suyo”, resume el alcalde de San José del Valle, Antonio González justo a las puertas de la finca.

De nada sirvió que las tres partes fuesen socialistas. El conflicto pronto llegó a vía muerta por el cauce administrativo. La Consejería dijo que era una cuestión que debían dirimir los tribunales y Jerez argumentó —al igual que ha hecho ahora en los juzgados— que la finca es suya desde que el rey Alfonso X la cedió a la ciudad y que así figura en el registro de la propiedad, según ha explicado también el Consistorio a preguntas de EL PAÍS. Es más, fuentes cercanas a la administración de Mamen Sánchez aseguran que la iniciativa de González para ellos es solo “una ocurrencia que no tiene sostén legal”.

De momento, el conflicto contra Jerez y la actual Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta ya lleva enquistado casi dos años en el TSJA, desde que San José del Valle interpuso la demanda. Sin embargo, la resolución está muy cercana a producirse, según explican desde tribunal andaluz. El alcalde vallense se muestra seguro de que ganará el litigio: “Todos los bienes pasaron a nuestra titularidad salvo este”. Y ya esboza cuál será su siguiente paso legal: “No puedo discutir que hasta 2014 ellos lo mantuvieron con su empresa municipal. Desde que lo privatizaron, están haciendo negocio con nuestra agua. Si la finca está explotada, nosotros tendríamos que participar de esos activos”. Como su inagotable caudal, a la guerra en el milenario manantial de El Tempul aún parece que le queda para rato.