Los 370 ciudadanos por la reconstrucción

José Manuel Fandiño es uno de los 370 españoles que han enviado sus aportaciones y que ya han sido publicadas en el buzón habilitado por el Congreso de los Diputados para recibir ideas de particulares y poner en marcha la ingente tarea de reconstrucción social y económica tras la covid-19. Fandiño, como la mayoría de los ciudadanos que han facilitado propuestas desde la sociedad civil, centró su intervención en la necesidad de reforzar la sanidad pública y crear en España, a modo de lo que han hecho en Europa los países más avanzados, una especialidad de medicina de emergencias y urgencias. La...

José Manuel Fandiño es uno de los 370 españoles que han enviado sus aportaciones y que ya han sido publicadas en el buzón habilitado por el Congreso de los Diputados para recibir ideas de particulares y poner en marcha la ingente tarea de reconstrucción social y económica tras la covid-19. Fandiño, como la mayoría de los ciudadanos que han facilitado propuestas desde la sociedad civil, centró su intervención en la necesidad de reforzar la sanidad pública y crear en España, a modo de lo que han hecho en Europa los países más avanzados, una especialidad de medicina de emergencias y urgencias. La pandemia ha demostrado que podría ser útil. Otros sanitarios individualmente, y muchos colectivos de esos profesionales, reclaman a los diputados que acaben con la interinidad en la sanidad pública.

Fandiño, con su nombre y apellidos, viene a recoger en su texto enviado al buzón de la comisionRSE@congreso.es lo que muchos otros profesionales del sector sanitario han concluido solo con sus iniciales o a través de asociaciones, colectivos o federaciones. El buzón se puso en marcha el 25 de mayo para completar los trabajos de la comisión para la reconstrucción económica y social montada para pensar el futuro de España tras el coronavirus. Desde entonces y hasta la pasada medianoche se han registrado más de 800 correos. Hasta el viernes se habían publicado 481 con el consentimiento de sus autores, de los que 111 eran de plataformas, entidades, colegios o federaciones profesionales.

La mayoría de los 370 particulares interesados en ofrecer sus opiniones a los legisladores lo han hecho desde el anonimato o con sus siglas, con buenos modales, sin insultos y con un evidente interés personal por los problemas que les afectan diariamente, sobre todo en su vida laboral. El caso más llamativo es el de los sanitarios, que copan las propuestas con un denominador común.

J. M. no se anda por las ramas: “Hay que acabar con la interinidad de las urgencias sanitarias”. Es médico e interina desde hace 15 años. F. G. C. L. y A. Z. G., en este caso desde el hospital clínico de Salamanca, insisten en la misma queja. Creen que la pandemia ha evidenciado que es necesario dotar de más medios e inversiones en la Sanidad pública y de especialistas ante este tipo de emergencias y con contratos fijos. Otro ciudadano exige el fin de los copagos farmacéuticos.

La demanda para acabar con la interinidad de los contratos no solo alude a los médicos o enfermeros, también en los puestos administrativos. F. J. R. relata su caso de trabajador de la Consellería de Salud de la Xunta de Galicia con contratos concatenados desde 2010. Algunos, como María Enriqueta Morales, piden a los políticos más dinero para sanidad y menos o nada —”ni un céntimo”— para armamento. Son muchos los que abogan por más apoyo a los servicios sociales, la educación, la investigación y la ciencia.

Pero las tres grandes conclusiones generales son la preocupación por la atención a los mayores, la falta de recursos de la España rural y el recurrente lamento sobre la clase política vigente. J. S. exige más medios para que las familias asuman el cuidado de los ancianos y no tengan que llevarlos a residencias. También se aportan algunas soluciones, aunque algunas vayan encubiertas de oportunidad de negocio. J. C., investigador de la aplicación Saluscoop, publicita la aplicación para móviles que ha desarrollado con la Fundación Mobile World Capital para una cooperativa de datos sanitarios, genéticos, clínicos, socioeconómicos y hasta de hábitos de vida más relevantes para la salud de cada individuo.

La primera propuesta enviada por L. P. I. planteó una regularización administrativa de todos los migrantes mayores de edad no acogidos ya a otros programas de asilo o acogida. La última, de X. O., sugería la promoción del traslado al mundo rural de los jóvenes de ciudades. Hay bastantes más sobre la preocupación de la España vaciada, especialmente de niños. L. A. reclama la reducción de cargos políticos en el país a la mitad y J. M. M. el adelgazamiento de las Administraciones y del número de cargos públicos. J. K. F., de Sevilla y de 30 años, pide un pacto nacional “contra los partidos fascistas y tolerancia cero con Vox”.

150 comparecientes, 23 documentos y 800 mensajes

El pasado jueves, ya por la tarde, después de una semana de intensos plenos y casi mes y medio de trabajo, concluía su labor en el Congreso la comisión para la reconstrucción tras la covid-19. Fue otra sesión de cinco horas. Comparecía en último lugar el representante del Consejo Económico y Social Europeo, José Antonio Moreno Díaz, y al acabar el presidente de la comisión, el socialista Patxi López, hizo una especie de minibalance. Glosó que habían pasado por la comisión o sus cuatro grupos de trabajo hasta 150 comparecientes, que muchos habían aportado documentos (solo 23), otros habían viajado desde el extranjero en estas condiciones de confinamiento, y que todos pedían lo mismo: “Que demos lo mejor de nosotros mismos y con el máximo consenso posible”.

Los grupos habían presentado la tarde anterior sus documentos bastante genéricos de conclusiones y tenían hasta las tres de la tarde de este lunes para presentar enmiendas a los demás. El miércoles de esta semana empezarán los debates de esos textos. Algunos han incorporado ideas de los ciudadanos particulares, entre las más de 800 llegadas al buzón del Congreso. La mayoría han abordado problemas estructurales y de fondo y otras, asuntos muy concretos.

A través del buzón habilitado en el Congreso, un particular planteó a los diputados que se elimine ya el dinero en efectivo, algo más factible de lo que parecía como se ha visto en esta crisis y que podría hacer florecer además mucha economía sumergida. Varios ciudadanos, como J. L. lo hizo relacionándolo con los ERTEs, piden semanas laborales de cuatro días y fines de semana de tres. Y ha habido quien ha defendido no eliminar las fiestas populares en Aragón, crear empresas democráticas, la legalización del cannabis o de la eutanasia, y controlar el fakeperiodismo.

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