Reclusos de seis cárceles comenzarán a fabricar mascarillas contra el coronavirus

Reclusos de los talleres productivos de seis cárceles comenzarán en los próximos días a elaborar uno de los productos más necesarios para combatir la expansión del coronavirus: las mascarillas. Se trata de los internos de las prisiones de Córdoba, Alcalá de Guadaira (Sevilla), Huelva, Alcalá-Meco (Madrid), Topas (Salamanca) y Sevilla I, según revela un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS del director gerente de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario, José Suárez Tascón. La iniciativa, a la que previsibleme...

Reclusos de los talleres productivos de seis cárceles comenzarán en los próximos días a elaborar uno de los productos más necesarios para combatir la expansión del coronavirus: las mascarillas. Se trata de los internos de las prisiones de Córdoba, Alcalá de Guadaira (Sevilla), Huelva, Alcalá-Meco (Madrid), Topas (Salamanca) y Sevilla I, según revela un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS del director gerente de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario, José Suárez Tascón. La iniciativa, a la que previsiblemente se sumarán en el futuro más cárceles según este documento, se produce después de que el sindicato mayoritario entre los trabajadores penitenciarios, Acaip-UGT, presentara un escrito en el que recordaba la capacidad de los talleres penitenciarios de confección industrial para fabricar batas, pijamas sanitarios e, incluso, mascarillas. La decisión se conoce el mismo día en el que se conoce el primer fallecimiento de un recluso. Se trata de una interna de 78 años que fue trasladada el pasado viernes a un hospital de Arganda desde la prisión de Estremera (Madrid) tras sufrir una crisis respiratoria. La reclusa, que presentaba patologías previas, falleció ese mismo día aunque hasta este martes no se ha confirmado que tenia el coronavirus.

Los esfuerzos de los talleres se centrarán en primer lugar en elaborar mascarillas, aunque aún queda por determinar si las mismas podrán ser utilizadas en el ámbito sanitario por cuestiones de homologación. La producción se iniciará cuando llegue a los centros el material necesario. Este martes, el único que había recibido el tejido para su fabricación era la cárcel de Sevilla I, según detallan fuentes sindicales, que añaden que se espera que llegue a los otros cinco centros en los próximos días. Dependiendo de la disponibilidad futura de más material textil, Prisiones no descarta sumar más centros a la iniciativa.

Instituciones Penitenciarias suspendió el pasado 19 de marzo la actividad de los talleres productivos existentes en las cárceles dentro de las medidas de aislamiento dictadas por el Gobierno para prevenir la expansión de la Covid-19. Muchos de ellos trabajaban en colaboración con empresas externas, que enviaban empleados al interior de la prisión como maestros de taller para dirigir el trabajo de los reclusos. Varios de ellos se dedicaban, precisamente, a la confección industrial de prendas, entre ellas parte del uniforme que visten los funcionarios de prisiones.

Por ello, el sindicato Acaip-UGT envió el pasado 20 de marzo un escrito a la entidad estatal que gestiona estos talleres en el que solicitaba reactivar de nuevo estos talleres para dotar al personal de los hospitales de “vestuario de recambio y mascarillas”. En su escrito, el sindicato señalaba que algunos maestros de taller habían mostrado su disposición a acudir a las prisiones a colaborar. Acaip-UGT también solicitaba que se donase al sistema sanitario “todo lo que sea posible del stock que tenga en sus almacenes y que les pueda ser útil, como batas sanitarias, pijamas sanitarios, sábanas, mantas, delantales, vajillas, etc”. El sindicato reclama poner “todos los sistemas de producción al servicio de la sociedad”.

Además del fallecimiento conocido este martes de una reclusa en la prisión de Estremera, Instituciones Penitenciarias tiene confirmada la infección de 40 trabajadores penitenciarios y otros tres internos, dos de ellas en la misma cárcel que la mujer muerta y el último en la cárcel de Zaballa (Vitoria), que ya ha recibido el alta hospitalaria. Además, están en observación o cuarentena más de 225 funcionarios y casi 125 internos. El Ministerio del Interior adoptó tras el anuncio del estado de alarma severas restricciones para las cárceles que supusieron su práctico aislamiento. Se prohibieron las visitas de familiares, amigos e, incluso, abogados a los reclusos, y se suspendieron los permisos a aquellos internos que disfrutaban de este beneficio. Para paliar estas medidas, se aumentaron el número de llamadas de teléfono que cada preso tiene derecho a hacer a la semana de 10 a 15.

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