Amnistía Internacional documenta tres casos de abusos policiales en España durante el estado de alarma

Amnistía Internacional (AI) presenta este miércoles un informe sobre la actuación de las policías de 12 países europeos, entre ellos España, en la aplicación de las medidas de restricción de movimientos para frenar la expansión de la pandemia. En el documento, AI detalla tres supuestos casos de “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” en E...

Amnistía Internacional (AI) presenta este miércoles un informe sobre la actuación de las policías de 12 países europeos, entre ellos España, en la aplicación de las medidas de restricción de movimientos para frenar la expansión de la pandemia. En el documento, AI detalla tres supuestos casos de “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” en España por parte de agentes sobre ciudadanos que presuntamente habían burlado el confinamiento. En el informe, la organización también muestra “su preocupación por el impacto desproporcionado en las personas sin hogar” de las medidas y denuncia la existencia “docenas de casos” en los que estos fueron multados por deambular por las calles en España. El Gobierno detalló recientemente en una respuesta parlamentaria que había abierto expediente a dos guardias civiles y cuatro policías nacionales por actuaciones presuntamente irregulares desde que se decretó el estado de alarma, y que estudiaba una treintena de quejas.

En su informe, Amnistía Internacional destaca que, entre el 15 de marzo y el 2 de mayo, las diferentes policías habían propuesto “más de un millón de multas” y arrestaron a más de 8.500 personas en España por burlar el confinamiento y que, en este tiempo, han aparecido en redes sociales numerosos vídeos en los que se ve a “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrieron al uso ilegal de la fuerza”. De estas grabaciones, los investigadores de la organización han verificado tres mediante el denominado proyecto Evidence Lab. El primero de estos vídeos, difundido el 19 de abril, muestra la detención en una localidad no identificada de la Comunidad valenciana de un hombre y una mujer que viajaban en un automóvil. “Un agente de policía le pidió al hombre que se bajara los pantalones y la ropa interior mientras estaba parado en la acera. El policía luego empujó al hombre, aunque no ofreció resistencia ni intentó acercarse al agente. Cuando la mujer le pidió al policía que lo dejara, varios policías la empujaron violentamente a ella y al hombre al suelo. Al menos un policía golpeó a la mujer con su defensa cuando la derribó al suelo”, describe el informe.

El segundo vídeo, publicado el 29 de marzo, recoge la detención violenta en Bilbao por parte de tres agentes de la Ertzaintza de un joven norteafricano con problemas mentales y su madre, que había acudido en su ayuda. Las imágenes muestran a los agentes golpeando con sus porras tanto al muchacho como a la mujer, que intentó explicar que su hijo padecía un trastorno psíquico. El informe destaca que el Gobierno vasco ha abierto una investigación sobre la actuación de los ertzainas, pero también que varias de las personas que captaron las imágenes han sido multados en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana –la conocida como ley mordaza- por el “uso no autorizado de imágenes de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” y “falta de respeto de los funcionarios”. La primera de estas sanciones es calificada por Amnistía Internacional de “particularmente problemática, ya que restringe desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión”.

Amnistía Internacional recoge como tercer vídeo de abuso policial en España el publicado el 17 de abril en Twitter y en el que se veía dos agentes en Málaga golpear a un indigente con sus defensas y, una vez en el suelo, ser agredido por otros agentes, uno de ellos a patadas. El informe destaca que “el hombre no resistió el arresto ni representó una amenaza para la seguridad”. En este sentido, asegura que, si bien los medios de comunicación aseguraron entonces que el hombre estaba deambulando por la estación de autobuses de la ciudad andaluza gritando que estaba infectado de la covid-19 y con un arma blanca en la mano, “el vídeo muestra claramente que no sostenía un cuchillo en el momento del arresto”.

Finalmente, Amnistía Internacional muestra “su preocupación por el impacto desproporcionado en las personas sin hogar” de las medidas aplicadas por el Gobierno español para hacer cumplir las restricciones de movimiento durante el estado de alarma. El informe destaca la existencia de denuncias de ONG sobre casos de indigentes que fueron sancionados y recalca que los medios también informaron “de docenas de casos en los que las personas sin hogar recibieron multas por infringir las medidas de bloqueo”, y cita las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia.

“Cuarentenas obligatorias” en Europa

El informe es también crítico con la actuación policial en los otros 11 países europeos recogidos en el documento. Así, recoge supuestos casos de discriminación durante las medidas de confinamiento contra la población romaní en Bulgaria y Eslovaquia, donde las autoridades impusieron “cuarentenas obligatorias” en sus asentamientos que, en el caso del primer país, provocaron “graves carencia de alimentos” a más de 50.000 personas. También denuncia que las autoridades de Sofía utilizaron drones para tomar a distancia la temperatura de residentes en estos asentamientos romaníes y controlar sus movimientos. E, incluso, la utilización de un avión para “desinfectar” un barrio romaní en el que se había declarado un brote de coronavirus.

Amnistía Internacional también denuncia cuarentenas selectivas en campos de refugiado y asilo de Alemania, Chipre y Serbia, así como desalojos forzosos en Francia y Grecia. También critican la imposición de multas a personas sin hogar, además de en España, en Italia, Francia y Reino Unido. “La aplicación policial de las medidas de confinamiento por la covid-19 en toda Europa ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas y los grupos marginados, que han sufrido actos de violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas”, señala en una nota de prensa la organización.