Conflicto diferido

El conflicto entre la actividad del taxi y las plataformas de transporte urbano de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) se resolvió en Europa hace años, sin daño para los sectores enfrentados y sin que queden huellas aparentes en la calidad de los servicios. Pero en España el enfrentamiento no solo no se reduce, sino que las intervenciones para establecer una regulación para el mercado taxi-VTC parecen dilatar la solución. El decreto aprobado el viernes por el Gobierno para trasladar las competencias sobre concesión de licencias VTC a las comunidades autónomas y Ayuntamientos es tan...

El conflicto entre la actividad del taxi y las plataformas de transporte urbano de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) se resolvió en Europa hace años, sin daño para los sectores enfrentados y sin que queden huellas aparentes en la calidad de los servicios. Pero en España el enfrentamiento no solo no se reduce, sino que las intervenciones para establecer una regulación para el mercado taxi-VTC parecen dilatar la solución. El decreto aprobado el viernes por el Gobierno para trasladar las competencias sobre concesión de licencias VTC a las comunidades autónomas y Ayuntamientos es tan impreciso como dilatorio. Cambia el problema de jurisdicción —el Estado se sacude la capacidad de decisión al respecto—, pero en lo fundamental no contribuye a resolverlo.

Y esa confusión se produce porque, de entrada, no está claro que todas las comunidades autónomas y Ayuntamientos quieran o estén capacitados para adoptar decisiones restrictivas de enorme impacto político. Los nuevos responsables de autorizar las licencias tendrán que aplicar la ley (una VTC por cada 30 de taxi), lo cual implica que estarán obligados a suspender miles de licencias VTC. De inmediato, los propietarios de las licencias que se suspendan recurrirán a los tribunales para hacer valer sus derechos. No está claro cuál será el modo de proceder, pero es seguro que no será uniforme. Existe un riesgo elevado de avalancha de reclamaciones. El hecho de que no exista una aceptación uniforme de las competencias implica además que se rompe la unidad de mercado. Los costes económicos de esa ruptura, cuando se produzca, están por calcular, pero serán elevados.

Conceder una moratoria de cuatro años a las VTC es una idea que puede funcionar en teoría, pero cuyos efectos en la práctica son discutibles. Cuatro años de enfrentamiento potencial son demasiados e introduce un factor de tensión, porque al vencimiento las autoridades autonómicas y locales pueden anular simplemente las licencias.

Hubiera sido más adecuado reconocer los derechos de las licencias concedidas y haber recurrido a fórmulas compensatorias para respetar las exigencias de la ley. Las VTC constituyen en sí mismas una actividad que debe mejorar la competencia del transporte en las ciudades, siempre y cuando respeten las exigencias laborales y fiscales que se imponen a su competencia. El decreto del viernes no facilita una transición de mercado que permita coexistir a ambos grupos; y, por lo tanto, tarde o temprano habrá que revisar la norma para aprobar una regulación que, además de establecer las líneas de actuación de taxi y VTC, favorezca a los clientes y consumidores.