Iglesias dice que guardó la tarjeta de su colaboradora Dina Bousselham para no meterle “más presión”

El vicepresidente propone crear una comisión parlamentaria sobre las “cloacas” que incluya a Sáenz de Santamaría o Rajoy

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, este viernes en La Moncloa, durante la firma del acuerdo por la reactivación económica y el empleo. En vídeo, audio de la entrevista de este viernes a Pablo Iglesias en RNE, en la que el líder de Podemos dice que guardó la tarjeta de su colaboradora para no presionarla.Vídeo: CHEMA MOYA / EFE | RNE
Madrid -

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes que guardó varios meses la tarjeta de su colaboradora Dina Bousselham para no meterle “más presión”. Con estas palabras se ha pronunciado por primera vez en público sobre el conocido como caso Dina —donde se investiga el robo del móvil a una de sus antiguas asistentes y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación— después de que el juez Manuel García-Castellón le retirase la condición de...

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El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes que guardó varios meses la tarjeta de su colaboradora Dina Bousselham para no meterle “más presión”. Con estas palabras se ha pronunciado por primera vez en público sobre el conocido como caso Dina —donde se investiga el robo del móvil a una de sus antiguas asistentes y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación— después de que el juez Manuel García-Castellón le retirase la condición de víctima el pasado mayo. El líder de Podemos ha dicho que se la dio en “buen estado” y que, tras recuperar el dispositivo a través de la revista Interviú, decidió no dárselo inmediatamente porque ella lo estaba pasando mal en aquella época, cuando algunos “digitales” afirmaban que ambos tenían una relación sentimental. “Eso le supuso a Dina una presión enorme”, ha asegurado en una entrevista en RNE.

Iglesias ha recogido también el guante de la derecha y ha optado por subir la apuesta. Después de que el PP y Cs reclamaran celebrar una sesión extraordinaria en el Congreso para que diese explicaciones por el caso Dina, el líder de Podemos ha planteado este viernes crear una comisión de investigación en el Parlamento sobre las “cloacas del Estado”. En ella, según ha apuntado, respondería a las cuestiones sobre esta línea de investigación abierta en la Audiencia Nacional, pero también deberían estar otros implicados en el conocido como caso Villarejo. “Allí respondo a las preguntas que me quieran hacer. Pero que en esa comisión estemos todos”, ha sentenciado este viernes.

El líder de Unidas Podemos ha puesto, además, varios nombres sobre la mesa. Entre ellos, el de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), a quien el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde 2017, atribuyó maniobras para elaborar el informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un falso documento policial —rechazado por la justicia— donde se afirmaba que el Gobierno de Irán financió a Podemos y que acabó publicado en varios medios de comunicación. “Yo no tengo problema en dar todas las explicaciones, pero que venga Sáenz de Santamaría a contestar si ella era la que daba las órdenes a la policía patriótica. Vamos a dar la cara todos”, ha subrayado Iglesias este viernes.

Aunque Villarejo dio el nombre de la vicepresidenta en su declaración ante el juez, según consta en el sumario, el principal sospechoso de la trama lleva meses lanzando amenazas veladas desde la cárcel para forzar su puesta en libertad. Para los investigadores, su palabra siempre está en duda. Precisamente, en esa comparecencia ante el magistrado, también atribuyó la autoría del informe PISA al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, el agente que viajó hasta Nueva York sin aval del juez y la Fiscalía para reunirse con un exministro chavista a fin de pedirle datos contra Podemos a cambio de protección en España. Pero otro comisario señalado en la trama y que ha colaborado entregando alguna documentación a la Audiencia Nacional, Enrique García Castaño, declaró que el autor de ese falso informe policial es Andrés Gómez Gordo, otro comisario que fue asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.

Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción y el juez han puesto la diana más alta en la cúpula del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, cuando se habría creado un grupo de agentes dedicados a maniobrar contra adversarios políticos del PP. El ministerio público sospechaba que las actuaciones contra Podemos podían ser un encargo del Gobierno del PP, después de que la policía localizase referencias al informe PISA en casa de Villarejo, al que interrogaron sobre si recibió instrucciones de altos cargos de Interior. El juez Manuel García-Castellón también preguntó directamente a Eugenio Pino, jefe de la Policía Nacional en aquella época y supuesto muñidor de la policía patriótica, por la relación del exministro Fernández Díaz con el espionaje a Bárcenas, que se investiga en otra parte de estas pesquisas.

“Vamos a preguntarle también a Fernández Díaz, Villarejo, Fuentes Gago, Pino..., o a Mariano Rajoy, que era presidente del Gobierno cuando su partido construyó una cloaca policial y mediática para perseguir a adversarios políticos”, ha insistido Iglesias este viernes en RNE, donde ha instado a crear esa comisión general sobre las “cloacas”. “La semana que viene si quieren”, ha apostillado. Sería la segunda vez que se crea un órgano de estas características en el Congreso sobre el mismo tema. En la XII legislatura ya se puso en marcha uno sobre la “utilización partidista del Ministerio del Interior” por parte del PP.

El caso Dina dio un giro en mayo, cuando la excolaboradora entró en contradicciones ante el magistrado y este decidió centrar la atención en qué había ocurrido con la tarjeta que había recuperado el actual vicepresidente en enero de 2016 a través de la revista Interviú, adonde había llegado el dispositivo —supuestamente, en un sobre anónimo— con una copia de los datos sustraídos del teléfono. Esa tarjeta se entregó dañada a la Audiencia Nacional y el instructor quiere saber cuándo se deterioró.

Iglesias ha vuelto a explicar este viernes, como hizo en marzo de 2019 al juez, que se la entregó “unos meses después” a Bousselham, en el verano de 2016, cuando empezaron a publicarse las primeras informaciones basadas en documentos que contenía el móvil robado. Ella, que ha exculpado al líder de Podemos tras decir en una declaración que se la dio deteriorada, fue la que la envió finalmente al juez. El vicepresidente segundo también ha recordado que Villarejo, al que le encuentran un documento manuscrito con citas con periodistas, le relata al juez que Eduardo Inda, director de la web Okdiario, le “reconoce que ha estado viviendo del contenido de ese móvil todo el verano”. “Y sabemos que el contenido de ese móvil ha estado en manos de la policía patriótica porque se la entregó Villarejo”, añade Iglesias, en referencia a otra parte de la comparecencia de Villarejo, donde dijo a García-Castellón que entregó una copia del contenido del móvil —que supuestamente obtuvo también a través de Interviú, al igual que Iglesias— a la dirección adjunta operativa de la policía, encabezada por Pino.

“Lo que tenemos es una estructura policial, pero fundamentalmente mediática, que se ha dedicado durante años a mentir sobre Podemos, a acusarnos de estar financiados por Venezuela, por Irán, por Corea del Norte... A acusarnos por todo tipo de delitos que no tenían ninguna trascendencia judicial, pero se traducía en horas de televisión, de radio y portadas de periódicos”, ha hecho hincapié el líder de Podemos, que ha enmarcado las actuales acusaciones en “un nuevo intento de debilitar” al Gobierno de coalición y de “sacar” a Unidas Podemos del Ejecutivo.

Iglesias ha remachado que el presidente Pedro Sánchez no tiene “la más mínima preocupación” sobre este tema, “más allá del ruido mediático”. Y afirma que tiene su apoyo: “Solo faltaría”. Además, ha comentado que continuará batallando para mantener la condición de víctima en el caso Dina: “¿Cómo que no somos perjudicados? ¿A quién ha perjudicado que salieran esos pantallazos del móvil de Bousselham? ¿A quién han perjudicado todas las informaciones que esa trama mafiosa ha puesto en circulación en algunos de los principales medios de comunicación de este país? ¿Quiénes son los perjudicados entonces?”.

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