La Guardia Civil pide informes de bulos que puedan generar “desafección a instituciones del Gobierno”

La Guardia Civil ha remitido a sus comandancias una instrucción interna en la que pide que se identifiquen “campañas de desinformación" así como "bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS. La información solicitada por el Estado Mayor del instituto armado con motivo de la crisis del coronavirus tiene por...

La Guardia Civil ha remitido a sus comandancias una instrucción interna en la que pide que se identifiquen “campañas de desinformación" así como "bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS. La información solicitada por el Estado Mayor del instituto armado con motivo de la crisis del coronavirus tiene por objetivo elaborar cada viernes un informe “sobre las actuaciones de ciberseguridad de la Guardia Civil vinculadas a la covid-19 con la finalidad de ser tratado en próximas reuniones con el titular del departamento ministerial”, añade la emisora.

La instrucción fue enviada por correo electrónico el pasado 15 de abril, es decir, cuatro días antes de que el domingo pasado el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, dijese en rueda de prensa que, en la lucha contra los bulos, se trabajaba para "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Estas declaraciones han generado una tormenta política, en la que la oposición ha pedido explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que inicialmente atribuyó estas palabras a “un lapsus”, comparecerá el jueves en el Congreso para explicar las declaraciones del militar.

El citado correo, remitido a todas las zonas y comandancias de la Guardia Civil, pide también que se informe de las denuncias que se presenten por estafas informáticas, robos de información o secretos de empresa o de “delitos informáticos vinculados con el escenario de la covid-19”. Igualmente solicita que se relacionen “las denuncias administrativas y judiciales de bloqueo o cierre de páginas web y perfiles de redes sociales utilizados para fines fraudulentos o delictivos”.

Este lunes, tras desatarse la polémica por las declaraciones del general Santiago, el propio militar ha declarado: "En mis 40 años de profesión, en la lucha contra ETA, en la academia, en las misiones en el extranjero, y en la lucha contra esta pandemia, si algo he aprendido es que lo primero son las personas, no hay ideologías”. Tras ello, ha sido aplaudido por los representantes del comité técnico contra la pandemia que comparecían en rueda de prensa en La Moncloa. Pero la tormenta política ha seguido.

La polémica se produce en un contexto en el que la Fiscalía investiga si existe un grupo criminal detrás de la campaña de bulos y las falsas informaciones contra el Gobierno sobre el coronavirus, tras una denuncia de Unidas Podemos de un supuesto ataque organizado.

Los expertos de la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior han reportado desde la entrada en vigor del estado de alarma y hasta el pasado viernes 291 “eventos de desinformación” o ciberbulos de relevancia, según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. Se trata de mensajes falsos difundidos en Internet y las redes sociales que van desde teorías conspiratorias hasta narrativas que buscan perjudicar la imagen del Gobierno.

Los trabajos de detección de bulos son tarea constante de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El dispositivo organizado ahora por Interior para hacerles frente es “similar” al que se montó para combatir los ciberbulos y los ataques informáticos en las dos últimas campañas electorales, las del 28 de abril y el 10 de noviembre del año pasado. Entonces, la Secretaría de Estado de Seguridad elaboró un protocolo que seguía las recomendaciones de la UE y en el que se hacía hincapié en las medidas a aplicar cuando se detectase una posible campaña de desinformación. El objetivo era contrarrestar la información falsa que buscase cambiar el sentido del voto o perjudicar a algún partido. En ese caso, los expertos de Interior debían informar del incidente “a la mayor brevedad para su oportuna valoración y para la toma de decisiones correspondientes” al Departamento de Seguridad Nacional (DSN), parte de la estructura de Presidencia.

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