El Defensor del Pueblo pide autorizaciones de trabajo para inmigrantes que puedan emplearse en el campo

El Defensor del Pueblo ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la concesión de autorizaciones de trabajo para ciertos colectivos de extranjeros que podrían incorporarse al mercado laboral para paliar, de manera urgente, la falta de mano de obra en algunos sectores especialmente castigados por la crisis causada por el coronavirus. Francisco Fernández-Marugán se refiere específicamente al sector agrícola, al cuidado de personas mayores y al sanitario.

El Defensor mantiene que la legislación actual permite ofrecer permisos de trabajo a ciudada...

El Defensor del Pueblo ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la concesión de autorizaciones de trabajo para ciertos colectivos de extranjeros que podrían incorporarse al mercado laboral para paliar, de manera urgente, la falta de mano de obra en algunos sectores especialmente castigados por la crisis causada por el coronavirus. Francisco Fernández-Marugán se refiere específicamente al sector agrícola, al cuidado de personas mayores y al sanitario.

El Defensor mantiene que la legislación actual permite ofrecer permisos de trabajo a ciudadanos que se encuentran en situación regular en España, pero que no pueden ser contratados porque no tienen, por diversas circunstancias, una autorización de trabajo que se lo permita. Es el caso de solicitantes de asilo que llevan menos de seis meses en España y no se ha tramitado aún su permiso de trabajo o el de jóvenes inmigrantes que fueron tutelados por la Administración y que ahora, tras cumplir 18 años, tienen una autorización de residencia pero no de trabajo. La ONG Voluntarios por el Mundo, que atiende a jóvenes extutelados, ya se había dirigido al Defensor del Pueblo para señalar la posibilidad de que este colectivo pueda incorporarse al mercado laboral para compensar la falta de mano de obra actual en algunos sectores.

“El Reglamento de extranjería dispone que, en caso de que circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá dictar instrucciones para la concesión de autorizaciones de residencia temporal o trabajo”, recuerda Fernández Marugán.

El Gobierno ya ha asumido parte de esa recomendación y ultima una instrucción, que llevará próximamente al Consejo de Ministros, para agilizar y facilitar las autorizaciones de trabajo y la homologación de títulos a inmigrantes con perfil sanitario que ya viven en España. Esta medida, sin embargo, está restringida al sector de la salud y de cuidados, de momento, no se ha abierto a otros perfiles como la agricultura, una petición que comienza a plantearse entre los agricultores.

Los empresarios agrícolas andaluces, en plena campaña de recogida de frutos rojos, están sufriendo un duro golpe con la pandemia. La demanda se ha resentido y el cierre de fronteras decretado por Marruecos el pasado día 13 bloqueó la llegada de casi 11.000 temporeras marroquíes a las que se esperaba para poder recoger la fresa en Huelva. Las restricciones fronterizas en la UE también paralizó la llegada de trabajadores de Europa del Este. “Nuestro futuro es incierto. Ahora mismo la actividad es menor, pero si nuestras ventas se recuperan no tenemos claro si tendremos mano de obra suficiente a partir de mediados de abril", afirma Manuel Piedra, de la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva. “No sabemos si podremos contar con trabajadores de otros sectores como el de servicios, ni tampoco cómo estos trabajadores podrían desplazarse a los campos de forma colectiva”.

Piedra apuesta primero por contratar desempleados locales. En la provincia de Huelva hay actualmente 52.780 parados, de los que 7.165 corresponden a la agricultura y más de 32.985 al sector servicios. Los números, advierte Piedra, no garantizan, sin embargo, que no tengan problemas de mano de obra y sí se plantea la contratación de inmigrantes pero con condiciones. “Deberían ser personas que actualmente estén asentados en la provincia de Huelva. No queremos que una persona cruce media España para venir a trabajar aquí, debemos ser responsables”, señala. “Antes de dar la documentación, es necesario que el empresario formalice una demanda de trabajadores y un compromiso de darles alojamiento”.

Asaja- Huelva, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, una de las agrupaciones con más actividad del sector lamenta estos días una caída del 50% de la demanda y no ve en la autorización de trabajo para inmigrantes la mejor solución. "La opción idónea para dar cobertura a la necesidad de mano de obra que la agricultura onubense pueda tener es la oferta pública de empleo. Realizada a través de la administración competente, en este caso el Servicio Andaluz de Empleo dirigida a personas en situación de desempleo del entorno”, señaló una portavoz.

Situación de los centros de inmigrantes

Fernández Marugán también ha pedido que se aborde de forma urgente la situación de inmigrantes aún encerrados en los centros de internamiento para extranjeros (CIE) o que se alojan en los Centros de Estancia Temporal (CETI) de Ceuta y Melilla. El defensor vuelve a solicitar la puesta en libertad de los internos ya que en la situación actual no puede llevarse a cabo su expulsión y recuerda, una vez más, que “la privación de libertad de estas personas tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión”.

El Defensor del Pueblo lleva días en permanente comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y con la Secretaría de Estado de Migraciones para coordinar la libertad de los internos derivándoles y su derivación a recursos de acogida humanitaria. Según el Ministerio del Interior, los CIE, con casi 900 plazas, están ahora mismo al 9% de su capacidad.

En el caso de los CETI, Fernández Marugán se ha dirigido al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que aborde el traslado de sus residentes a la Península. “Teniendo en cuenta la tradicional sobreocupación de estos dos centros, en los que además, suele encontrarse un número significativo de menores, abogo por continuar con los traslados a la península y evitar así que se puedan producir contagios en unas dependencias que no están preparadas para tal eventualidad”, afirma en su escrito.

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