El oscuro caso de los contadores manipulados

Todo lo que se relata a continuación podría ser un cuento de sci-fi catastrofista, modelo rebelión de las máquinas, o una historia de terror y castigo. Pero es real y sucede hoy en España. Algunas personas, tantas que han sonado las alarmas en las organizaciones de consumidores, se encuentran con recibos de la luz en los que aparecen cargos insólitos, de 1.500, 2.000 y hasta 3.000 euros; una vez investigados temblorosamente en la compañía eléctrica, resultan ser sanciones misteriosas por supuesta manipulación de los contadores de la luz. Son misteriosas porque todo en ellas es fantasmal. Un té...

Todo lo que se relata a continuación podría ser un cuento de sci-fi catastrofista, modelo rebelión de las máquinas, o una historia de terror y castigo. Pero es real y sucede hoy en España. Algunas personas, tantas que han sonado las alarmas en las organizaciones de consumidores, se encuentran con recibos de la luz en los que aparecen cargos insólitos, de 1.500, 2.000 y hasta 3.000 euros; una vez investigados temblorosamente en la compañía eléctrica, resultan ser sanciones misteriosas por supuesta manipulación de los contadores de la luz. Son misteriosas porque todo en ellas es fantasmal. Un técnico de la compañía ha revisado el contador sin conocimiento del cliente; este desconoce la existencia o el motivo de la sanción hasta que se le conmina a pagarla so pena de que se le corte el suministro de electricidad; y, con la calidad burocrática que caracteriza a algunas empresas españolas —la Administración no tiene el monopolio de las ventanillas pegajosas y los trámites sin fin—, varias sanciones de este tipo figuran como simple consumo.

Si los casos de sanciones misteriosas (y fulminantes) son tal como los cuentan los damnificados, estamos ante un caso de flagrante arbitrariedad; y si no lo son, ¿a qué esperan las empresas para explicarlos? Los sancionados arguyen que mal pueden manipular un contador cuando realmente o no saben hacerlo o no tienen acceso a él; aseguran que el consumo reflejado en las facturas es el mismo o está dentro de la media habitual, así que mal pueden beneficiarse de trucos en los contadores; y las organizaciones de consumidores señalan que en algunas sanciones detalladas aparece solo la firma del técnico que denuncia la supuesta manipulación. ¿Quién le asegura al consumidor que no es el técnico el que ha manipulado el aparato para beneficiarse de incentivos por reducir el fraude, si los hay?

Porque los hay. Desde diciembre de 2013 el Gobierno bonifica a las compañías por cualquier evidencia de reducción del fraude eléctrico. Está bien combatir la manipulación, pero no debe organizarse como una posse reclutada en el Lejano Oeste para perseguir cuatreros y facinerosos, con las mismas personas ejerciendo de investigadores, jueces, jurados y ejecutores de la justicia. Y, si los casos relatados por los damnificados son ciertos, eso es exactamente lo que sucede: la compañía es juez y parte frente a la indefensión del consumidor.

Para que no haya equívocos, de momento no hay por qué suponer que las sanciones son ilegales. Pero hay leyes inicuas y esta es una de ellas. La legalidad que se aplica y cómo se aplica en el caso de los contadores debe ser abolida de inmediato: es contraria a los principios elementales del derecho, que reclaman la existencia de una investigación neutral, un expediente razonado, un juez independiente y la presencia del acusado en todas las fases de la instrucción. El filósofo escita Anacarsis comparó las leyes con las telarañas; atrapan a los animales más pequeños pero los más grandes ni las perciben. El caso de los contadores manipulados confirma la veracidad de la hipótesis de Anacarsis.