IU y el PCE insisten al Supremo para que investigue al rey emérito

IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas (Fairade) han presentado en el Tribunal Supremo un escrito en el que solicitan que reabra la causa especial que se incoó en diciembre de 2018 por la querella que presentaron por 13 delitos contra Juan Carlos I después de que salieran a la luz los audios de Corinna Larsen en los que esta le atribuía al monarca el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los tres querellantes esgrimen para ello ...

IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas (Fairade) han presentado en el Tribunal Supremo un escrito en el que solicitan que reabra la causa especial que se incoó en diciembre de 2018 por la querella que presentaron por 13 delitos contra Juan Carlos I después de que salieran a la luz los audios de Corinna Larsen en los que esta le atribuía al monarca el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los tres querellantes esgrimen para ello la reciente decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de reabrir la pieza sobre estas grabaciones en el sumario del caso Villarejo, en el que se investigan las supuestas actividades ilícitas del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El Supremo archivó aquella querella –que también iba dirigida contra la propia Larsen, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán; el comisario Villarejo y los empresarios Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, y Juan Villalonga, entre otros- en abril de 2019 y ratificó esta decisión tres meses después rechazando el recurso de súplica presentado por IU y el PCE. En la querella se acusaba al rey emérito de, entre otros, los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal. En aquel momento, IU estaba fuera del Gobierno. En la actualidad, su líder, Alberto Garzón, es ministro del ejecutivo de coalición de Unidas Podemos y el PSOE que encabeza Pedro Sánchez.

Anticorrupción entendió en 2018 que las revelaciones de Larsen contenidas en aquellas grabaciones eran indicios “extraordinariamente débiles” para abrir una investigación dentro del caso Villarejo, con el inconveniente de que los supuestos hechos delictivos correspondían a unos años, entre 2009 y 2012, en los que el rey Juan Carlos era el jefe del Estado y, por tanto, era inviolable y no se le podía investigar ni imputar. Por ello, el fiscal pidió entonces el archivo provisional de la pieza número 5 del caso Villarejo, y el entonces juez instructor del mismo, Diego De Egea, aceptó. Ese archivo fue el principal argumento esgrimido posteriormente por el Supremo para archivar la querella de IU y el PCE contra el rey emérito en un auto en el que recriminaba a ambas formaciones que con su maniobra pretendieran abrir “un proceso penal ante un órgano jurisdiccional distinto, en el que se pueda obtener un resultado más acorde con las propias pretensiones u opiniones”. Las dos formaciones habían justificado su querella en la “pasividad investigadora”.

En el escrito ahora presentado, IU y el PCE recuerdan al alto tribunal que desde que adoptó la decisión de archivar aquella querella “ha continuado aflorando diversa información incriminatoria” contra el rey emérito que, en su opinión, justifican la reapertura de la causa especial. En este sentido, las dos formaciones políticas destacan que la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Fiscalía del Supremo las diligencias de investigación que inició para investigar la supuesta existencia de cuentas bancarias en Suiza propiedad del rey Juan Carlos. Esta decisión, recalca el escrito, se produjo tras mantener diversos contactos con la Fiscalía de Suiza, donde se investiga la supuesta entrega, en 2008, de 65 millones de euros al monarca español por parte de autoridades de Riad y si la misma tiene relación con el pago de comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca adjudicadas en 2011.

Por ello, los querellantes utilizan ahora la decisión del nuevo juez instructor del caso Villarejo de reabrir el pasado 27 de julio la pieza separada sobre los audios de Corinna Larsen para solicitar al Supremo que revise su decisión sobre su querella de diciembre de 2018. En este sentido, destacan que “existen nuevos elementos probatorios” que constan en las diligencias de investigación que Anticorrupción remitió a la Fiscalía del Supremo y que, en su opinión, refuerzan “los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado SM Juan Carlos de Borbón”. Por ello pide reabrir la causa, que se les vuelva a considerar acusación popular y que, como primera diligencia, se envíe un oficio a la Fiscalía para que remita copia de las actuaciones practicadas hasta ahora.