El laberinto catalán se enreda aún más

Mientras el Banco de España dibuja un panorama pesimista, de hasta un 15% de caída del PIB en el peor de los escenarios, la política catalana sigue perdida en su laberinto. Al otoño negro que se vislumbra en el terreno social, en Cataluña se suma la incertidumbre de un horizonte electoral con un presidente amenazado de inhabilitación, unos presupuestos trastocados por la pandemia y un Gobierno autonómico dividido en departamentos estanc...

Mientras el Banco de España dibuja un panorama pesimista, de hasta un 15% de caída del PIB en el peor de los escenarios, la política catalana sigue perdida en su laberinto. Al otoño negro que se vislumbra en el terreno social, en Cataluña se suma la incertidumbre de un horizonte electoral con un presidente amenazado de inhabilitación, unos presupuestos trastocados por la pandemia y un Gobierno autonómico dividido en departamentos estancos.

La trama política hasta las elecciones no estará exenta de suspense. Pero los agentes sociales, acostumbrados a los vaivenes procesistas, se muestran mucho más preocupados por los nubarrones que descargarán sobre la economía catalana cuando acaben los ERTE. “El Govern toma medidas electoralistas, despliega políticas clientelares, pero no teje una estrategia transversal: no convoca a la concertación social”, asegura Javier Pacheco, secretario general de CC OO de Cataluña. ERC y Junts, a su juicio, deberían —como sucede en otras autonomías— trabajar con los agentes sociales y, al tiempo, pensar seriamente en los presupuestos del Estado y en los autonómicos. Pero “el Govern no convoca ni a patronales ni a sindicatos”, añade.

Las organizaciones empresariales Fomento y Pimec y los sindicatos CC OO y UGT han solicitado en vano desde abril que se reúna la comisión de seguimiento del diálogo social para abrir un proceso de concertación social efectivo. Desde la patronal se habla abiertamente de fraccionamiento y descoordinación en el Gobierno catalán. “No queremos hacer ruido político y damos por descontado que hasta después de las elecciones no habrá nada que hacer”, subrayan fuentes de Fomento, mientras la gran patronal catalana hace votos para que el consumo interno se active y la situación no se deteriore más. Por ello, abogan por un acuerdo lo más amplio posible para los Presupuestos Generales del Estado. “A nivel catalán poco se puede hacer, pero si el Govern pudiera tampoco lo haría”, subrayan las citadas fuentes.

Lo cierto es que el Ejecutivo de Torra, incapaz de unificar criterios, parece vivir en dos compartimentos estancos: el de Junts y el de ERC. Prueba de ello es que no se ponen de acuerdo en las cantidades a reclamar al Gobierno central por la crisis de la covid-19: unas veces piden 4.000 millones de euros, otras el doble y en ocasiones hasta 15.000. Pero, además de discrepar en los números, los socios se enzarzan en guerras sobre las presuntas actuaciones violentas y racistas de los Mossos. Tampoco faltan descalificaciones por la gestión sanitaria de la pandemia y las muertes en las residencias de ancianos o por la mesa de negociación con el Gobierno central. La situación es políticamente insostenible, según la oposición.

“En enero, Torra verbalizó que su Gobierno no tenía más recorrido. Sin embargo, llega la crisis de la covid-19 y Torra —que se autocalificó como presidente vicario— le toma gusto al cargo”, dice un dirigente de ERC. El coronavirus ha ofrecido a Junts, apuntan los republicanos, un balón de oxígeno para desempolvar una nueva estrategia victimista y tiempo para preparar un plan para intentar seguir en la presidencia.

Para los posconvergentes, hay que esperar a la hoja de ruta que Carles Puigdemont hará pública en las próximas semanas, hija del masivo mitin de Perpiñán del 29 de febrero. En ella se propondrá el “choque final” con el Estado. El documento pretende mantener viva la fe en la independencia mágica, pero es la enésima hoja de ruta que hasta ahora solo han servido para que Junts mantenga su hegemonía en el bloque secesionista. Lo único tangible de lo que se avecina es que el Tribunal Supremo decidirá sobre la inhabilitación de Torra por desobediencia el 17 de septiembre.

PSC y los Comunes están convencidos de que el president no convocará elecciones hasta cinco minutos antes de que le llegue el fallo del Supremo, lo que se producirá unos 10 días después. A partir de ese momento, deberán transcurrir 45 días hasta los comicios. “Queremos elecciones cuanto antes porque las relaciones entre los socios son nefastas y eso lastra aún más la acción del Govern”, dice Miquel Iceta (PSC).

Tanto los socialistas como los Comunes ven muy difícil que ERC sea capaz en campaña de soportar la presión de Junts. Hay pocas esperanzas de que los republicanos, con urnas a la vista, faciliten la aprobación de los Presupuestos del Estado. Y, aunque Esquerra logre ser fuerza mayoritaria en los comicios catalanes, sobrevuela la duda de si logrará liberarse de esa tutela hegemónica y sorprendentemente sin estrategia que Puigdemont ejerce sobre el electorado independentista.