Medir la justicia

La justicia suele representarse como una balanza, pero es difícil de medir. Y fácil de juzgar. Por demasiado garantista (con criminales reincidentes), lenta (con macrocausas contra la corrupción), estricta (con los agresores de Alsasua) o suave (con La Manada). La justicia española goza de mala prensa. Pero ¿la hemos sometido a un juicio justo?

Es poco productivo comparar nuestra justicia con un ideal, con una justicia divina. Es más sensato contrastarla con la de nuestros vecinos. Así veremos que, a nivel de percepciones, los españoles estamos entre los europeos que menos confiamos en ...

La justicia suele representarse como una balanza, pero es difícil de medir. Y fácil de juzgar. Por demasiado garantista (con criminales reincidentes), lenta (con macrocausas contra la corrupción), estricta (con los agresores de Alsasua) o suave (con La Manada). La justicia española goza de mala prensa. Pero ¿la hemos sometido a un juicio justo?

Es poco productivo comparar nuestra justicia con un ideal, con una justicia divina. Es más sensato contrastarla con la de nuestros vecinos. Así veremos que, a nivel de percepciones, los españoles estamos entre los europeos que menos confiamos en la justicia. En desconfianza solo nos ganan algunos países excomunistas, como Bulgaria o Hungría. Y la inefable Italia, casi siempre en las semifinales de cualquier competición de mal gobierno.

Pero la situación objetiva de la justicia española no es tan negativa. España ocupa el puesto 23º de 113 en el Rule of Law Index, elaborado por el World Justice Project. Por cierto, España puntúa relativamente mejor en protección de los derechos fundamentales y relativamente peor en orden y seguridad.

En un informe para Círculo de Empresarios y Transparencia Internacional, las profesoras Marian Ahumada y Alicia González Alonso observan que la justicia española es lenta y rígida. Pero también que se ha modernizado y agilizado. Por ejemplo, el tiempo para resolver en primera instancia procesos civiles, mercantiles y administrativos se ha recortado a la mitad en pocos años.

Además, frente a la creencia popular, nuestro gasto en justicia (en euros por habitante) está por encima de la media europea. El problema no es económico, sino organizativo: una defectuosa distribución de la carga de trabajo entre los jueces, y también de los juzgados, con un sistema de partidos judiciales heredado del Estado rural y centralista del siglo XIX.

Y no es un problema solo de escasa oferta, sino también de fuerte demanda. Tenemos una elevada tasa de litigiosidad. Pero España es, junto a Francia y Luxemburgo, el único país en el que no existe una tasa judicial. Para clamar contra la justicia somos los primeros. Para pagarla, los últimos. @VictorLapuente