Interior gasta 15 millones al año en su sistema de espionaje de comunicaciones

El Ministerio del Interior, que niega tener el programa espía Pegasus con el que se hicieron intrusiones en teléfonos de políticos catalanes, invierte cada año 15 millones de euros en mantener el Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (conocido por sus siglas, Sitel). Este permite a policía y Guardia Civil intervenir bajo control judicial miles de llamadas y mensajes de investigados, y obtener información en tiempo real sobre los interlocu...

El Ministerio del Interior, que niega tener el programa espía Pegasus con el que se hicieron intrusiones en teléfonos de políticos catalanes, invierte cada año 15 millones de euros en mantener el Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (conocido por sus siglas, Sitel). Este permite a policía y Guardia Civil intervenir bajo control judicial miles de llamadas y mensajes de investigados, y obtener información en tiempo real sobre los interlocutores, el contenido, los mensajes y su ubicación. En los últimos años, los diferentes responsables de Interior han invertido otras partidas millonarias en actualizar el sistema.

La idea de crear un sistema de interceptación y grabación de comunicaciones para arrumbar los antiguos pinchazos telefónicos se remonta a 2001, en la etapa de Mariano Rajoy al frente de Interior. Dos años después, el entonces Gobierno del PP adjudicaba el contrato para su puesta en funcionamiento, valorado en 9,8 millones, a la empresa danesa ETI A/S. En febrero de 2004, Sitel era utilizado por primera vez en una operación antidroga en Pontevedra. Ese mismo año, el sistema fue clave para localizar a los integrantes de la célula yihadista que cometió los atentados del 11-M.

Desde entonces, Sitel no se ha librado de la polémica. En 2009, tras estallar el caso Gürtel, el PP, entonces en la oposición, lanzó una ofensiva contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por su utilización. Los populares tildaron el programa de “ilegal e inconstitucional” y acusaron al Ejecutivo socialista de utilizarlo para tener “a la sociedad vigilada e interceptada”. Varias sentencias del Tribunal Supremo zanjaron la polémica y avalaron su uso. Una de ellas, de noviembre de aquel año, concluyo que era “preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación”.

Ahora, la revelación por EL PAÍS y el diario británico The Guardian de que destacados políticos catalanes como el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el dirigente de ERC Ernest Maragall, habían sido espiados con el programa Pegasus de origen israelí, ha vuelto a cuestionar la utilización que hacen las Fuerzas de Seguridad de sus sistemas de interceptación de comunicaciones. Tras estallar el escándalo, Interior negó tener relación con la empresa israelí NSO, que comercializa Pegasus, y recalcó que “las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se enmarcan siempre en el escrupuloso respeto de la legalidad”. Las fuentes policiales consultadas confirman que, si bien conocían la existencia del programa espía y otro denominado Galileo, comercializado por la empresa italiana Hacking Team, rival de NSO, ni Policía Nacional ni Guardia Civil los poseen y señalan a Sitel como su único sistema para intervenir conversaciones.

De hecho, Interior ha invertido en los últimos años elevadas cantidades anuales en la actualización de este sistema que, hasta 2016, contó con dos plataformas diferentes para que la Policía Nacional (denominada Sildat) y la Guardia Civil (Golf) accedieran a los datos de Sitel. Así, en 2014 el entonces ministro Jorge Fernández Díaz aprobó el gasto de 10,6 millones de euros en dos contratos “negociados sin publicidad y sin concurrencia” por motivos de seguridad para mejorar el sistema tras estallar el llamado caso Snowden, en referencia a Edward Snowden, el antiguo empleado de la CIA que destapó las escuchas masivas de EE UU a otros países.

La primera de esas adjudicaciones, de 1,3 millones, tenía como objetivo “el mantenimiento de [la] infraestructura de telecomunicaciones” de Sitel. El segundo, de 10,6 millones, sirvió para adquirir un nuevo “equipamiento [de] hardware y software”. Ese mismo año, Interior gastó 14.000 euros en adquirir 19.000 CD y 28.000 DVD en los que grabar la información recabada en las intervenciones para remitírselas a los jueces que las habían autorizado. En 2015, el gasto en mantenimiento y mejora fue también millonario: 11,4 millones.

Contrato quinquenal

A partir de 2016, y tras unificar las plataformas de Policía Nacional y Guardia Civil, Interior comenzó a licitar el mantenimiento de Sitel en contratos quinquenales por 15 millones anuales. El adjudicatario del primero, que abarcó desde el 1 de febrero de 2016 hasta el pasado 31 de enero, fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Telefónica e Indra. El pasado 1 de febrero, Interior lo renovó hasta comienzos de 2025 por el mismo importe. La empresa adjudicataria ha sido Telefónica.

En estos años Interior también ha hecho otras inversiones puntuales para actualizar o reparar el sistema. En diciembre de 2018 gastó 18.000 euros en recuperar los datos almacenados en 13 discos duros de Sitel. Dos meses antes, el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska, aprobó el gasto de 6,2 millones para adquirir “el equipamiento y el software necesarios para dotar de capacidades avanzadas” a una de las herramientas del sistema, la “plataforma SILC”. Esta, creada en 2008, se encarga de que la monitorización incluya, además de las tradicionales llamadas, las que se realizan mediante aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram o Signal.

Con esta inversión, Interior aspira a “mitigar el efecto del cifrado en las comunicaciones de Internet” utilizadas por delincuentes y terroristas para burlar la vigilancia policial. También pretendía adecuar Sitel a los requisitos que para las investigaciones mediante programas informáticos impuso la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta fijó las garantías procesales para la intervención de las comunicaciones de cualquier clase realizadas mediante el teléfono u otro medio de comunicación telemática, e impuso un sistema de sellado o firma electrónica que garantizase la autenticidad e integridad de la información cuando se pusiera a disposición de un juez.